Tras el discurso del presidente de la Junta. Apdha
Sr. Presidente de la Junta de Andalucía: Vd. Obvia la realidad. Con discursos como el que usted dirigió al pueblo andaluz este fin de año, Andalucía nunca llegará a estar cohesionada. Comunicado del área de marginación de la APDHA.
Abrir paso a la educación en Irán.
Irán está de actualidad pro la polémica en torno a la energía nuclear. Pero la violación de derechos humanos y la persecución de las minorías es constante, como es el caso de la Comunidad Bahai. Reproducimos una campaña para solidarizarnos con los derechos de estas personas y la preocupación de Amnistía Internacional pro este tema.
Mujeres inmigrantes denuncian que les exigen sexo a cambio de trabajo.
Mujeres inmigrantes revelan que capaces agrícolas exigen sexo a cambio de proporcionarles trabajo. No saben donde y como denunciar, tienen miedo y los empresarios agrícolas no quieren saber nada mientras no falten trabajadores y salga adelante la faena. Recogido de Mugak.
La inmigración en España: una obsesión desbordada. Javier de Lucas
Los inmigrantes no existen sólo en función de su puesto de trabajo, desapareciendo en cuanto lo cumplen: ni se volatilizan el resto del día, ni dejan de tener y constituir relaciones sociales más allá de su trabajo, ni se esfuman hacia sus países una vez que terminó el contrato. Muchos -la mayoría- vienen para quedarse, aunque no sea para toda la vida. Y para empezar a conectar hay que reconocer su presencia.
Las mujeres dicen NO a la guerra.
Un llamado mundial de mujeres por la paz, lanzado el pasado 7 de enero, espera recoger al menos 100 mil firmas de mujeres de EEUU, Irak, el Reino Unido y otros países del mundo, exigiendo el fin de la guerra en Irak. El llamado, con las firmas recogidas, será presentado a autoridades y líderes políticos en Washington y a las embajadas norteamericanas en diversos países del mundo, el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Infoapdha en Breve.
-Informe anual de Menores del Defensor del Pueblo Andaluz
- 21 de enero Acto por la Defensa de Olouny
- Novedades en la Web de la APDHA www.apdha.org
Comunicado área de marginación de la APDHA
Sr. Presidente de la Junta de Andalucía:
Con discursos como el que usted dirigió al pueblo andaluz este fin de año, Andalucía nunca llegará a estar cohesionada.
Sin dejar de reconocer los avances obtenidos en los últimos veinte años, debidos principalmente a los fondos de cohesión de la Unión Europea, Andalucía padece una seria de problemas que podríamos considerar endémicos y que usted olvidó en su discurso. Un discurso pensado para una población del bienestar que no es consciente del empobrecimiento y de la exclusión social que padece Andalucía.
Usted no quiere reconocer que en Andalucía existe mucho empobrecimiento social y cerca de 300.000 personas excluidas. Usted invisibiliza la realidad más vergonzosa de la sociedad andaluza.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige una solución al principal problema de Andalucía: el empobrecimiento y la exclusión social. Una solución que sólo vendrá a través de una política social, en la que el poder público tiene la máxima responsabilidad para promover las condiciones de vida digna para toda la ciudadanía: empleo o en su defecto renta básica, vivienda, acceso a la educación y formación laboral y una protección social adecuada a las distintas carencias que las personas puedan padecer. Para ello la Administración andaluza tiene que plantearse como primer objetivo la erradicación de la pobreza y la exclusión social.
Los principales problemas que la Junta de Andalucía debe abordar son los siguientes:
1.- El principal problema de nuestra tierra es la EXCLUSIÓN SOCIAL. De los más de 2.000.000 de empobrecidos que viven en Andalucía, cerca de 300.000 son excluidos sociales: los 24.493 de Almería (4% de su población), los 63.764 de Cádiz (5.4% de su población), los 25.100 de Córdoba (3.2% de su población), Los 29.270 de Granada (3.4% de su población), los 8.224 de Huelva (1.7% de su población), los 21.789 de Jaén (3.3% de su población), los 50.869 de Málaga (3.5 % de su población) y los 63.487 de Sevilla (3.5% de su población).
La mayor población de exclusión social de todo el Estado, tanto en números absolutos como relativos.
2.- El paro, el único problema andaluz que el Presidente de la Junta reconoció, alcanza a cerca de 500.000 andaluces. Lo que significa el mayor número de parados de todo el Estado, tanto en cifras absolutas como relativas.
