| INFORME "DERECHOS HUMANOS EN LA FRONTERA SUR 2008".-
Resumen-presentación del Informe. 26 de marzo 2009 20 años de muerte en las fronteras
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía viene realizando un seguimiento detallado desde el año 1997 de la evolución de los flujos migratorios que desde África se dirigen hacia España, las políticas que pretender afrontarlos y que obligan a una creciente clandestinización de los mismos al tiempo que provocan graves violaciones de los derechos humanos
Desde que hace mas de veinte años, el 1 de noviembre de 1988, aparecieran los primeros cadáveres en las playas de Tarifa, casi 21.000 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestro país. Es una estimación ajustada que hacemos desde la APDHA y que muestra con claridad la tragedia colectiva en que se han convertido las políticas migratorias de la Unión Europea y de España.
La imposible inmigración legal y ordenada
A lo largo de estos años se ha venido insistiendo desde la unión Europea en que se está a favor de una “migración legal y ordenada” frente a la “inmigración ilegal” y descontrolada.
¿Se puede emigrar de forma legal y ordenada? Es decir, ¿puede un joven africano emigrar a España de la forma legal que auspician los mandatarios europeos?
La respuesta es rotundamente negativa. A los datos nos remitimos: del incremento de casi medio millón (494.485) de extranjeros en España durante 2008, tan sólo 8.749 (un 1,8%) personas proceden del África Subsahariana. No es casual, se trata de una opción consciente y deliberada.
Como detallamos en este informe, es imposible emigrar “legalmente” a España. Por un lado el contingente ha resultado un fracaso como sistema de gestión de flujos lo que se ha venido a reconocer limitándolo prácticamente a cero. Pero a ello hay que sumar los obstáculos y restricciones de todo tipo para la reagrupación familiar. Y, sobre todo, el muro infranqueable de la normativa y muy particularmente de la red consular española, punta de lanza del sistema de bloqueo a las personas que desean emigrar legalmente.
La insistencia que desde gobierno, oposición y algunos sectores se hace en ese mito de la “inmigración legal y ordenada” esconde, en el fondo, un verdadero rechazo de la necesidad de afrontar la realidad de los flujos migratorios y las desigualdades económico-sociales entre Europa y África de una forma seria y certera.
Esconde también una visión extremadamente utilitarista de las migraciones: permitir que vengan tan sólo aquellas personas necesarias para nuestra economía. Es la inmigración “deseada”, frente a la inmigración “sufrida”, de la que habla el gobierno francés y practica el gobierno español y que oculta una carga ideológica que concibe a las personas desde su “utilidad” y no desde su dignidad y derechos
Pero sobre todo este mito condena a miles de personas que se ven obligadas a emigrar, que emigran casi de forma forzada, a hacerlo clandestinamente. Por eso hablamos de migraciones clandestinizadas en el informe.
La lucha contra la “inmigración ilegal” se ha convertido así en el Norte inspirador de todas las políticas de la Unión Europea y de España. Como explicó Zapatero en la última campaña electoral, la lucha contra esta inmigración, para nosotros obligada a circular clandestinamente, es el eje de las políticas migratorias de nuestro gobierno. Pese a quien pese, y por encima de cualesquiera otras consideraciones.
Se trata, Zapatero dixit, de que no salgan, si logran salir que sean interceptados y en caso de que logren llegar que sean expulsados lo antes posible.
Fruto de esa política durante el año 2008 se han incrementado los medios para el control de las migraciones, se generaliza el uso de la detención y el encierro de migrantes como forma de gestión de las mismas y se han consolidado las políticas de externalización, una de cuyas mejores expresiones es el Plan África.
El Plan África y la externalización
Tras su puesta en marcha durante el año 2006 y su renovación para el período 2009-2012, no podemos sino hacer una evaluación extremadamente negativa de dicho Plan África y sus consecuencias.
Pese a que se presenta bajo un ropaje que pretende ser expresión de la “vocación solidaria de la sociedad española”, el Plan África no ha tenido resultados concretos en términos de beneficio para las sociedades africanas.
Y ello no podía ser de otra manera en la medida en que el Plan África evidencia la prioridad de los objetivos de política exterior españoles sobre el interés solidario por el desarrollo del continente africano. El Plan África se puso en marcha principalmente para favorecer los intereses comerciales y económicos españoles en el continente, para dar cobertura a una política migratoria dirigida al control de los flujos migratorios y supeditando una supuesta agenda de democratización y pacificación de los países africanos a los objetivos de seguridad de España.
El Plan África de esta forma es un marco más del desarrollo e impulso a las políticas de externalización, cuyo objetivo principal no es sino desplazar hacia el Sur el control de fronteras, convirtiendo a países terceros, bien de tránsito bien de origen de las migraciones, en verdaderos gendarmes de la Unión Europea.
En el informe se hace un amplio análisis de las relaciones libio-italianas para el control de migraciones como un espejo en el que nuestro país no debiera mirarse, pero que es un camino de externalización que ya se está lamentablemente recorriendo en España.
También con gravísimas consecuencias para los derechos humanos. Nos detenemos particularmente en dos zonas en las que nuestra Asociación durante el 2008 ha podido conocer sobre el terreno las consecuencias de estas políticas de externalización de España confiadas a Estados en los que los derechos humanos no llegan siquiera al nivel de la retórica.
Marruecos: estatuto de asociación avanzado a cambio de represión sobre las migraciones
El 13 de octubre de 2008 el Consejo de Luxemburgo aprobaba un estatuto de asociación avanzado entre la Unión Europea y Marruecos, lo que significa que este país pasará a disfrutar de un marco privilegiado de relaciones políticas, económicas y sociales con la Unión, y tendrá acceso a determinados programas comunitarios. A cambio sin duda de una importante colaboración entre otras cuestiones en el control de las migraciones. Durante el año 2008, ha cumplido fielmente con su papel de gendarme europeo y ha ejercido la represión con empeño, también sobre sus nacionales que intentaron emigrar, pero especialmente sobre los inmigrantes subsaharianos en tránsito.
Hemos destacado como muestra las continuas redadas de inmigrantes subsaharianos que son deportados a la frontera argelina, en la zona de Oujda. Oujda, última ciudad marroquí al noreste del país, en la frontera con Argelia cerrada y militarizada desde 1995, es puerta de entrada en Marruecos de los inmigrantes que suben del desierto, y lugar de expulsión para la inmensa mayoría de los arrestados a lo largo de país. Allí la situación puede considerarse siempre de emergencia y las condiciones de las personas allí deportadas verdaderamente deplorables, en ocasiones infrahumanas para personas que sufren acoso y abuso de todo tipo por parte de las fuerzas policiales marroquíes.
También hemos destacado el hundimiento intencionado en las costas de Alhucemas en la noche del 28 de abril de una zodiac cargada de inmigrantes que fue pinchada por las fuerzas del orden marroquíes, provocando 36 muertos.
