En las últimas semanas han tenido lugar varios acontecimientos relacionados con intentos de llegada de migrantes a España, ya sea por mar, por medio de pateras, o por tierra, a través de la valla de Melilla. Llama la atención que haya tenido mucha más relevancia social y mediática la supuesta reacción violenta que presuntamente tuvieron los ocupantes de una patera que fue interceptada por la Guardia Civil el 22 de abril, que los once muertos por el naufragio que se produjo cerca de la costa de Alhucemas, algunos días antes, el 16 de abril.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA ya hemos mostrado nuestra decepción por el contenido y alcance del recientemente aprobado Decreto-ley andaluz 7/2013 de lucha contra la exclusión social, sin embargo, creemos imprescindible denunciar específicamente que las personas extranjeras que viven en Andalucía quedan en una situación de mayor desprotección si cabe, ya que se les dificulta o directamente se les impide el acceso a los escasos recursos sociales previstos en el citado decreto-ley y en el resto de sistema de protección social andaluz.

El pasado martes, 16 de abril, nos llegaba la noticia de un nuevo naufragio en el Mediterráneo. Once personas (seis hombres, dos mujeres y tres niños) perdían la vida al norte de la costa de Alhucemas, mientras otras 34 eran rescatadas con vida por los servicios de la Marina Real marroquí. Desde la Asociación Pro-Derechos Humanos en Granada queremos recordar lo ocurrido para invitar una vez más a la reflexión sobre la persistencia de un drama del que hablamos desde hace más de una década, y frente al cual debemos seguir respondiendo con contundencia.

En el informe « Inventario de las evacuaciones forzadas de sitios ocupados por Roms extranjeros en Francia », Philippe Goossens, miembro del Bureau de la AEDH encargado del tema/expediente Romas, ha compilado las cifras de expulsiones de Roms en Francia para el primer trimestre 2013. Entre todas las regiones francesas, más de 4000 personas han sido expulsadas de su lugar de vida sin solución de realojamiento. La AEDH y la LDH denuncian esta situación y llaman al gobierno francés a cambiar su política con los Roms.