3.- La vivienda, no exenta de escándalos urbanísticos que sacuden a Andalucía por todo su territorio, ha pasado de ser un derecho a ser considerada un lujo para la mayoría de la ciudadanía andaluza. Según los últimos datos aportados por TINSA (Tasaciones Inmobiliarias) Andalucía es la segunda autonomía que mantiene al alza el precio de la vivienda usada, llegando al 21% de subida. Al mismo tiempo que su población empobrecida y excluida es la más alta del Estado. Por otra parte, existen 548.699 viviendas de uso familiar desocupadas (17.7% de las viviendas andaluzas).
La Administración andaluza debería contemplar medidas para fomentar el alquiler a los diferentes perfiles poblacionales que presenta la sociedad andaluza; al mismo tiempo que la construcción de VPO, según marca la nueva ley.
4.- El Gobierno andaluz debería ser crítico con la política penalizadora que está llenando las cárceles (más de 12.000 presos en Andalucía) y los centros de reforma de menores (al paso que vamos pronto tocaremos el techo de los 1.000). Medidas como una nueva política sobre drogas y una educación apropiada para nuestros jóvenes aliviarían considerablemente estas alarmantes cifras.
5.- No podemos olvidar la realidad de la inmigración, que lejos de ser un problema se debe considerar, según la APDHA, un derecho y un enriquecimiento social.
Andalucía por su situación geográfica es la puerta de Europa para muchas personas empobrecidas de África. La desesperación y la falta de futuro que provocan la guerra y la pobreza hace que miles de personas hayan dejado su vida en las aguas del Estrecho y de Canarias y, más recientemente, en los intentos de acceder a través de los nuevos muros de la vergüenza de Ceuta y Melilla. Mención especial merecen los menores inmigrantes, acogidos por la Junta de Andalucía, que deberían ser objeto de políticas sociales, educativas y laborales encaminadas a brindarles una ciudadanía digna al igual que al resto de la juventud, evitando soluciones fáciles como la repatriación o la construcción de centros de menores en Marruecos que no ofrecen ninguna garantía.
TODOS ESTAS REALIDADES DEBERÍAN SER CONSIDERADAS POR UNA LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA QUE EL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA NO SE QUEDE EN UNA MERA DECLARACIÓN DE BUENOS PRINCIPIOS.
Abrir paso a la educación en Irán
Campaña de solidaridad contra la represión de la Comunidad Bahai
En el marco de una acción global, que se está llevando a cabo en muchos países del mundo, la Comunidad Bahá'í de España está poniendo en marcha una campaña en defensa del derecho a la educación de los universitarios bahá'ís iraníes, a los que el gobierno de su país impide acceder a la formación superior.
La persecución que han venido sufriendo los bahá'ís de Irán data de mediados del siglo XIX. No obstante, desde el establecimiento de la República Islámica en 1979 esa persecución se ha recrudecido nuevamente: secuestros, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, quema de casas, etc. Sólo la presión internacional ha sido capaz de frenar hasta cierto punto la crueldad de esta persecución.
El objetivo de esta campaña es que la comunidad educativa española, desde su posición de profesores, intelectuales, autoridades académicas y asociaciones estudiantiles, pida que se restablezca el derecho a la educación de cerca de 1.000 estudiantes bahá'ís que, un año más, han visto denegado su acceso a la universidad.
Para ello, durante las próximas semanas un centenar de universitarios bahá'ís españoles contactarán con miembros de sus facultades, solicitándoles el envío de cartas de protesta a instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la educación y la defensa de los derechos humanos.
Reproducimos un modelo de carta y las direcciones donde podrían enviarse:
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D………………………………………………………………………………….
D.N.I……………………..……………………
Ciudad………………………………
…………………a ….. de ..................., 2005
Sr.
Distinguido Señor:
Hemos tenido conocimiento de que se está produciendo en las universidades de Irán una clara violación de los derechos a la educación de los estudiantes pertenecientes a la Fe bahá’í, la minoría religiosa más numerosa del país.
He sido informado de que las autoridades iraníes están impidiendo desde hace varios años, que aproximadamente un millar de estudiantes bahá’ís puedan tener acceso a los estudios universitarios, por el hecho de no aceptar renegar de sus creencias religiosas, lo que es profundamente desalentador para los miembros de una religión, la Fe bahá’í, que concede un gran valor a la educación.
Durante decenios el Gobierno iraní había sostenido como requisito para la entrada en la universidad que los estudiantes bahá'ís renunciaran a su Fe, siendo las autoridades muy conscientes de que los bahá'ís no lo harían como cuestión de principio. Así pues, parece que pese a todas las pretensiones oficiales en sentido contrario, nada ha cambiado: los estudiantes bahá'ís una vez más han visto denegado su acceso a la universidad en Irán este pasado mes de Agosto 2005, tras haber realizado satisfactoriamente sus exámenes de acceso.