En agosto, 73 migrantes de Ghana, Burkina Faso y Sudán partieron en cayuco desde Nuadibú, Mauritania, rumbo a Canarias. Tras quince días a la deriva, en los que murieron 33 de ellos, las autoridades marroquíes los interceptaron en algún punto entre Marruecos y Sahara Occidental. Los 40 supervivientes fueron encarcelados una semana, tiempo durante el cual se les dio comida y agua, pero no se les suministraron medicamentos. Un grupo de 20 de ellos fueron abandonados en zona desértica y minada entre el Sahara Occidental y Mauritania, indicándoles con el dedo la dirección hacia Nuadibú.
De nuevo y de forma detenida analizamos la evolución en las fronteras de Ceuta y Melilla en las que continúan, como se detalla en el informe, las violaciones de derechos humanos y la muerte de personas.
Las violaciones de derechos humanos en la frontera mauritano-maliense
En un extenso análisis redactado a raíz de la misión sobre el terreno desarrollada por la APDHA en la frontera mauritano-maliense.
Desde que Mauritania se ha convertido en un punto de partida hacia España, las ciudades fronterizas de Nioro du Sahel y de Gogui en Malí se han transformado, al igual que Kidal y Tinzaouatine en la frontera argelina, en la puerta de entrada (candidatos a la emigración) y de salida (rechazados en frontera) de todos aquellos que sueñan con Europa y con una vida mejor.
Fruto de las presiones europeas para el control de fronteras dentro de la política de externalización, en esta zona se están produciendo graves violaciones silenciadas y desconocidas sobre los derechos humanos, como se ha podido recoger en la misión citada.
Se trata de que los nacionales del África subsahariana son detenidos arbitrariamente en la frontera Mauritania, sin control judicial ni asistencia jurídica, siendo a menudo desvalijados, sometidos a todo tipo de violencia policial y rechazados en la frontera maliense de forma colectiva. También numerosos migrantes detenidos en las costas mauritanos son llevados al Centro de detención de Nouabidú, donde el maltrato y las palizas son extraordinariamente frecuentes, y luego deportados a la frontera maliense en condiciones inhumanas.
Son expulsados por la frontera maliense en minibús en condiciones inhumanas y degradantes, sin que se les haya notificado esta medida de alejamiento, sin haber podido recurrirla y sin que las autoridades mauritanas hayan informado a sus homólogos malienses.
El trayecto Nuadibú-Gogui dura entre 3 y 4 días, durante los cuales unas 22 personas escoltadas por la policía mauritana permanecen encerradas en un mini-bus, sin descansos previstos para dormir, con una sola parada al día para descender del vehículo y recibiendo como comida una botella de agua, pan y, con suerte, galletas y/o sardinas.
Lamentablemente al llegar a la frontera maliense, no existe ningún sistema mínimo de acogida o de apoyo humanitario, ni en Nioro ni en Gogui. Debido a la ausencia de medidas efectivas para garantizar la acogida, protección y el seguimiento de los rechazados en fronteras, las autoridades locales abandonan literalmente a estas personas, dejándolas en la más absoluta de las precariedades y con un intenso trauma psicológico debido al fracaso de su proyecto migratorio
Así pues, una vez en la frontera maliense en unas condiciones físicas y económicas peores que las de antes de su partida y sin haber cumplido con las expectativas suscitadas por su proyecto migratorio, la mayoría de los expulsados deciden no realizar el « viaje de la vergüenza », que consistiría en regresar a casa con las manos vacías y sin poder reembolsar la inversión realizada por la comunidad. Por ello lo vuelven a intentar una y otra vez. Hay personas que ya acumulan cinco intentos.
Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas migrantes recae en buen medida sobre España y la U.E., que delegan el control de sus fronteras externas a terceros países, sin preocuparse de los métodos empleados por éstos para llevar sus órdenes a cabo en el más absoluto desprecio a sus compromisos internacionales, al igual que sobre aquellos terceros países que ejercen de guarda-fronteras.
Sobre el terreno, en este caso, en la frontera mauritano-maliense, se demuestra una vez mas que las políticas migratorias represivas, destinadas a “luchar contra la inmigración ilegal” son ineficaces y crueles, ya que no sólo no evitan las migraciones al no resolver los motivos de partida, sino que bloquean las migraciones circulares y favorecen las violaciones de los derechos humanos contribuyendo al aumento del sufrimiento de los migrantes y del negocio de las rutas migratorias clandestinas.
Las políticas de represión sobre los flujos migratorios, en entredicho
En efecto esa es la conclusión que puede establecer del análisis sobre la evolución del control de flujos y sobre las víctimas “colaterales” que su aplicación provoca
Como cada año el Ministerio del Interior, vuelve a hacer un balance triunfalista de la evolución de las detenciones y particularmente de la interpretación que se da a las mismas. De hecho se plantea que las 14. 635 detenciones efectuadas en 2008 suponen una disminución de un 25% respecto al 2007. En efecto, Rubalcaba celebraba que ya nos encontrábamos en una situación comparable a la de 2002.
Nada más lejos de la realidad. Sea de forma consciente o inconsciente los datos reflejan por el contrario incluso un incremento de intentos constatados de entrar en nuestro país durante el año 2008: Hemos pasado de 31.610 personas detenidas en el conjunto de las zonas (Canarias, Península, Baleares, Ceuta y Melilla y en las Costas Africanas) durante el año 2007, a las 35.642 detenidas durante el año 2008, según los datos que ha podido determinar la APDHA.
Las conclusiones están a la vista: salvando el pico excepcional del año 2006, lo cierto es que se mantienen los flujos migratorios hacia España desde África a niveles similares a los de hace una década, e incluso este año se han incrementado respecto a 2007. Sólo que efectivamente y de forma paulatina se ha conseguido desplazar buena parte del control de las migraciones hacia el sur y se ha logrado la colaboración de los países de partida de las embarcaciones que han aceptado su rol de policías de las fronteras de la Unión Europea, convirtiéndose en auténticos países tampón. Es la materialización de las políticas de externalización que se diseñaran ya en el lejano Consejo de la Unión celebrado en julio de 2002 en Sevilla y se concretaran en el Programa de La Haya de 2004.
Sólo que además, mirado desde una perspectiva europea, más amplia, las migraciones africanas hacia Europa no sólo no se han amortiguado sino que se han ampliado de forma considerable
Unas cifras que demuestran como decíamos más arriba la ilusión de “migración legal y ordenada”. No sólo porque luego en la práctica y muy particularmente en lo que se refiere a África, esa migración “legal” es impedida por los propios mecanismos legales y administrativos como hemos dicho. Sino porque es obvio que el deseo de las personas de buscar una vida mejor, de labrarse un futuro distinto, de convertirse en protagonistas de su propia existencia, es imparable pese a los SIVES, los FRONTEX y la teórica e ilusoria impermeabilización de las fronteras.
Por otra parte, es preciso señalar de nuevo, la desproporción y el dislate de medios humanos y materiales empleados para impedir una migración que no llega ni al 2% del total de la inmigración recibida por España en 2008.
Los que quedaron en el intento. Las víctimas.
Naturalmente para nuestro gobierno, para los gobiernos de la UE, estas políticas de represión y control de flujos, son “políticas de estado”. Y sus consecuencias de violación de derechos humanos, no son sino “daños colaterales” inevitables que tenemos que asumir aunque se traten de mitigar.
