| ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LA APDHA.-
Delegación de Granada
JORNADAS DE TRABAJO SOBRE LOS ROM (GITANOS DE EUROPA DEL ESTE)
8-9 de mayo en el Centro Socio Cultural Andaluz de Granada
Organizan: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Gitana Anaquerando y Fundación Secretariado Gitano
Colaboran: CICODE y Caja Rural
Programa: http://www.apdha.org/media/diptico_rom_granada09.pdf
Más información: Tfno. 958520023; Mail: jornadasromgranada@gmail.com
Delegación de Málaga
XV JORNADAS SOBRE INMIGRACIÓN
Otras formas de entender la inmigración: alternativs para la convivencia
Plataforma de Solidaridad con los/las Inmigrantes de Málaga, de la que forma parte la APDHA
8 y 9 de mayo en el Centro de la Mujer de la Diputación Provincial de Málaga. C. Carretería 60
Para recibir el programa y recabar información:
APDHA delegación de Málaga
c. Juan de la Encina, nº43 cp. 29013 Málaga
Telefono: 952268903; Email: malaga@apdha.org
Delegación de Huelva
MIS DERECHOS Y MIS DEBERES EN EL TRABAJO
Del 27 de abril al 8 de Mayo
Campaña de difusión “Mis derechos y mis Deberes en el trabajo” para mujeres Inmigrantes de Huelva y provincia.
Ante las numerosas situaciones de abuso hacia las trabajadoras extranjeras que la Apdha Huelva viene detectando desde hace tiempo, se ha elaborado un díptico informativo que estamos difundiendo en Huelva y provincia.
Delegación de Cádiz
VÍCTIMAS DE LA CRISIS
Coincidiendo con un acto organizado por el Ayuntamiento de Cádiz sobre la familia el pasado martes día 5, representantes de APDHA y otras organizaciones se solidarizaron con un matrimonio que llevan varios días en las puertas de dicha institución al haber sido desahuciados por no poder pagar el alquiler. Las organizaciones aprovecharon para exigir a las administraciones un compromiso firme de priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión. Reproducimos el comunicado entregado en el acto
Víctimas de la crisis
En las puertas del Ayuntamiento de Cádiz, llevan varios días Juan José y Rocío, un matrimonio gaditano, con tres hijos, al haber sido desahuciados por no poder pagar la vivienda en la que vivían en régimen de alquiler.
Juan José trabajaba eventual en una empresa galvanizadora de Jerez, pero ya no le dan trabajo y perdió el techo donde cobijarse. Los tres niños viven a expensas de la abuela. Y los servicios sociales de las diferentes administraciones han sido incapaces de ofrecerles una solución, se han dedicado, según sus palabras, a “marearles la perdiz”.
Pero el caso de Rocío y Juan José no es único. Es sólo la punta del iceberg de muchos otros que vienen dándose en Cádiz y la provincia.
Las cifras del paro son graves en toda España. En Cádiz son escalofriantes. Los índices de exclusión social, como ponen de manifiesto los informes de la APDHA, los más altos del país. Y la crisis no hace sino agravarlos, como ha denunciado reiteradamente Cáritas.
No podemos permitir que estas personas, como otras tantas, se incorporen a la larga lista de los "sin techos" de nuestras plazas y cajeros. No es de recibo que mientras las víctimas de la crisis arrastren su tristeza y desesperación por las calles, los culpables de la misma, los que se enriquecieron a costa de todos, los especuladores sin escrúpulos, no asuman ninguna responsabilidad, nadie les enjuicie y sigan tan tranquilos en sus casas y villas de recreo.
Y no sólo eso. Hasta hace un año decían los responsables políticos que no había recursos suficientes para acabar con la pobreza y la exclusión, ni siquiera para atender malamente las necesidades sociales de la población. Sin embargo hoy el gobierno entrega cantidades asombrosas a los bancos, principales responsables de la crisis, que ni siquiera la usan para reactivar la economía, en tanto siguen publicitando beneficios indecentes.
Ante esta situación no nos queda más remedio que denunciar públicamente la falta de voluntad política por parte de todas las administraciones para ayudar a los más necesitados, pues no era una cuestión de falta de recursos. Tampoco parece que lo sea en Cádiz, el Cádiz de las Cortes del Derecho y las Libertades.