Ante esta injustificada violación de los derechos a la educación, me permito elevar mi enérgica protesta y solicitar que, desde las instancias de Naciones Unidas, se inicien las actuaciones pertinentes para que el gobierno iraní cumpla los requerimientos a que le obliga el ser firmante de la Declaración de los Derechos Humanos.
Por la información que he podido examinar, la comunidad bahá’í no supone amenaza de ninguna clase para las autoridades de Irán. No se alinea con ningún otro gobierno, ideología o movimiento de oposición. Los principios de esta religión exigen de los bahá’ís que sean obedientes a su gobierno y que eviten participar en política de partidos, actividades subversivas o cualesquiera formas de violencia.
Por otro lado, parece evidente que los bahá’ís no pretenden privilegios especiales. Desean tan sólo que se les reconozcan sus derechos y concretamente el derecho a la educación sin tener que renunciar al derecho a profesar su religión.
En la confianza de que se tendrá en cuenta esta petición, le saluda atentamente,
Naciones UnidasSecretario General Mr. Kofi AnnanSecretary-General of the United NationsUnited Nations BuildingP.O. Box 2010017 New YorkUSA
Alto Comisionado para los Derechos Humanos Petitions TeamOffice of the High Commissioner for Human Rights United Nations Office at Geneva1211 Geneva 10SWITZERLAND
UNESCODirector General de la UNESCO Mr. Koïchiro MatsuuraDirector-General of UNESCO7, place de Fontenoy 75352 París 07 SP FRANCE
UNICEFDirectora Ejecutiva de UNICEF Ms. Ann M. VenemanExecutive Director of UNICEFUNICEF HEADQUARTERSUNICEF House3 United Nations PlazaNew York, New York 10017USA
| Naciones Unidas Secretario General | Mr. Kofi Annan
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LONDRES, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) se dirigió hoy al máximo responsable de la Justicia iraní, el ayatolá Mahmud Hashemi Shahrudi, para expresar su preocupación por los continuos abusos de que son objeto los miembros de la comunidad baha'i y para pedir que ninguna persona sea encarcelada a causa de su identidad religiosa o cultural o por sus actividades pacíficas de apoyo a su comunidad.
Asimismo, la organización se mostró "muy entristecida" por la muerte en prisión de Dhabihullah Mahrami, un preso de conciencia baha'i que fue encarcelado hace diez años únicamente por ejercer su religión, por lo que pidió una investigación imparcial de las autoridades sobre las causas y las circunstancias de su muerte.
Mahrami fue detenido en 1995 y condenado a muerte por apostasía en 1996. En 1999, la pena de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua. Amnistía le consideraba prenso de conciencia desde 1996.
Según los informes, Dhabihullah Mahrami fue hallado muerto en su celda el pasado 15 de diciembre. Su familia fue informada, al parecer, de que había sufrido un ataque de corazón, tras lo cual se le entregó el cuerpo, que fue posteriormente enterrado.
No obstante, según Amnistía, los informes indican que Mahrami gozaba de buena salud poco antes de su muerte y no se le habían detectado problemas de corazón. Al parecer, en la prisión efectuaba trabajos pesados, lo cual podría haber ocasionado su muerte. Aparte, ciertas informaciones indican que había recibido amenazas de muerte.
En la carta, Amnistía Internacional critica también las crecientes amenazas contra los baha'is y que desde principios de este año al menos 66 miembros de esta comunidad han sido detenidos "al parecer a causa de su indentidad como baha'is o de sus actividades pacíficas en nombre de la comunidad baha'i en Irán".
La mayoría de ellos han sido liberados, pero al menos nueve continúan en prisión, entre ellos Mehran Kawsari y Bahram Mashhadi, condenados a tres y un año de cárcel, respectivamente, en relación con uan carta enviada al anterior presidente, Mohamed Jatamí, en el que pedían que se acabase con las violaciones de Derechos Humanos contra la comunidad baha'i.
ABC, recogido de MugakInfo
J. MOLLEJO. TORRE PACHECO (MURCIA). Llegaron a la Región de Murcia en busca de una oportunidad de ganarse la vida dignamente, dejando atrás tanta pobreza como discriminación. Y se han encontrado con una situación denigrante, que les impide trabajar si no consienten los abusos sexuales de los encargados de darles trabajo.