Lo que no se mitiga es el sufrimiento y el dolor de los familiares de las centenares de víctimas de esta política. Lo que no es posible mitigar es la muerte de tantos inocentes, que han perdido la vida por atreverse a buscar un futuro con dignidad.
Durante 2008 la APDHA ha contrastado, como se documenta ampliamente en el informe, la muerte de 581 personas, de ellas 342 en el Mediterráneo frente a las 239 en el Atlántico.
Por primera vez en bastantes años el número de personas que han perdido la vida en el Mediterráneo ha superado ampliamente a las que hemos podido detectar en el Atlántico
En cuanto al origen de las personas muertas, más del 75% eran subsaharianas, siendo el resto del Norte de África o sin determinar.
Para la APDHA, teniendo en cuenta estos datos y el seguimiento que hacemos, no es nada exagerado estimar en 2.900 el número de personas que han podido perder la vida este año intentando llegar a nuestro país.
La necesidad de otro modelo de gestión de las migraciones
Como se puede constatar en el Informe, seguimos pensando que es imprescindible abordar el fenómeno de la gestión de los flujos migratorios desde otra óptica.
A partir de 1985, fecha en que entra en vigor la primera Ley de Extranjería (7/85) y particularmente a partir de 1991 con la adhesión al Tratado de Schengen, el modelo de gestión de migraciones de España ha sido el intentar conseguir una “inmigración legal y ordenada”, desde una óptica exclusivamente utilitarista, lo que conllevaba una prioridad absoluta en la “lucha contra la inmigración ilegal”.
Para el desarrollo de este modelo, convertido ya en modelo de gestión para toda la Unión que cada vez más se intenta armonizar, se han realizado ingentes inversiones y se han desarrollado políticas legislativas, de control, impermeabilización, represión, encierro y externalización… siguiendo el modelo de la Europa Fortaleza. Desde el año 2006 esta política ha recibido un extraordinario impulso en España, con las consecuencias y los resultados señalados en el Informe
Desde el punto de vista de los derechos humanos, este modelo migratorio conlleva gravísimas violaciones de los mismos, provoca enormes sufrimientos para las personas que intentan ejercer el derecho a encontrar una vida más digna, incluso con el resultado de su muerte. Y condena a miles de inmigrantes “sin papeles” a la marginación y a la exclusión de los derechos fundamentales de la persona. Es por ello una política inmoral e inhumana
Esta política pone en cuestión todo el discurso universalista de los derechos humanos, rechazando el principio de igualdad y justificando la exclusión con razonamientos insostenibles acerca de la prioridad nacional, la seguridad y la lucha contra la delincuencia.
Pero, por otro lado, desde una óptica instrumental, este “modelo” migratorio no responde a la realidad, la cual niega y, por tanto, se muestra incapaz de gestionar el fenómeno migratorio.
Y es que es imposible abordar un fenómeno de carácter social (éste como cualquier otro) mediante el recurso exclusivo a la represión y al control policial. Las migraciones son consustanciales a la humanidad, son un fenómeno estructural, que hoy hunde sus raíces en las profundas desigualdades del planeta. La política actual está condenada al fracaso, porque se asienta más en discursos ideológicos, demagógicos y xenófobos que en la propia realidad y en las necesidades sociales. Lo hemos dicho centenares de veces: la búsqueda de un futuro mejor no se pude cercenar con alambradas. Antes o después estas son desmanteladas por la propia vida.
Sin embargo, pese a esta evidencia, lo cierto es que es preciso poner sobre la mesa el debate. El actual “modelo migratorio” que se defiende desde España y la Unión Europea, está abocado al fracaso y además viola de forma grave los derechos humanos. Hay por tanto que empezar a reconsiderarlo, dejando de aceptarlo como un hecho dado, como una especie de tabú que no se puede cuestionar y que ha llegado a formar parte del pensamiento único.
Desde la APDHA no pretendemos ninguna fórmula mágica que resuelva por sí misma los muchos y complejos problemas que plantea el fenómeno migratorio. Se trata de dejar de considerar el cierre de fronteras como un dogma, reconocer su fracaso e intentar reflexionar nuevos modelos de gestión que hagan del derecho a la movilidad la norma, y de sus limitaciones, excepciones especificadas, temporales, y justificadas, que es lo que en definitiva reivindica la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo único acorde con el cabal respeto a la misma.
Se trata en suma de la aplicación de otra política de asilo e inmigración en Europa, acogedora y respetuosa de la dignidad humana y de los derechos humanos.
El Informe completo puede consultarse o descargarse en www.apdha.org
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LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CÁDIZ CONDENA POR HOMICIO IMPRUDENTE A UN GUARDIA CIVIL QUE MATÓ DE UN DISPARO A UN INMIGRANTE AL DESEMBARCAR EN TARIFA EN EL AÑO 2000.-
Comunicado de la APDHA. 18 de marzo 2009.
Antecedentes
El 3 de diciembre de año 2000, aproximadamente a las dos de la madrugada, un guardia civil disparó y mató a Abdelhadi Lamhamdi en Tarifa (Cádiz), tras desembarcar en una patera procedente del sur de Marruecos. Según la primera versión oficial, la muerte se produjo por accidente cuando el inmigrante trató de empujar al Guardia Civil para huir de él. Y, no sólo eso, sino que desde fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz se empezó a justificar la necesidad del uso de las armas de fuego, ante la “peligrosidad” que suponía la llegada de inmigrantes indocumentados a nuestra costa
No obstante, el director general de la Guardia Civil ordenó que se iniciara un proceso disciplinario; pero de la investigación abierta en el seno del Instituto Armado y del correspondiente expediente, el gobierno nunca dio explicaciones a la opinión pública.
Posteriormente, ante la gravedad de los hechos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, se personó en como acusación popular en las diligencias abiertas en los juzgados de Algeciras.
Ya en febrero de 2004, el juzgado de Instrucción de Algeciras dictó resolución en el sentido de considerar los hechos como una simple falta. A esta decisión, los servicios jurídicos de la APDHA, representada por el letrado Juan Domingo Valderrama, apelaron ante la Audiencia Provincial de Cádiz, al considerar los hechos al menos como homicidio imprudente. Es la resolución a esta apelación de la APDHA, la que obliga a la realización del juicio cuya sentencia se conoció ayer día 17.
La sentencia
La Audiencia Provincial de Cádiz considera que el Guardia Civil responsable de la muerte de Abdelhadi Lamhamdi cometió un homicidio imprudente y le condena a seis meses de cárcel, privación del derecho de sufragio pasivo y de permiso de portar armas durante ese tiempo e inhabilitación para el ejercicio de la profesión de Guardia Civil durante un año y medio. Y establece como responsable subsidiario de indemnización al Estado
La Audiencia, en esta sentencia que creemos bastante importante, considera que la Ley Orgánica 2/1986 limita escrupulosamente el uso de las armas y lo somete al principio de proporcionalidad. La propia Guardia Civil lo ha estipulado claramente en sus circulares. Por ejemplo la 1/1994, dice que “tan solo pueden utilizarse [las armas reglamentarias durante el servicio] para evitar un mal de igual o mayor gravedad que aquél que se puede producir”. O la circular 3/1998 que dice que “cuando se pretenda dar alcance en vías públicas a presuntos delincuentes, no se realizará persecución alguna que ponga en peligro la seguridad de los demás usuarios”.