Por ello exigimos a todas las administraciones que adquieran un compromiso firme de priorizar la lucha contra la pobreza y la exclusión. Y por ello de atender las situaciones que como la de Juan José y Rocío, se plantean en nuestra ciudad un día sí y otro también. La vivienda y el empleo digno no son cuestión de asistencia o de solidaridad. Son un derecho que todos debemos contribuir a que se respete
- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, delegación de Cádiz
- Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril
- Comisión Diocesana de Justicia y Paz
- Secretariado Diocesano de Pastoral obrera
- Partido Andalucista
- Cáritas Diocesana de Cádiz
- Izquierda Unida
- Equipo parroquial de Pastoral obrera de San Lorenoz-Divina Pastora
- HOAC
Cádiz 5 de mayo 2009
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LA AEDH SE MOVILIZA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2009.-
AEDH. Bruselas 28 de abril 2009.
Los próximos 7, 8 y 9 de junio, los ciudadanos europeos elegirán a sus representantes en la Unión. El Parlamento Europeo, compuesto por 785 diputados, es el único órgano europeo elegido por sufragio universal directo. Esta es la voz ciudadana en el proceso legislativo comunitario.
Con este motivo, la AEDH preparó una serie de "fichas" en forma de cuestiones/respuestas sobre temas clave, vinculados a los derechos humanos, los pone a disposición de sus miembros. Invita así a la ciudadanía y residentes de la Unión Europea a llamar la atención de los candidatos a las elecciones europeas sobre estas cuestiones sensibles:
1. Política europea en cuanto a asilo
2. ¿Se puede encerrar a migrantes en centros de retención solo porque están sin permiso de residencia?
3. ¿Se puede elegir a sus migrantes?
4. ¿Piensa que la conservación obligatoria de los datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas por los proveedores de servicios para que puedan transmitirse a petición de las autoridades policiales, es una medida necesaria contra el crimen organizado?
5. ¿La constitución de ficheros biométricos y ADN bajo pretexto de garantizar la seguridad se puede hacer a costa de la vida privada y de las libertades individuales? 6. Modelo social europeo
7. ¿La garantía de los derechos sociales de los migrantes en la Unión Europea pasa por la ratificación del Convenio Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes, que emprenderá para este tema?
8. ¿El acceso a los Servicios de Interés General (SIG) debe considerarse como un derecho fundamental?
9. ¿Estáis a favor de que el fundamento de la ciudadanía europea sea la residencia? 10. Democracia e instituciones europeas
11. ¿La lucha contra el terrorismo justifica un ataque a las libertades individuales?
12. Sin perjuicio de las legislaciones nacionales relativas al acceso al matrimonio, cuando el derecho nacional reconoce el matrimonio entre dos personas del mismo sexo o que medidas de relaciones no matrimoniales son comparables al matrimonio, ¿está a favor de la aplicación del principio de igualdad de trato entre los nacionales de los países miembros de la Unión Europea?
13. ¿Un sistema común de protección de las minorías le parece necesario?
14. ¿Le parece necesario Un trato específico destinado a combatir las discriminaciones de las cuales son víctimas los Roms?
15. ¿Está preparado/a para apoyar el principio de una ley marco para tratar el problema de las violencias hechas a las mujeres según un enfoque global o integrado?
16. ¿Está preparado/a para apoyar el derecho a elegir dar la vida, como libertad para todas las mujeres de Europa y como derecho fundamental de las mujeres?
La respuesta que debe darse a estas cuestiones está en sus manos.
A partir de hoy, llamen la atención de sus candidatos y haga pleno uso de su poder de ciudadano.
En el Infoapdha iremos publicando paulatinamente estas fichas en forma de pregunta-respuesta.
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CARTA ABIERTA A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES EUROPEAS.-
Migreurop, 5 de mayo 2009
Desde su creación en el 2002, Migreurop denuncia los efectos de las políticas de la Unión Europea (UE) que hacen del encierro de los extranjeros un instrumento esencial de las políticas de gestión de los flujos migratorios. En si misma, debe ser cuestionada la privación de libertad de personas que no cometieron otros delitos que él de intentar vivir o sobrevivir en otro país que el suyo. Los lugares de detención constituyen por otro lado espacios de deshumanización, en los cuales son señalados numerosos abusos, vulneraciones de los derechos de las personas y actos de violencia. Las recientes revueltas en unos centros de detención para extranjeros en Malta, en Italia, en Francia deberían alertar sobre la situación de las personas que están allí encerradas. En lugar de esto, las políticas europeas tienden a la institucionalización de los sistemas de encierro y de expulsión de los extranjeros dentro de la UE y más allá.