Tres inmigrantes marroquíes de Torre Pacheco han accedido a relatar a «La Verdad» las humillantes circunstancias en que viven y trabajan cientos, quizá miles, de mujeres extranjeras en el campo murciano. La única condición que han puesto es no dar sus nombres. Las tres coinciden en denunciar como «algo general» la exigencia de favores sexuales a cambio de trabajo, por parte de encargados de las empresas agrarias que realizan la selección de los temporeros para las labores del campo. La mayoría de estos encargados, supervisores o capataces son de su misma nacionalidad, marroquíes, «aunque también los hay españoles», indica una de ellas.
Las tres denunciantes afirman haber recibido estas vejatorias exigencias, pero las rechazaron y prefirieron no trabajar o buscar colocación en otros lugares. «Otras han tenido que hacerlo, con todo el dolor, para sobrevivir y poder mantener a sus familias», indica Mustafá Chaala, presidente de la Asociación de Inmigrantes Argelinos en Murcia (AIAM), que hace de intérprete a estas tres mujeres.
«Todos piden lo mismo»
Las mujeres marroquíes afirman que esta situación no es nueva. «Llevo dos años aquí legalmente y desde que llegué existe este problema», indica una de ellas, que cubre su pelo con un velo según la tradición musulmana. Tampoco es un caso aislado. «Vayas donde vayas, todos piden lo mismo en esta zona», declara otra en alusión a los municipios del Campo de Cartagena.
El miedo a la vergüenza pública es la principal razón que ofrecen para explicar por qué hasta ahora ninguna ha presentado denuncia ante la Guardia Civil o la autoridad laboral. Mustafá Chaala apunta varias más: «El idioma es un problema, la ignorancia también; no saben a quién recurrir ni a dónde ir, pero el mayor es su estricta religión. Para una musulmana es una deshonra muy grande sufrir abusos sexuales, aunque sólo sean sospechas». Otra circunstancia que puede haber influido para que este delito no haya trascendido hasta ahora es que se trata de abusos selectivos: «No ofrecen trabajo ni a viejas ni a casadas, y quieren verte antes de darte el trabajo, porque si no les gustas...», señala una de las denunciantes. Sobre la reacción de los empresarios ante estos atropellos, comentan que «no se preocupan por ello, mientras no falten trabajadores y hagan su trabajo».
«Se sienten indefensas»
Mustafá Chaala conoce por propia experiencia la dura vida de los inmigrantes y las tropelías que con frecuencia sufren. Él mismo denunció ante la Guardia Civil al encargado de una empresa agraria que le exigió 50 euros por darle trabajo. Chaala, delegado de la Federación Agroalimentaria de UGT, señala que las inmigrantes, en su mayoría de origen magrebí, que sufren abusos sexuales o son extorsionadas para conseguir trabajo «se siente totalmente indefensas y desprotegidas, tanto dentro como fuera de la empresa. No sólo no se atreven a denunciarlo, si no que tampoco saben a quién recurrir para que defiendan sus derechos, por lo que esta situación ha ido a más con el paso del tiempo».
El hecho de que los infractores sean en su mayoría inmigrantes y de la misma nacionalidad que las víctimas puede haber contribuido a mantener en la oscuridad este delito. Uno de las motivos que ha llevado a estas tres mujeres a revelar ahora los abusos sexuales en el campo murciano es la esperanza de que «otras tomen conciencia, se unan y acudan a las autoridades o a los sindicatos y denuncien, y que nos tomen en cuenta y nos protejan», indica una de las mujeres. Aunque este sentimiento no es unánime. «Yo no creo que cambie nada, porque está muy enraizado», apunta su compañera.
La inmigración en España, una obsesión desbordada Javier de Lucas, suplemento especial de Le Monde Diplomatique.
Hay, en mi opinión, dos riesgos a evitar a la hora de escribir un artículo como éste sobre inmigración, para el suplemento del aniversario de la edición española de Le Monde Diplomatique. De un lado, limitarse a presentar el balance estricto (incluso en el caso de que no nos quedemos en la mera estadística) de cuanto ha ocurrido en materia de política de inmigración en este decenio que, en mi opinión y con los matices que se deba, es sobre todo la historia de una obstinación miope. De otro, ofrecer un estado de la cuestión que estuviera demasiado sujeto a los recientes acontecimientos vividos en Melilla y luego en territorio marroquí, pese a que, como veremos también, los denominados "asaltos" a la ya tristemente famosa valla y la reacción de las autoridades (en particular las de Marruecos) distan de ser una anécdota e incluso constituyen un punto de inflexión por cuanto han contribuido a destapar las limitaciones de nuestra mirada sobre la inmigración. En todo caso, si las efemérides sirven para algo debiera ser sobre todo para pensar qué debemos hacer, a la vista de lo que dejamos de hacer, de lo que no hicimos bien o de lo que ya no nos sirve hoy porque hemos cambiado, porque el mundo ha cambiado. Y algo habrá que decir, luego de pensar. Por eso, más que hablar de lo que ha pasado, trataré de apoyarme en eso para proponer algún paso hacia
delante.