Los diferentes elementos legales que se argumentan en la sentencia llevan a la Audiencia a considerar que se dan todos los elementos para considerar que se ha cometido un delito de homicidio imprudente
Valoración
Para la APDHA se trata de una importante sentencia, sólo oscurecida por la lentitud de un procedimiento que la propia audiencia considera totalmente indebido. Se trata por desgracia de algo habitual en casos como el que nos ocupa con encausamiento de las Fuerzas del Orden y que no sólo perjudica el propio ejercicio de la justicia sino que da una clara sensación de impunidad.
Es de destacar además la lamentable actuación de la fiscalía, que, pese a que los hechos quedaron probados en el juicio, pidió la absolución, dado que consideraba pertinente que el guardia civil hubiera efectuado ambos disparos. Como decimos lamentable.
Consideramos que esta importante sentencia argumenta suficientemente respecto a casos similares de uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de orden. Y es un claro precedente cuando la inhumana política que está llevando a cabo el Gobierno de “mano dura” hacia los inmigrantes, como es el caso de establecer cupos de detenidos y expulsados, está dando lugar a todo tipo de abusos y violación de derechos y puede provocar situaciones tan dramáticas como las ahora juzgadas.
Es también importante en la medida en que actuaciones de las Fuerzas del Orden quedan con tanta frecuencia impunes. Recuérdense uno de los hechos más graves en nuestro país como fueron las muertes de inmigrantes en Ceuta y Melilla durante el otoño de 2005, que ni se investigaron ni se consiguió llevar a juicio a los responsables.
Vaya también una última reflexión y es la necesaria conexión entre hechos como este ahora juzgado y condenado, o los citados de Ceuta y Melilla, con políticas de inmigración hiperrestritivas y violentadoras de los derechos que, además, tienden crecientemente a criminalizar a los inmigrantes y por tanto a favorecer que ocurran hechos tan graves como estos.
Por último
Ciertamente la sentencia no recoge al cien por cien las peticiones que la APDHA, pero la consideramos suficientemente satisfactoria pues nuestro objetivo era que no quedara impune la muerte de una persona que injustamente había fallecido por disparos de las Fuerzas del Orden que usó armas de fuego ilegalmente para detenerla simplemente por intentar buscar un futuro mas digno en nuestro país.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LA APDHA.-
Delegaciónes de Cádiz y Jerez.-
Jueves 2 de abril, 6 de la tarde.
Salón de Actos de la Facultad de Fiolosofía y Letras de Cádiz
Conferencia del Profesor Pedro Martínez Montavez con el tema ¿HACIA DONDE VA ORIENTE PRÓXIMO TRAS LA INVASIÓN DE GAZA?, en el marco del III Seminario Permanente de Derechos Humanos organizado por la Universidad de Cádiz y la APDHA.
Delegación de Jerez.-
Sábado 28 de marzo, 11:45 en el Parque del Retiro en Jerez
POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
A las 11:15 salida de pasacalles desde Las Delicias hasta el Parque del Retiro
Juegos cooperativos: pintacaras,paracaidas...,exposición fotográfica "Cruzando puentes , saltandofronteras", guerra de globos " ojalá todas la guerras fueran como esta", timbalada de cierre.
Organizan: APDHA, Bululu, Arrabal, ASPO, Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Buena Espina...
Delegación de Cádiz
Domingo, 29 de marzo, a partir de las 4 de la tarde
Pabellón del Parque en San Fernando
TORNEO INTERCULTURAL DE FÚTBOL SALA
Organizan: APDHA y Patronato de Deportes de San Fernando
Delegación de Granada
Jueves, 26 de marzo, a las 19:30
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
El jesuita nicaragüense Fernando Cardenal hará la presentación de su libro autobiográfico "JUNTO A MI PUEBLOS, CON SU REVOLUCIÓN", en un acto patrocinado por el CICODE y la APDHA
Delegación de Sevilla
Aunque con retraso no queremos dejar de citar la exposición MUJERES CAMPESINAS ANDALUZAS, de la fotógrafa mexicana Cerman Caballero Prado, celebrada en la sede de la APDHA de Sevilla, del 21 al 25 de marzo. Lástima que la frecuencia del Infoapdha, no nos haya permitido reseñarla a tiempo.
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¿ACASO NO NOS ALQUILAMOS TODOS.-
Javier Marías. El País Semanal 22 de marzo 2009
Leo que la ciudad de Lérida o Lleida, con Ayuntamiento socialista, ha decidido seguir el ejemplo de Barcelona, con Ayuntamiento del mismo signo político, y poner multas de entre 300 y 3.000 euros tanto a las prostitutas callejeras como a sus clientes; y que Granada se plantea hacer otro tanto, lo cual, probablemente, con el estúpido mimetismo reinante en España, llevará a otros muchos lugares a adoptar las mismas medidas represivas, que, si mal no recuerdo, tienen su origen en Suecia hace más de un decenio: aquí nunca se es original en nada. Según la noticia, “el Consistorio leridano pondrá en marcha un plan integral para buscar alternativas sociales, educativas y laborales a las personas que se prostituyen”. Las afectadas, sin embargo, se oponen a la nueva ordenanza. Subrayan que la prohibición no da resultado y que no están claras las políticas sociales alternativas. Y en efecto, es difícil que lo estén, dado que fuentes policiales cifran en unas 1.100 las mujeres –en ningún momento se habla de varones– que se dedican a la prostitución en Lleida. Mil cien, en una población de unos doscientos mil habitantes, no son pocas personas a las que encontrar empleo, sobre todo en época de paro creciente y teniendo en cuenta, además, que la mayoría de esas mujeres no estarán preparadas para desempeñar muchos trabajos de buenas a primeras, y que algunas los rechazarán de plano. Calcúlese una proporción similar en Granada, con su medio millón de habitantes, y en Barcelona, con sus más de tres millones, y en el resto del país, por si acaso, con sus cuarenta y seis millones aproximados, y se verá que este reglamento, aparte otras consideraciones, es tan imbécil como inviable.
Pero vayamos a esas otras consideraciones. En la prostitución hay algo intolerable, y es que quienes no estén dispuestos a ejercerla se vean forzados a ello mediante coacciones y amenazas. Hay muchas mujeres en esa situación, principalmente inmigrantes traídas a nuestro país por las mafias, con engaños o violencia, y que, deseándolo, no pueden salirse de un negocio en el que jamás quisieron verse envueltas bajo ningún concepto, ni aun muriéndose de hambre. Si, lejos de estar perseguida y penalizada, la prostitución estuviera legalizada; si hubiera un censo de sus practicantes y éstas gozaran de atención médica, seguridad social y el control del Estado, las llamadas “esclavas del sexo” –es decir, las atrapadas en él contra su voluntad, y sin libertad para dejarlo– existirían mucho menos: tendrían a quién recurrir, y las autoridades podrían ayudarlas a escapar de su situación de servidumbre impuesta y clandestina.
