Ante la propuesta de La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en relación a la eliminación de chabolas habitadas por personas inmigrantes en la provincia de Almería, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, queremos expresar:
Que saludamos la preocupación de dicha consejería, y por extensión de la Junta de Andalucía, por la situación de precariedad en la que viven cientos de personas inmigrantes en nuestra provincia.
Que, a falta de conocimiento más exhaustivo del contenido de dicha propuesta, nos sorprende que falten medidas complementarias para asegurar que esas personas puedan acceder a una vivienda digna, tal y como según expresa la responsable de dicha consejería, es esa su pretensión.
Que la vivienda figura en nuestra constitución como un derecho fundamental, y que, por tanto, la responsabilidad de la administración andaluza, no puede quedar en la mera constatación de las necesidades, sino que es su obligación el poner los medios para que toda persona pueda acceder a una vivienda digna según nuestros estándares habituales. Independientemente de su situación administrativa.
Que si bien ha podido resultar escandalosa la denuncia del Defensor del Pueblo Andaluz, sobre la situación del chabolismo en nuestra provincia, no es menos cierto que ya desde hace tiempo diferentes entidades habíamos denunciado esa situación, y que ninguna administración movió dedo alguno para ponerse manos a la obra y resolver el problema, que no sólo afecta a las necesidades de vivienda de las personas, sino a sus posibilidades de integración social, y a la propia percepción que la sociedad de acogida puede hacerse de esas personas.
Mucho nos tememos que el plan de la Junta se quede en el simple levantamiento de infraviviendas, dejando a cientos de personas sin un techo que cobijarse, y que tendrá además por consecuencia, la apertura de expedientes de expulsión a aquellas personas que estén en nuestra provincia sin documentación.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, entendemos que este problema no se puede abordar de esa manera, y que necesita de una acción integral que implique a las diferentes administraciones, a los agentes sociales, y a las diferentes sectores sociales implicados, que garantice que ninguna persona, siga viviendo en condiciones infrahumanas, y que pueda acceder a una vivienda digna.