Unos flujos que no cesan y frustran la obsesión del dominio
Los fríos datos arrojan una evolución vertiginosa, y no sólo importante desde el punto de vista cuantitativo. Hemos pasado de escasamente medio millón de extranjeros residentes en España en 1995 (de los que menos de un 40% eran inmigrantes, poco más de 200,000), por debajo del 2% de la población, a casi 3,69 millones, un 8.04% del total de la población en 2005 (43,9 millones, de los que casi el 65% son inmigrantes, más de 2 millones y medio), según datos del Instituto Nacional de Estadística. Con todo, lo que más interesa aquí es nuestra respuesta.
Estos 10 años de gestión de la inmigración que se dirigía (y de la que ha llegado) a nuestro país son básicamente 10 años de intentos poco eficaces de establecer un sistema de regulación de los flujos migratorios en función de las supuestas necesidades del mercado de trabajo, el dogma en la política oficial de inmigración del que nace el recurso a los contingentes como solución por antonomasia. Una obsesión a medias entre la perspectiva unilateral del beneficio de nuestro mercado y la perspectiva securitaria/policial (control de frontera y orden público), reforzada tras los atentados terroristas de 2001 y 2004 que contaminan a la inmigración. Diez años de inestabilidad: desde el 2000 se han sucedido 4 leyes (3 reformas de la primera ley, la L.O. 4/2000), dos reglamentos, cinco procesos de regularización y una batalla sin tregua en los tribunales, que, pese a su intensidad (que incluyen anulaciones parciales por
inconstitucionalidad de la primera ley, la L.O.7/1985 y la anulación parcial por el Tirbunal Supremo del reglamento elaborado por el PP para la L.O.8/2000), es un pálido reflejo de la pugna por el reconocimiento que han vivido centenares de miles de inmigrantes.
Un decenio de una política que ha consistido sobre todo en policía de fronteras, lucha contra la inmigración ilegal y las mafias e iniciativas relacionadas con el reclutamiento de los "inmigrantes necesarios y convenientes", lo que exigía el rechazo o la devolución (expulsión, repatriación, devolución, expulsión) de aquellos que no entran en la categoría de lo que Antonio Izquierdo ha denominado los "inmigrantes deseados". Diez años de tratar inútilmente de equilibrar las dos tablas de una estadística -porque eso es lo que parece esta política, estadística-, la de quienes ingresan en nuestro país y la de la oferta de plazas de trabajo que no tienen cobertura por parte de mano de obra nacional. Diez años de construcción jurídica de una noción de inmigrante como trabajador extranjero sometido a una condición de inestabilidad y vulnerabilidad.
El punto de vista imperante, según el cual sólo necesitamos trabajadores inmigrantes en los nichos laborales en los que no contamos con mano de obra nacional, inmigrantes que vienen sólo para hacer su trabajo, y deben volver a su país de inmediato -lo que supone el famoso corolario de que ergo todos los demás inmigrantes que llegan son ilegales-, contrasta con tres desmentidos de enorme calibre: el primero, el porcentaje de inmigración irregular que además trabaja en la economía sumergida y clandestina: hasta 2005 somos el primer país de la UE en este extremo. El segundo, la terca realidad que muestra que la inmensa mayoría de la inmigración irregular no entra clandestinamente, sino con visado de turista, para luego quedarse, al menos por un tiempo, como también lo hacen la mayoría de los que entran con un contrato a corto plazo. El tercero, la ineficacia en la expulsión de los irregulares y de los que devienen en irregulares, que da pie a la paradoja jurídica por excelencia: los inmigrantes sin papeles aspiran al menos a tener la orden de expulsión porque acredita que están y no se llega a poner en práctica en un porcentaje que supera el 80% de los casos.
En menor medida se trata de un decenio en el que se han dado pasos -incluso, aisladamente, pasos importantes- en relación con un objetivo inaplazable pero desgraciadamente casi desapercibido, el establecimiento de una red de actuaciones, mecanismos e instituciones que permitan la gestión de la convivencia multicultural que nace de la presencia más o menos estable de cada vez más importantes colectivos de inmigrantes, aunque la condición de multiculturalidad no sea sólo resultado de los flujos migratorios, sino una realidad constitutiva de nuestra sociedad, por mucho que se nos haya enseñado o impuesto no mirarla. Pasos también que avanzan desde lo más elemental, el reconocimiento progresivamente extendido de los derechos, de la igualdad (cierto, no uniformidad) que es la condición previa de la visibilidad, y de la integración, aunque aún sigamos muy lejos de revisar el tabú de la ciudadanía, de la integración política que exige igualdad en la participación de todos los que residen estable y legalmente y son miembros de la vida pública.