Pero el resto del asunto no es en sí mismo intolerable, o no lo es más, digamos, que la pobreza en general, la explotación de los trabajadores o la dureza de algunos oficios. Por mucho que ciertas feministas clamen hoy contra la prostitución de mujeres –la de los varones les trae sin cuidado– por lo que tiene de “humillación” para su sexo, lo que siempre se esconde tras su condena es el más rancio puritanismo y la abominación de lo sexual, común a todas las Iglesias. De las putas se ha dicho invariablemente una falsedad interesada, a saber, que “venden su cuerpo”, cuando lo que hacen es alquilarlo, de muy parecida manera a como los demás alquilamos lo que podemos o lo que se está dispuesto a contratarnos: el barrendero y la fregona alquilan sus manos, lo mismo que el estibador, que además alquila su espalda, o que el minero, que además alquila sus pulmones para que se los destrocen; otros muchos alquilamos nuestro tiempo o nuestros conocimientos o nuestra capacidad para darle a la tecla con algún sentido; cada cual ofrece lo que tiene para ganarse la vida, y todas esas actividades no se ven como “humillación”, sino como “dignificación” de la persona. El trabajo se considera algo noble y honroso, independientemente de su calidad y su esfuerzo, y de lo mal o bien que esté pagado. Así que nunca he entendido por qué el de una puta –si no es por un prejuicio, religioso, que ve “pecado” en el sexo fuera del matrimonio, y aun dentro de él según el Papa Wojtyla– se tiene por todo lo contrario. Ellas alquilan el cuerpo entero, los demás tan sólo algunas partes, o bien la mente. ¿Y quiénes son los Ayuntamientos, o el Estado, para entrometerse en una transacción entre dos ciudadanos adultos y libres (cuando las putas son libres), que en principio no implica delito ni daño? ¿Y en qué se diferencia ese cliente del individuo que se acerca a alguien y le pregunta “¿Quieres ganarte unas perras?”, y le propone que le preste sus manos para recoger la fresa o para que le pinte su casa? ¿En qué se diferencia de usted o de mí cuando paramos un taxi en la calle y le decimos al taxista que nos lleve a tal o cual sitio, según tarifa? Déjense los Ayuntamientos y las mojigatas de siempre –por muy disfrazadas que vayan de feministas– de tan antigua hipocresía. Con medidas como las de Lleida, Barcelona y quizá Granada, lo único que se consigue es arrojar a la indigencia a quienes ya malviven. Y acaso aumentar el número de violadores en potencia, cuando los puteros comprueben que ya no pueden echar un solo polvo, ni siquiera por acuerdo mutuo y pagando a tocateja.
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¿AYUDAR A LOS POBRES O APRENDER DE ELLOS?-
Raúl Zibechi. Recogido de www.pensamientocritico.org
Programa de las Américas Reporte, 9 de febrero de 2009. www.ircamericas.org
La ideología que emana de los organismos financieros internacionales, sostiene que los pobres sufren "carencias", que la pobreza es un flagelo a combatir y el camino para hacerlo es "ayudar" a los pobres. Por el contrario, los sacerdotes que viven entre los pobres creen que se debe aprender de ellos.
La iglesia Nuestra Señora de Caacupé está en el centro de la Villa 21 de Buenos Aires, también conocida como Villa de Barracas o "Villa de los paraguayos". Es una pequeña parroquia en la calle Osvaldo Cruz, la principal de la villa, por donde transitan algunos coches y decenas de personas que van y vienen por el asfalto. Sin embargo, las primeras impresiones engañan: cada pocos metros salen pequeñas vías que se bifurcan en pasadizos estrechos e irregulares, donde viven las 40 mil personas de la villa.
Al costado de la parroquia hay un galpón con inmensos frescos de los sacerdotes Carlos Mugica y Daniel de la Sierra, con los brazos abiertos en señal de esperanza y acogida. Mugica es el referente obligado de todos los curas villeros, asesinado en 1974 por la Alianza Anticomunista Argentina, y De la Sierra fue el fundador de la parroquia donde ahora está enterrrado. En una pequeña habitación está el padre Pepe, José María Di Paola, pelo largo, ropa informal, 46 años de edad y diez en la villa.
La parroquia se fundó en 1987 cuando se independizó de la tradicional basílica del Sagrado Corazón, a pocas cuadras de la villa. "El cura Daniel le preguntó a la gente qué nombre querían ponerle, y la mayoría eligió el de la patrona de Paraguay", dice Pepe. La villa se encuentra en el barrio de Barracas, donde la ciudad de Buenos Aires limita al sur con el Riachuelo, un barrio obrero repleto de fábricas abandonadas.
El barrio ocupa 65 manzanas, pero si se suman la Villa 24 y los asentamientos precarios llegan a 90 hectáreas. Mientras en la Villa 21 predominan los paraguayos, en la Villa 24 la mayoría son argentinos del norte, de Santiago del Estero y Tucumán. Un censo realizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, asegura que la población de ambas villas vive en tres tipos de viviendas: un 31% en casas que tienen piso de material o agua por cañería; un 32% en casas con piso de tierra o que no tienen agua, y otro 33% habita en casillas, mucho más precarias aún. Uno de cada cinco habitantes son niños o adolescentes entre 10 y 19 años.
El estigma de la violencia
La Villa 21 fue noticia meses atrás cuando cinco personas fueron muertas en un tiroteo. Casi todos los meses las villas aparecen en los diarios por sucesos similares: los medios asocian sistemáticamente violencia con delincuencia y drogas, como sucede en toda América Latina. Pero la violencia y la delincuencia tienen un costado político, algo que los medios esconden.
Bernardo Kliksberg, asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la región, afirma que la criminalidad y la violencia son percibidas como el mayor problema por la población de América Latina, como enseña el Latinobarómetro. En efecto, la tasa de homicidios cada cien mil personas creció de 12,5 en 1980, a 25,1 en 2006. En comparación, Noruega presenta 0,9 homicidios cada cien mil habitantes, Dinamarca 1,1, Canadá 1,5, Finalndia 2,2 y Estados Unidos, que presenta la mayor tasa del mundo desarrollado, alcanza sólo 5,5. Pero Sao Paulo y Rio de Janeiro alcanzan los 60 homicidos cada cien mil personas, cifras superiores a las que tienen los países en guerra.
En 1980 América Latina tenía 136 millones de pobres. Hoy tiene 200 millones, el 40 por ciento de la población. Se trata de la región más desigual del mundo. Entre los ingresos del 10% más rico y los del 10 % más pobre, hay una diferencia de uno a 50. En Bolivia, de uno a 168; Colombia, de uno a 63; Brasil de uno a 58; Paraguay, de uno a 73. En contraste, en España la relación entre los más ricos y los más pobres es de uno a 10, y en Noruega de uno a seis. "La desiguladad es la razón principal de la pobreza en América Latina", concluyó Kliksberg.
