En la subdelegación del gobierno de Cádiz se han formado colas enormes de inmigrantes, venidos hasta de Canarias y de todas las nacionalidades, por un bulo: se estaba procediendo a una regularización...

Hasta ahora la subdelegación ha ido recogiendo las solicitudes, sin el más mínimo respaldo documental, y entregando un resguardo. Desde APDHA mandamos un comunicado a los medios denunciando la situación el viernes pasado. Este lunes 14 de abril la policía se presentó en la cola y se llevó a la Comisaría a veintitantas personas para identificarlas, llevarlas a un CIE y proceder a su expulsión. En Derechos Humanos nos concentramos el martes en la oficina de extranjería de la ciudad gaditana para solidarizarnos con los inmigrantes y exigir que no haya ninguna expulsión y que no se aborde el problema mediante la represión. Hoy miércoles hemos elaborado un nuevo comunicado de prensa que adjuntamos a continuación:

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que el proceso de expulsión de los 20 detenidos ante la Oficina de Extranjeros no respeta las garantías establecidas.

La APDHA quiere reiterar su posición en relación con la detención e iniciación de los procedimientos de expulsión de los inmigrantes que se encontraban ante la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz.
 
En este sentido, la APDHA insiste en que la práctica de detener a inmigrantes ante la Oficina administrativa donde pueden gestionar su regularización o, en su caso, obtener información sobre los requisitos necesarios para la misma supone una nueva interpretación extremista y descabellada de la Ley de Extranjería tal y como nos tiene acostumbrados la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Desde la APDHA quisiéramos saber cuánto va a durar este estado de excepción al que se ha sometido a la Oficina de Extranjeros puesto que muchos extranjeros interesados por conocer los trámites necesarios para regularizar su situación en España, solicitar información o recoger algún tipo de impreso han quedado atemorizados ante los hechos acaecidos en la tarde del lunes.
 
Resulta bastante cínico que la Subdelegación del Gobierno acuse a los inmigrantes de abalanzarse sobre los policías y mientras, las imágenes que tenemos son las de agentes con la porra desenfundada persiguiendo a personas cuya única infracción es estar esperando su turno para poder presentar documentos para obtener su regularización, imágenes que, además, coinciden con los testimonios ofrecidos por algunos testigos presenciales.
 
Pero la conculcación de derechos no se limitó a aquel momento sino que la tramitación de los procedimientos de expulsión está siendo, cuando menos, bastante atípica. No basta con cumplir la letra de la ley sino que, en un caso como éste, la Subdelegación debe ir más allá. Por eso, consideramos que no se respeta lo establecido en la legislación vigente cuando, por ejemplo, se establece un único Letrado de oficio para atender a trece de los detenidos. Este Letrado se verá obligado a plantear trece recursos en el plazo de 48 horas, con lo que el derecho a la asistencia letrada de estas personas queda en entredicho.
 
Algo similar cabe decir del derecho al intérprete porque la Comisaría de Cádiz sólo cuenta con una intérprete de francés (la lengua que mayoritariamente entienden los detenidos) que difícilmente da abasto para cumplir con sus funciones en todo el procedimiento.
 
También en el proceso de autorización de su internamiento se van a presentar serias dificultades puesto que estas personas, que en su mayoría no residen en la zona, no portaban la documentación que les puede evitar permanecer durante cuarenta días en los Centros de Internamiento.
 
Debemos recordarle a la Subdelegación que el Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe las expulsiones masivas de extranjeros en el entendido de que estos procesos dejan las garantías de las que deberían gozar estas personas en papel mojado. Por eso, exigimos una rectificación inmediata en el proceso que se está llevando contra estas personas comenzando por el hecho de que no se solicite su internamiento y que, posteriormente, la resolución de los procedimientos no imponga como primera medida la expulsión aplicando así la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
 
Además, también exigimos que la Subdelegación se comprometa públicamente en que los hechos del lunes no se repetirán para que todas las personas que necesitan acudir a la Oficina de Extranjeros lo puedan hacer sin el temor a ser represaliados por tratar de cumplir con la ley.