'Connecting People'
Para tratar de formular alguna propuesta que nos sirva, a fin de superar ese modelo obsesivo, hasta ahora tan dominante como ineficaz, y que sólo ha experimentado una corrección parcial como consecuencia del proceso de regularización experimentado en 2005, que ha sacado a la legalidad a más de 600.000 de los casi 700.000 inmigrantes que se acogieron a él (se calcula en no menos de 750.000 los que aún quedan sin regularizar), voy a utilizar la historia de uno de los expulsados tras las avalanchas de Melilla de octubre de este año, que han conmocionado a la opinión pública, sobre todo cuando se ha sabido el destino sufrido por una buena parte de los que no consiguieron pasar y de los retornados a Marruecos por el Gobierno español.
La historia de Stanley Sunday es la de un emigrante senegalés que con su móvil (no es el primer caso: algunas tragedias de las pateras se han podido evitar así) consiguió rescatar a un grupo de inmigrantes del que él mismo formaba parte, abandonados a su suerte en el desierto en la zona controlada por el Frente Polisario. Su historia es, en muchos sentidos, el símbolo de las limitaciones de nuestra mirada sobre la inmigración. Pero también de lo que puede ser una orientación de la política migratoria que permita gestionar los flujos migratorios de otra forma. Es decir, de lo que debemos pensar. Para encontrar un modelo de gestión que ante todo redunde en beneficio de todas las partes implicadas: los propios inmigrantes, las sociedades de origen y las de destino.
Stanley, interrogado sobre su proeza, respondió humorísticamente que quizá le valiera trabajo en una multinacional, aludiendo al lema publicitario de Nokia. Stanley estaba conectado. En primer lugar, con sus propios compañeros. El móvil es un elemento imprescindible en la organización de los flujos. Stanley estaba conectado asimismo con periodistas interesados -ahora- por la tragedia destapada en Melilla y las peripecias de los mal llamados subsaharianos, y ellos hicieron posible la intervención de ONGs y de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), el contingente de la ONU en el Sáhara. Eso nos devuelve un desmentido de nuestro prejuicio, porque, para bien y para mal, los efectos de la globalización llegan a todos. E incluso a quienes tratan de escapar de la vida en la periferia, en la parte del mundo que parece desintegrada del centro de la globalización, actúan, a la escala que les resulta posible, con los instrumentos que ésta proporciona. El mundo de la globalización es máximamente interdependiente, aunque tratemos de limitar la comunicación a lo que nos interesa.
Conectados globalmente. Las grandes migraciones a las que asistimos son en buena medida el resultado también de este modelo de globalización. Y digo esto en el sentido de que lo que ocurre con esos flujos es en buena medida lo que nosotros hemos producido, estamos produciendo. Por ello, menos que nunca, las podemos considerar como una historia de otros, aun en el caso de que ello nos sirva para adoptar una posición paternalista, según el estereotipo de la caridad, para ayudar a los pobres inmigrantes. Y eso supone que no hay gestión eficaz de la inmigración si no supera el estrecho marco de relaciones bilaterales, porque no es una cuestión al alcance de un Estado y de su interlocutor. Proponer conferencias
regionales o incluso globales es un buen paso en esa dirección. La UE está en mejores condiciones para ayudar a construir un modelo regional internacional, por ejemplo, en colaboración con el continente africano y con Iberoamérica en un primer paso. Eso exige mucho más que nuevos planes Marshall, aunque éstos serán imprescindibles. Debemos hablar de políticas de codesarrollo humanos, que exigen implicación en el refuerzo de las garantías de los derechos, de la democracia, del tejido de la sociedad civil, y no sólo en el incremento de los tejidos productivos. Y la ONU debiera albergar entre sus reformas algunas iniciativas que permitan ese otro modelo de gestión, ya que la mera existencia de la OIM (Organización Internacional de las Migraciones) es mucho menos de lo que en el ámbito de los refugiados supone la ACNUR, con todas sus deficiencias.