La violencia y el crimen crecieron en el mismo período que se disparó la desigualdad y la pobreza. Si no se habla del contexto, dice Kliksberg "da la impresión de que en la sociedad existe un grupo de locos que cometen delitos". Por eso los altos niveles de pobreza y desigualdad hacen de América Latina "un continente muy tenso, con una cohesión social muy baja. No es lo mismo ser pobre en una sociedad de pobres, que ser pobre en la sociedad más desigual del mundo. El nivel de tensión que se genera es tremendo. Y para colmo, ser pobre después de no haber sido pobre", dijo Kliskberg.
Para avalar esa afirmación, mostró un cuadro inédito sobre posesión de bienes en América Latina, comparando 1995 con 2007. Los datos son alucinantes: en 1995, el 90% tenía agua potable, hoy sólo la tiene el 83%; en 1995, el 85% tenía heladera, hoy sólo el 77%; los que tienen acceso al alcantarillado pasaron del 76% al 64%; lavarropas del 57% al 48%; agua caliente por cañería del 57% al 35%; auto del 33% al 22%. Y eso que el continente lleva cinco años de crecimiento sostenido, porque los datos de 2003 son mucho peores.
Debate sobre la ayuda
Los barrios pobres de América Latina tienen muchos rasgos en común, sobre todo aquellos similares a las villas argentinas, las callampas chilenas, los cantegriles uruguayos y las favelas brasileñas. Todos los datos coinciden en que crecen de forma exponencial en casi todos los países, sobre todo desde que en la década de 1990 se implementó el modelo neoliberal que fue sentido como un verdadero despojo por una parte considerable de la población.
El padre Pepe tiene una visión completamente diferente de quienes ven en la pobreza algo negativo o una "carencia". Como ejemplo pone el caso de la parroquia de Caacupé que fue ampliada y remodelada en el año 2000 por sus vecinos, en jornadas de fines de semana en las que participaron más de cien personas por turnos. Cree que las villas crecen porque allí existe solidaridad, "porque acá hay alguien enfermo y se le hace un lugar en la casa". Va más lejos y asegura que "acá hay una sociedad distinta".
Semejante afirmación merece una larga explicación: "Cuando la campaña electoral vimos que todos tenían una posición equivocada, tanto los conservadores como los progresistas. De la villa sólo informa la prensa amarilla que señala los defectos, o bien los tecnócratas que te hacen una maqueta y dicen cómo debe ser el barrio pero no interactúan con la gente, no la escuchan. Eso les impide ver al hombre real de la villa que fue armando su historia desde hace 40 o 50 años en un ámbito al margen de la ciudad, donde interactúan una cultura rural que la mayoría trae con una cultura de barrio, que nosotros la vemos ligada al cristianismo popular".
Como todos los "curas villeros" desconfía de la ayuda institucionalizada y profesionalizada, tan diferente a la ayuda incondicional y espontánea que practicaron los primeros cristianos. Una mirada crítica sobre la llamada "asistencia para el desarrollo" sostiene que la ayuda es "una manera de disciplinar", ya que la cooperación se ha convertido en una verdadera estrategia diseñada y diagnosticada desde afuera: "La ayuda es ofrecida por razones propias de seguridad nacional del que ayuda, para los propósitos de mantener su propia prosperidad".
La cooperación actual establece, en opinión de los críticos del desarrollo, una relación entre quienes otorgan y reciben la ayuda "casi feudal, por el diferencial de poder que ella misma establece". En consecuencia, denuncian que la ayuda genera una relación de superioridad e inferioridad que se resume en "la vergüenza de quien recibe y la arrogancia de quien dona".
El Padre Pepe cuestiona el concepto de "ayuda" y en su lugar sostiene que "debemos aprender de los pobres". Una vez más apela a los ejemplos, ahora sobre la forma como en el barrio se construyen las viviendas: cuando se hacen las losas o techos de cemento, varias familias cooperan durante todo el fin de semana de modo espontáneo. "Mientras los hombres hacen la losa, las mujeres cocinan y los niños juegan cerca y colaboran, y la fiesta es lo central, acá no se hace nada sin fiesta", dice Pepe.
Cuando otra familia se decide a construir su techo, las demás familias le cooperan y así lo hacen de modo rotativo, pero sin una "organización" formal sino de modo natural. El primer trabajo comunitario fue rellenar los terrenos que se inundaban. Luego vino la lenta construcción de la vivienda familiar, que puede demorar hasta diez años y alberga familias extensas, o sea padres e hijos pero también abuelos, los hijos que se casan y tienen más hijos, y hasta primos o parientes lejanos.
La fuerza del vínculo comunitario permite abaratar costos, de modo que el precio de la construcción es sólo el precio de los materiales. "Si hubiéramos tenido que encargar esta iglesia a una empresa hubiera costado decenas de miles de dólares. Pero no costó nada. Se construyó con mano de obra solidaria y haciendo fiestas para comprar los materiales. De ese modo pudimos hasta levantar una torre grande con campanas", señala Pepe.
Se trata de una economía popular comunitaria que ha sido capaz de construir barrios enteros, con todo su equipamiento. Las construcciones comunitarias y los trabajos de autoayuda social serían imposibles sin la solidaridad del barrio. Una lista incompleta de las actividades que desarrolla la parroquia, que no es la única entidad del barrio en trabajar con los vecinos, incluye seis capillas que replican las mismas actividades de la parroquia, que en los hechos funcionan como verdadereos centros sociales y culturales.
Además cuentan con ocho comedores directamente atendidos por la parroquia, pero en el barrio hay muchos más, tal vez 20 comedores populares. Tienen grupos de apoyo escolar y de prevención sobre drogas, merenderos, programas de deporte y de campamentos donde han llevado a más de mil jóvenes del barrio en los últimos años. La base es el trabajo voluntario, pero algunos programas tienen apoyo del gobierno municipal y de Cáritas.
"El próximo fin de semana llevo 200 chicos al campo", dice Pepe. "Además tenemos un centro de adolescentes varones, otro centro de adolescentes mujeres y una escuela de oficios que hacen carpintería, herrería y artesanía en vela y cerámica con dos chicas del barrio que dirigen los talleres. En los exploradores hay 850 chicos y estamos empezando con el trabajo más difícil que es la recuperación de la droga, el paco como le dice acá".
El poder de las redes sociales
La forma como sacan a los adolescentes de la droga revela la profundidad del compromiso y los recursos humanos a los que apelan. Crearon un centro diurno para recibir a los jóvenes dependientes donde cuentan con una pequeña granja donde ya viven ocho jóvenes en proceso de recuperación. Pero la granja está lejos del barrio, en un ambiente natural donde se les facilita la posibilidad de cortar con la droga. El paso siguiente es la reinserción en el barrio, donde pueden entrar nuevamente en contacto con las drogas.
"En la granja hay un ambiente idílico en donde es más fácil dejar la droga. Pero volver al barrio es todo un desafío. Para hacerlo de modo gradual, decidimos un paso intermedio: están en el barrio pero no en sus casas ni en sus pasillos. Hacen una vida comunitaria de seis meses en la villa con talleres de herrería y otros trabajos. Así recomienzan una vida más sólida con otras amistades, con otros horizontes pero cerca de la familia", relata Pepe con entusiasmo.