Mientras el Parlamento Europeo tenía - por primera vez en el ámbito de las migraciones y del asilo - la posibilidad de frenar este proceso, la adopción de la directiva "retorno", en 2008, marcó un nuevo retroceso de los derechos fundamentales en la UE, erigiendo el internamiento en modo "normal" de gestión de las poblaciones migrantes.
Sin embargo, el Parlamento, en su informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE (2004-2008) adoptado el 14 de enero del 2009 en sesión plenaria en Estrasburgo, se declaró preocupado por la multiplicación del número de centros de retención para extranjeros en los Estados miembros y en sus fronteras, así como por las frecuentes violaciones de los derechos humanos en estos centros y por la inclusión de cláusulas de readmisión en la mayoría de los acuerdos concluidos con países terceros, conduciendo a una externalización creciente de la política migratoria de la UE.
Ante la multiplicación de los lugares de encierro, ante su trivialización y la potenciación de los sistemas de detención y de expulsión de los extranjeros, Migreurop llama los futuros candidatos a las elecciones europeas a comprometerse a ejercer plenamente su papel en materia de control democrático en el marco del procedimiento de co-decisión.
Las elecciones europeas son así la ocasión, para Migreurop, de pedirles a los candidatos a las elecciones europeas de comprometerse:
- a bloquear la adopción o impedir la puesta en ejecución de dispositivos de controles de los flujos migratorios que conducen a violaciones de los derechos de las personas;
- a romper con las tendencias represivas y de seguridad de las políticas europeas de control de los flujos migratorios, pidiendo particularmente la retirada de la directiva “retorno” y la supresión del encierro de los migrantes en situación irregular y de los solicitantes de asilo
- Por ahora, y como mínimo, a inscribir en su programa las reivindicaciones de la campaña "Por un derecho de fiscalización en los lugares de encierro": creación para la sociedad civil de un derecho de acceso efectivo a los lugares de encierro de los extranjeros, instauración de un mecanismo de control independiente de estos lugares, garantía para los migrantes detenidos de un acceso efectivo a un sistema de defensa de sus derechos, independiente de las autoridades nacionales.
http://www.migreurop.org/rubrique268.html
- Por ahora, y como mínimo, a inscribir en su programa las reivindicaciones de la campaña de información sobre los acuerdos de readmisión: cese de las negociaciones y supresión de los acuerdos de readmisión en los países de origen y/o de tránsito de las personas expulsadas, supresión de las cláusulas de readmisión en las negociaciones más amplias que se refieren al desarrollo o la migración legal; solicitud de información y de implicación del Parlamento Europeo en las negociaciones de estos acuerdos, informe regular sobre la situación de las personas expulsadas de la UE en base a estas cláusulas.
http://www.migreurop.org/article1348.html
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EXPULSADOS DE SU PATRIA-
Gema Martín Muñoz. El País, 30 de abril 2009
En este mes de abril se cumplen exactamente 400 años del decreto de expulsión de los moriscos españoles firmado por Felipe III. Es éste un episodio trascendental en la historia de España, cuya realidad pasada no debe escapársenos para hacer una lectura actual. Aquella experiencia de intolerancia, fanatismo y racismo sociocultural y religioso está escasamente presente en nuestra memoria colectiva e histórica. Por ello, junto a la de los judíos, esta otra expulsión, cuantitativamente mayor pero menos divulgada, ha de ser recuperada para la memoria como algo que nunca debería volver a ocurrir. Este abril de 2009 en que se cumple su IV centenario brinda pues la ocasión para crear una nueva conciencia y sensibilidad sobre esas oscuras páginas de nuestro pasado.