Conectados globalmente. Ya Frisch nos advirtió sobre aquello de que queremos mano de obra y nos vienen personas, es decir, también culturas, sociedades, visiones del mundo. No podemos hablar de movimientos de personas que se reducen al ámbito laboral, porque esa es una de las razones de nuestro fracaso. Doblemente. Ante todo, porque los movimientos migratorios no se reducen a los trabajadores inmigrantes aunque constituyan su principal contingente. Baste pensar en la tragedia del reagrupamiento familiar, un derecho básico convertido en un coste a evitar o reducir, como consecuencia de la lógica del mercado global que antepone el beneficio y el tratamiento de los bienes como mercancías, de forma que el que no lo es (como la familia) no es un bien. Además, los inmigrantes no existen sólo en función de su puesto de trabajo, desapareciendo en cuanto lo cumplen: ni se volatilizan el resto del día, ni dejan de tener y constituir relaciones sociales más allá de su trabajo, ni se esfuman hacia sus países una vez que terminó el contrato. Muchos -la mayoría- vienen para quedarse, aunque no sea para toda la vida. Y para empezar a conectar hay que reconocer su presencia. Por eso, con todos sus defectos, legalizar lo real como lo hizo el Gobierno del PSOE con un proceso de regularización que puede ser criticado, es un paso imprescindible. Y una vez reconocida su presencia, conectar a las personas que conviven: a los propios inmigrantes entre sí y con las sociedades a las que llegan, ayudar a mantener su conexión con los países de origen, y desarrollar esas relaciones y las relaciones entre los países de origen y los de destino. Y eso significa políticas que gestionen su presencia: en vivienda, en sanidad, en educación, pero también en participación en la vida social y en la ciudadanía. Pero también y sobre todo políticas que asocien los intereses reales -comunes- entre todas las partes. Por eso de nuevo es la dimensión internacional la primera piedra de la política de inmigración que aún debemos instalar.
Las mujeres dicen NO a la guerraEl llamado de las mujeres por la paz. Extraído de ALAI
Un llamado mundial de mujeres por la paz, lanzado el pasado 7 de enero, espera recoger
al menos 100 mil firmas de mujeres de EEUU, Irak, el Reino Unido y otros países del mundo, exigiendo el fin de la guerra en Irak. El llamado, con las firmas recogidas, será presentado a autoridades y líderes políticos en Washington y a las embajadas norteamericanas en diversos países del mundo, el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Esta fecha cae menos de dos semanas antes del tercer aniversario de la invasión, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2003.
Esta campaña, denominada "Las Mujeres dicen No a la Guerra", aboga por un cambio de estrategia en Irak, que deseche el modelo militar y asuma uno de resolución de conflictos, demanda la retirada de todas las tropas extranjeras de Irak. Propone la conformación de una fuerza de paz internacional en la fase de transición, que no incluya tropas de los países responsables de la invasión. El llamado exige, además, la plena participación de las mujeres en el proceso de pacificación y un compromiso con la igualdad de las mujeres en la fase de posguerra en ese país. "No tenemos más paciencia para vivir con miedo constante frente a la
amenaza de la violencia, y ver el creciente cáncer del odio y la intolerancia que están aumentando e infiltrando nuestras casas y comunidades", manifiestan las mujeres de distintos países.
El llamado rechaza, asimismo, la construcción de bases militares extranjeras en Irak. Propone que el control del petróleo pase a manos iraquíes y pide la anulación de las leyes de privatización y de desregulación, impuestas bajo la ocupación, permitiendo a los/as iraquíes orientar la trayectoria económica de la posguerra. Apela además a un esfuerzo masivo de reconstrucción, que priorice a los contratistas iraquíes, financiado por los países responsables de la ocupación de Irak.
La campaña, lanzada por la organización estadounidense Codepink-Women for Peace, cuenta con destacadas firmas iniciales, como las de Cindy Sheehan de EEUU y Rose Gentle de
Esocia, ambas madres de soldados muertos en Irak; las iraquíes Yanar Mohammed de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak y Hana Ibrahim de la Voluntad de las Mujeres Iraquíes; el movimiento internacional la Marcha Mundial de las Mujeres; artistas como Susan Sarandon, Eve Ensler y Margaret Cho; autoras como Alice Walker, Anne Lamott, Maxine Hong Kingston y Barbara Ehrenreich; y parlamentarias como Barbara Lee, Cynthia McKinney y Lynn Woolsey de EEUU, Libby Davies de Canadá y Caroline Lucas de Reino Unido.
En cinco días, la campaña ya ha recolectado más de 17 mil firmas (1). Las organizadoras alientan a las mujeres de todo el mundo a sumar sus firmas y a celebrar el próximo 8 de marzo con actos contra la guerra.