El paco está considerada la droga más destructiva, que involucra a niños desde los 8 años y dejó a toda la gente que trabaja en droga sin respuesta. "Del 2000 para acá esto cambió mucho, se generalizó la droga. Antes los que se drogaban podían convivir con la droga, podían ir al colegio o incluso trabajar y nadie lo notaba, pero hoy eso cambió y se requiere un trabajo muy urgente porque destruye en pocos meses", dice Pepe con un dejo de tristeza.
También trabajan con la tercera edad que es otro sector muy vulnerable. Muchos trabajaron en negro, sin aportes jubilatorios, y cuando ya no pudieron trabajar más se quedaron solos y tuvieron que acudir a las villas como último recurso. Una vez más Pepe: "Hicimos un grupo, luego un comedor y un hogar donde viven diez abuelos, y tratamos que tengan un papel protagónico, muchos cocinan en los comedores, otros cuidan las puerta, o hacen mandados, cuestión que se sientan útiles. Algunos estaban alcoholizados, tirados en la calle y lograron salir con el apoyo de la comunidad. La gente dice que los que se drogan vienen a las villas porque aquí se vende droga. Nosotros decimos que vienen porque acá no los van a dejar morir, aunque estén tirados en la calle les dan comida, ropa, un baño".
Es interesante la forma como abordan la violencia doméstica. Hacen retiros de hombres y de mujeres, por separado, en grupos de 60 a 70 durante todo un fin de semana. El Padre Pepe habla del hombre golpeador y se hace un largo silencio. Al parecer, no pasa nada. "En el retiro de hombres se da la posibilidad de que en la charla personal aparezca el tema del alcohol y de la violencia. De a poco la gente empieza a tomar como objetivo el cambio, empieza a hablar y un tiempo después uno ve que van a Alcohólicos Anónimos o vienen a hablar de sus problemas. Muchos empiezan durante el retiro un proceso que luego continúa, porque la gente está muy sola y no tiene la posibilidad de que alguien le diga lo que está haciendo mal".
Pepe no cree que esté haciendo algo especial. Siente que todo consiste en ponerse del lado de la gente, escucharla, aprender, y no decirle lo que tiene que hacer. "La cosa no es concientizarlo de que tiene que liberarse sino escuchar y ver lo que hace, interpretar a la gente y no tanto dirigirla. Poner el oído ... .".
Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el "Informe Mensual de Zibechi" para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org).
Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.
Referencias
Andrew Graham-Yooll, "Aquí la vida es más humana", entrevista al Padre Pepe, Página 12, 23-02-2004.
Bernardo Kliksberg, "Hacia un visión renovda e integral de cómo enfrentar la inseguridad ciduadana en la región", en seminario internacional "El rol de los medios masivos de caomunicación en la inseguridad ciudadana", Montevideo, 10 de setiembre de 2008.
Entrevista personal al Padre Pepe, Buenos Aires, 6 de noviembre de 2008.
"Los jóvenes del barrio Zavaleta y la Villa 21-24 y su relación con el consumo de paco", en www.legislatura.gov.ar.
María Zapata, "Acerca de los planes de vivienda en la Villa 21-24", en www.emic.org.ar.
Wolfgang Sachs, "Diccionario del desarrollo", Galileo, México, 2001.
Recursos
¿Autonomía o nuevas formas de dominación? http://www.ircamericas.org/esp/5807
¿Está construyendo Brasil su propio "patio trasero"? http://www.ircamericas.org/esp/5722
Colombia: El conflicto social desplaza la guerra http://www.ircamericas.org/esp/5675
Buenos Aires: los más pobres resisten la "limpieza social" http://www.ircamericas.org/esp/5597
Programa de las Américas Reporte (Washington, DC: Center for International Policy, 9 de febrero de 2009).
Ubicación en Internet: http://ircamericas.org/esp/5850
Información de producción:
Escritor: Raúl Zibechi
Editor: Laura Carlsen
Producción y diseño: Chellee Chase-Saiz.
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LINCES, NIÑOS DE UN AÑO Y DERECHO AL ABORTO.-
Comisión Pro Derecho al Aborto de Granada. 19 de marzo 2009.
Nuevamente la Conferencia Episcopal arremete contra el aborto con una campaña bajo el lema ¡Protege mi vida! y llamando a movilizaciones. En dicha campaña se afirma que en la actualidad nuestras instituciones prestan más atención a los linces que a niños y niñas. El lema va acompañado de la imagen de un niño. De este modo comparan la vida en gestación con un niño de cerca de un año.
Sorprende tanta desfachatez. Las personas que defendemos el derecho al aborto, también defendemos la vida de niñas y niños y que vengan a este mundo siendo queridos, deseados, con unas mínimas garantías de que serán educados y cuidados. Y también defendemos la vida de las mujeres. ¿Qué tienen que decir de las mujeres que morían por abortos clandestinos durante el franquismo, unas 200-400 anuales según datos del Tribunal Supremo 1976, cuando el aborto era ilegal?, ¿qué tienen que decir de las vidas y salud de 20 millones de mujeres que abortan en el mundo en condiciones de clandestinidad? o ¿acaso la vida de estas mujeres no importan y sólo son merecedoras del infierno?
Mientras dicen esto, se niegan a la experimentación con células madre que están salvando muchas vidas, excomulgan a la madre de una niña de 9 años que había sido violada por su padre en Brasil, por haber consentido que su hija abortara. Mientras tanto, dan instrucciones para que los casos de pederastia en el seno de la jerarquía eclesiástica sean silenciados, y “resueltos” de puestas adentro, llaman a no usar el preservativo aún a sabiendas que ello implica un riesgo para la salud y vida de millones de personas, acogen en la iglesia a obispos lefevristas que defienden el nazismo y niegan el holocausto, presionan para que la UE no apruebe una resolución en la que se pide la despenalización en el mundo de la practica de la homosexualidad que en muchos países se castiga con la pena de muerte, ¿estas vidas no merecen ser defendidas?, ¿es esta la idea que tiene la iglesia de defender la vida?
Entendemos que pueda haber personas que por sus creencias, o por otros motivos, opinen que la práctica del aborto es rechazable. Pero continuamente olvidan que estamos en una sociedad democrática, plural y laica o aconfesional, como prefieren llamarle. Ello quiere decir que los poderes públicos han de regirse por criterios y valores compartidos y no por las creencias de una parte. El reconocimiento del derecho al aborto no obliga a quienes no quieran realizarlo; lo contrario, si obliga a quienes no comparten esas creencias.
Durante todo el tiempo anteponen la vida en gestación a la decisión de una mujer con un embarazo no deseado, desde el mismo momento de su inicio, incluso antes, ya que tampoco comparten el uso de métodos anticonceptivos,. No les importa que la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, la Conferencia de Beijing… recomienden la legalización de la práctica del aborto por los riesgos que supone para la vida de las mujeres. Que el Tribunal Constitucional en su sentencia 53/85 afirme con claridad que el nasciturus no es sujeto de derechos fundamentales aunque es un bien jurídico a proteger. A pesar de ello, siguen tergiversando las opiniones de las personas que no piensan como ellos, con campañas pagadas con dinero público. Sólo en vallas se han gastado entre 250.000 y 500.000 euros, ¿no habría sido preferible que la iglesia empleara este dinero para mitigar tantas situaciones de necesidad y pobreza que se están produciendo en estos tiempos de crisis?, ¿tendrá que volver Jesucristo a expulsar a los mercaderes del templo?
