Cuando un juez dice que ocupar es razonable y un ayuntamiento recurre la sentencia

DSC_0052_recorteUna familia numerosa, en paro, como tantas otras, con varios hijos y obligada a vivir miserablemente, mal buscándose la vida con lo poco que va encontrando, sin ayudas de las administraciones y abocada a vivir en la calle por no poder pagar el alquiler a los precios que marca el mercado decide, a mediados de agosto del año pasado, ocupar un piso que se encontraba vacío desde hace años. Una situación de sobra conocida para tanta gente: cerca de 11.000 desahucios en Sevilla desde que comenzó la crisis, casi 4 diarios.

La familia de la que hoy hablamos ocupó un piso de protección oficial y propiedad de una empresa municipal de vivienda. Los servicios sociales del Ayuntamiento no habían detectado “este caso” (¿por omisión, negligencia, o por falta de medios y recursos?); a partir de ese momento ya lo conocían y lo deseable y lógico hubiese sido que el Ayuntamiento se lanzase a la protección de esas personas desamparadas, gestionando la inmediata solución habitacional para esa familia, sobre todo teniendo en cuenta la salud y bienestar de los menores afectados.

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