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El llamado de las mujeres por la paz
La Campaña las Mujeres dicen No a la Guerra está recogiendo firmas a este llamado, que será presentado a autoridades y líderes políticos en Washington y a las embajadas norteamericanas en diversos países del mundo, el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
El llamado de las mujeres por la paz: Una demanda urgente
Nosotras, las mujeres de los Estados Unidos, Irak y las mujeres de todo el mundo, decimos Basta a la guerra sin sentido en Irak, y a los ataques crueles contra otros pueblos en el mundo.
Hemos enterrado demasiados de nuestros seres queridos. Hemos visto demasiadas vidas mutiladas por las heridas físicas y psicológicas. Hemos mirado con horror cómo nuestros recursos preciosos son utilizados para la guerra mientras que las necesidades básicas de nuestras familias, como la comida, el alojamiento, la educación, y el acceso al cuidado médico, no están disponibles para ellas.
No tenemos más paciencia para vivir con miedo constante frente a la amenaza de la violencia, y ver el creciente cáncer del odio y la intolerancia que están aumentando e infiltrando nuestras casas y comunidades.
Este no es el mundo que queremos ni para nosotras ni para nuestros hijos e hijas. Con el fuego en el estómago y el amor en el corazón, nosotras, las mujeres, estamos levantándonos sin fronteras para unirnos y demandar un fin al derramamiento de la sangre y la destrucción.
Hemos visto cómo la ocupación extranjera de Irak ha originado un movimiento armado en contra de ella, perpetuando un ciclo de violencia sin fin. Estamos convencidas de que éste es el mejor momento para hacer la transición de un modelo militar a un modelo de resolución pacífico del conflicto, que incluya los factores siguientes:
• La retirada de todas las tropas y combatientes extranjeros de Irak;
• Negociaciones para la reincorporación de los/las iraquíes desplazados/as en todos los aspectos de la sociedad de Irak;
• La plena representación de las mujeres en el proceso de paz y un compromiso con la igualdad completa de la mujer en Irak después de la guerra;
• Un compromiso para descartar la construcción de cualquier base militar extranjera en Irak;
• El control del petróleo y de todos los demás recursos por manos iraquíes;
• La anulación de las leyes de privatización y de desregulación, impuestas bajo la ocupación, permitiendo a los/as iraquíes orientar la trayectoria económica de la posguerra;
• Un esfuerzo masivo de reconstrucción que priorice a los contratistas iraquíes, con financiamiento de los países responsables de la invasión y la ocupación de Irak.
• Considerar la creación de una fuerza internacional provisional de paz, que sea verdaderamente multilateral y que no esté integrada por ninguno de los países que participaron en la ocupación.
Para avanzar en este proceso de paz, estamos creando un movimiento masivo de mujeres, que abarca múltiples generaciones, razas, etnias, religiones, fronteras y tendencias políticas.
Juntas, vamos a presionar a nuestros gobiernos, las Naciones Unidas, la Liga Árabe, los Premios Nóbel de la Paz, los líderes religiosos y otros/as en la comunidad internacional, para que intervengan para ayudar a negociar una solución política.
Y en esta época de fundamentalismos divisionistas, llamamos a los/as líderes del mundo para unirse con nosotras para que avancen los valores fundamentales del amor a la familia humana y a la protección a nuestro planeta precioso. (Traducción ALAI).
-Informe anual menores 2004 DPA
Acto en Madrid por la Defensa de Alouny
El sábado 21 de Enero de 2006 a las 16:30 en el salón de actos del Círculo de Bellas Artes en Calle Alcalá 42, en Madrid. Tendrá lugar un acto de la Plataforma de Solidaridad con Taysir Alouny, intervendrán entre otros:
- Dr. Haytham Manna (Comité Internacional para la defensa de Taysir Alony).
- Dr. Moncef Marzouki (Comisión Árabe de Derechos Humanos).
- Sr. Waddah Khanfar (Director General de Al Jazeera TV)
- Dr. Ahmed Amri (Presidente de la Asociación Voz Libre).
- El abogado Brahim Taouti (Organización de Justitia Universalis que ha elaborado un informe especial sobre el juicio).
- Sr. Younes Moujahed (Secretario General del Sindicato Nacional de Periodistas en Marruecos).
- Sra. Fatmah Al-Zahrá Alony (Esposa del periodista encarcelado Taysir Alony).
- Se ha incorporado un dossier de artículos bajo el título genérico “Fronteras y Derechos Humanos”
- Abrir paso a la educación en Irán para condenar la persecución de la comunidad Bahai
- Artículo de dolores Juliano “Derechos humanos y trabajo sexual”
- Comunicado del Área de Marginación tras el discurso del Presidente de la Junta el 31 de Diciembre
- Artículo de la Asociación Salakheta sobre “Transgénero y cárcel”
- Y mas
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