Ante la celebración de las IV Jornadas para la Prevención de la Tortura en Sevilla, programadas para el 5 y 6 de marzo, la Diputación Provincial de Sevilla, entidad que había cedido la Casa de la Provincia para tal efecto, decidió cancelar las jornadas el mismo viernes día 5, comunicándolo por teléfono, una hora antes de que comenzara la sesión de la tarde y dejando en la calle a los ochenta participantes y estudiantes de la Universidad de Sevilla que acudían a las jornadas. Consideramos que trata de una decisión que pone en serias dudas el compromiso de la Diputación de Sevilla por la protección de los derechos humanos.

En el nuevo informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, "Derechos Humanos en la Frontera Sur 2009", se recogen visiones del fenómeno migratorio desde el Sur, diferentes puntos de vista de destacados dirigentes de la sociedad civil en algunos de los países africanos en los que el fenómeno de la emigración (propia y en tránsito) ha adquirido relevancia en los últimos años.

Ante la decisión judicial de decretar la prisión provisional para Hokman Joma, el activista kurdo que hace unos días arrojó un zapato contra la comitiva del primer ministro turco al que llamó criminal, el Grupo de Juristas 17 de Marzo y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía quiere hacer pública su preocupación por este uso de la prisión provisional como una medida represiva, lesionando el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución, en clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Recientemente ha sido aprobada en sesión plenaria del Ayuntamiento de Huelva una moción, con fecha 24 de febrero del presente año,  para que la Corporación Municipal inste al Consejo de Gobierno Andaluz la tramitación del anteproyecto de Ley de Inclusión Social de Andalucía al Parlamento Andaluz. Esta moción, que fue aprobada por todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de la capital, fue presentada por Izquierda Unida a petición de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

La APDHA ha premiado hoy 20 de febrero a siete asociaciones andaluzas por su compromiso y lucha contra la exclusión social de colectivos desfavorecidos. Este acto, junto con una manifestación hasta las puertas del Parlamento Andaluz y la lectura del manifiesto La Andalucia Invisble: la APDHA por la Ley de Inclusión en Andalucía, ha cerrado la primera parte de la campaña que comenzó el pasado 10 de diciembre.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ofreció en Cádiz una rueda de prensa para denunciar la circular 1/2010 enviada por la Comisaría General de Extranjería y Fronterasa todas las unidades de policía afectadas. Fruto de dicha circular se han incrementado los controles  e identificaciones de inmigrantes y se ha procedido a la detención e internamiento de bastantes de ellos.

Tres presos del Centro Penitenciario de Huelva pusieron en conocimiento de la APDHA haber sufrido malos tratos los últimos días de enero.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía viene manteniendo cada vez que se abre este debate que en España existe ya, lamentablemente, la cadena perpetua, a pesar de no existir reconocimiento legal expreso de la misma. El límite de 40 años no es absoluto, algunas personas acumulan varias condenas elevadas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite. Por tanto, son falsas las afirmaciones del Ministerio del Interior del día de ayer 26 de enero que mantiene que “la cadena perpetua como tal, toda la vida en la cárcel no existe”. En España sí existe. Es posible legalmente, no como pena denominada “cadena perpetua”, pero sí sino como acumulación de diversas condenas.

La APDHA y ACSUR Las Segovias denuncian que las declaraciones públicas y propuestas políticas en materia de inmigración de los últimos días generan un peligroso caldo de cultivo para el racismo y la xenofobia.

La red Europea contra el racismo en España (ENAR-España) compuesta por más de 25 organizaciones, entre ellas la APDHA, rechaza rotundamente la medida tomada por el ayuntamiento de Vic con la que se niega el empadronamiento a la población inmigrante que resida en dicha localidad en situación administrativa irregular.