Para Comisión pro-derecho al aborto de Granada la decisión de la mujer sobre si quiere o no ser madre, es una decisión de carácter individual, ha de tener prioridad sobre la vida en gestación en tanto esta no es viable. Establecemos por tanto una protección gradual de la vida en gestación en función de su desarrollo, en base a los datos aportados por la ciencia –esa gran enemiga de la Iglesia, desde antes de Galileo hasta los creacionistas-. Defendemos la necesidad de regular el aborto como un derecho, defendemos la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, defendemos y exigimos una educación sexual, que está siendo bloqueada en muchos centros de enseñanza por las mismas personas que rechazan el aborto. Educación sexual con el objetivo de promover que el ejercicio de la sexualidad sea libre y responsable, para educar en valores que son compartidos en nuestra sociedad –igualdad, libertad, cuidado de uno mismo/a y de los otros/as, empatía, respeto a la individualidad...-. Y con el objetivo central de lograr que la maternidad sea una opción libre y responsable y no una obligación para todas y cada una de las mujeres.
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VIOLACIONES MASIVAS DE DERECHOS HUMANOS EN GAZA, SEGÚN RELATOR DE LA ONU.-
ABN - Nueva York - 20 de Marzo 2009
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en los territorios palestinos, Richard Falk, denunció este viernes que Israel cometió violaciones masivas durante su invasión de 22 días a la franja de Gaza.
El funcionario internacional confirmó que los bombardeos realizados por las fuerzas israelíes contra la población civil palestina constituyó una violación masiva del derecho humanitario internacional, informó Prensa Latina.
Las acusaciones del relator especial están contenidas en un informe que resumió los resultados de su investigación sobre los ataques que trascurrieron desde el 27 de diciembre al 18 de enero últimos, y que costaron la vida a más de 1.300 palestinos y causaron 5.000 heridos.
Falk adelantó que el documento será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la semana entrante. “Todo parece indicar que Israel cometió crímenes de guerra durante la operación, aunque una confirmación oficial de esta conclusión dependerá de los resultados de investigaciones formales posteriores”, explicó el relator.
Las denuncias del especialista de la ONU coinciden con versiones de prensa que recogen los testimonios de soldados israelíes, que revelaron la ofensiva militar contra Gaza incluyó todo tipo de atrocidades como ejecución deliberada de mujeres y niños, y destrucción intencionada de bienes. Por esta razón, el ejército judío se vio obligado a iniciar una investigación de los hechos.
Falk subrayó la objetividad y legitimidad de su investigación, la cual está basada en evidencias que se le proporcionaron y los testimonios de soldados hebreos publicados en medios de prensa locales.
Enlace con otras noticias relacionadas:
Soldados israelíes confiesan asesinatos de palestinos durante agresión a Gaza
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?21669
Israelíes confiesan asesinatos y vandalismo durante agresión a Gaza
http://www.prensa-latina.cu/article.asp?ID={A68C72D5-E149-43D5-8FAC-F2F0FE32030F}&language=ES
ONU aprueba condena contra Israel por su ofensiva a la Franja de Gaza
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=164806&lee=16.
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SE MULTIPLICAN LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LOS MILITARES EN MEXÍCO.-
Comunicado de organizaciones defensoras de los derechos humanos, Washington, 20 de marzo 2009.
Las quejas contra el Ejército mexicano por violaciones de derechos humanos se sextuplicaron en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón, reveló un estudio presentado hoy por seis organizaciones civiles mexicanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior tiene lugar en el marco de un incremento drástico del uso del Ejército para el combate al narcotráfico.
Según los datos obtenidos por estas organizaciones a través de solicitudes de acceso a la información, el número de quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional se ha incrementado de 182 en 2006 a 1.230 en 2008 . Las quejas incluyen cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, torturas, y en 28 casos, según notas periodisticas, las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares culminaron en muertes.
“Venimos a esta comisión para demostrar el daño colateral de implicar a las fuerzas armadas en lucha contra el narcotráfico”, dijo Juan Carlos Gutiérrez Contreras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. “Parte del problema, es que estas quejas casi nunca son investigadas o son llevadas al fuero militar, en donde el Ejército se convierte en juez y parte, lo que desde luego propicia la impunidad”, puntalizó.
Según el reporte, en los últimos dos años, la Procuraduría Militar ha consignado menos de una de cada diez averiguaciones previas abiertas en contra de soldados por delitos cometidos contra civiles. No se sabe de ninguna sentencia condenatoria en el sexenio actual para violaciones graves a los derechos humanos.
“Todos los días escuchamos alguna queja contra el Ejército nueva, muchas muy graves como violaciones sexuales e incluso ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, nunca hemos escuchado que alguien del Ejército haya sido sentenciado por alguna de estas quejas”, dijo Luis Arriaga Valenzuela del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez".
Las experiencias documentadas por las organizaciones mexicanas en las que la Procuraduría de Justicia Militar asume la competencia sobre una supuesta violación a los derechos humanos arrojan un saldo nulo en cuanto al acceso a la justicia por parte de las víctimas. La aplicación de la jurisdicción militar a los casos de derechos humanos se debe, particularmente, a que el texto del Código de Justicia Militar mexicano transgrede otros bienes jurídicos más allá de la disciplina militar, incluso las violaciones de derechos humanos. Así, esta legislación permite que cualquier delito cometido por militares, sin importar cuál sea el bien jurídico afectado, sea investigado por la procuraduría castrense y juzgado por los tribunales del mismo ámbito.
“El texto del Código de Justicia Militar debe ser modificado, porque implica una ampliación indebida del alcance de la jurisdicción militar sobre violaciones de derechos humanos,” dijo Luis Miguel Cano de Fundar.
“El sistema de justicia militar mexicano carece de independencia e imparcialidad por su propia estructura, al ser un sistema de justicia penal dependiente del Poder Ejecutivo, con jueces y otros funcionarios nombrados por y al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que puede decretar el desistimiento de la acción penal por razones discrecionales.”
En el pasado la CIDH ha emitido recomendaciones específicas al Estado mexicano ordenando que las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean llevados a cabo en la jurisdicción penal ordinaria mexicana y no en la jurisdicción militar. Sin embargo, el Estado mexicano no ha tomado las medidas correspondientes para asegurar que la jurisdicción castrense se abstenga de conocer de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares.
Las siguientes organizaciones formaron parte hoy de la audiencia ante la CIDH y presentaron un documento con la información resumida en este comunicado a los comisionados que integran esta Ilustre Comisión.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez"
Fundar
Centro por la Justicia y el Derecho Internaciona, CEJIL
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Red Todos los Derechos para Todos y Todas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria"
Para más información contactar a:
direccion@cmdpdh.org; comunicacion@cmdpdh.org.
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