Desde la toma de Granada, la ideología oficial española se vio dominada por la contraposición entre el cristiano y el moro. Lo ajeno se definía como musulmán y extranjero de acuerdo con el concepto de unidad, es decir, homogeneidad cultural y religiosa, que la nueva España católica instauraba. El morisco antes de ser definitivamente expulsado en el siglo XVII fue discriminado y perseguido, o víctima propiciatoria de todos los males que afectaban al país. Como escribía Juan Goytisolo en sus Crónicas Sarracinas, "el enemigo musulmán se convirtió durante siglos en una suerte de revulsivo destinado a cohesionar los esfuerzos de una cristiandad que, en virtud de la cercanía y empuje de aquél, se sentía directamente amenazada".
Descendientes de los andalusíes musulmanes que los Reyes Católicos forzaron a la conversión cristiana para poder seguir viviendo en su país, esta minoría siguió siendo vista con sospecha y definida como "inasimilable". Los moriscos se consideraban a sí mismos españoles en un sentido amplio y profundo, pero la sociedad hizo de ellos una minoría marginada y perseguida porque se dudaba de su fidelidad hispana y sinceridad cristiana. La pervivencia de costumbres, tradiciones, modos lingüísticos y una literatura aljamiada (castellano escrito con grafía árabe), en lugar de considerarse como uno más de los ricos regionalismos culturales existentes en los diversos reinos españoles, se valoró como la expresión de una quinta columna amenazadora y extraña a una españolidad liderada por un aparato represor inquisitorial.
La expulsión no fue un hecho exigido por la dinámica interna de nuestra historia, ni ocurrió como consecuencia de una presunta fatalidad histórica. Fue un acto de odio civilizacional y religioso, liderado por la propia esposa del monarca, Margarita de Austria, algunos consejeros del rey que les consideraban un peligro militar y para la seguridad, por los fanáticos de la pureza de sangre y por ciertas personalidades eclesiásticas, como el arzobispo de Valencia Juan de Ribera, si bien el Papa, Paulo V, no aprobó la expulsión y aconsejó que se continuase su catequización.
Entre las exageraciones de la escuela minimalista y maximalista, la opinión historiográfica más consensuada habla de 300.000 expulsados, más unos 10.000 o 12.000 muertos en el proceso de destierro, lo que equivalía más o menos a un 4% de la población total española. Este porcentaje tenía, además, un gran valor cualitativo porque en su mayoría constituía una población activa muy laboriosa que dominaba como ninguna otra las artes agrícolas, el uso del agua y aportaba importantes dividendos a las arcas estatales y de los nobles terratenientes.
De ahí que las consecuencias demográficas y económicas de su expulsión fueran graves y en algunos casos catastróficas (como en los reinos de Valencia y Aragón, donde constituían la tercera y sexta parte de la población, respectivamente), y en general una pérdida sustancial de vitalidad económica y demográfica para España.
Fue, sin duda, un factor de peso, aunque no el único, en la aguda recesión española del siglo XVII. Esta preocupación material y práctica, junto a otras circunstancias de tipo humanitario, motivó resistencias y desacuerdos con la decisión de la expulsión, dándose intentos de evitarla o no cumplirla. Calcular cuántos se quedaron o incluso volvieron clandestinamente tras la expulsión ha sido muy difícil de evaluar. No obstante, existen fuentes documentales suficientes para considerar que el componente morisco no desapareció en España a consecuencia de la expulsión.
Los moriscos españoles se desperdigaron por el Mediterráneo, e incluso por el continente americano y el África subsahariana (como Yuder Pachá, originario de Almería, y cuya influencia política y cultural llegó hasta Tombuctú), pero donde sin duda se instaló la mayor parte fue en la costa magrebí (Marruecos, Argelia y Túnez). Allí llevaron su rico componente cultural español, su sabiduría agrícola y ganadera, su patrimonio artístico, sus apellidos hispanos, y sus huellas quedan hasta hoy día visibles.
Sin embargo, su adaptación no fue fácil. El desarraigo y las dificultades para acostumbrarse a un mundo muy distinto del que venían les llevó tiempo y esfuerzo. Y no siempre fueron bien recibidos. Ellos eran españoles, y su lengua, costumbres, modo de vida e incluso práctica religiosa (unos se habían convertido en verdaderos cristianos y los que habían conservado secretamente su vínculo con la fe islámica la practicaban de manera más simple o imperfecta) distaban mucho del medio norteafricano al que llegaban deportados.
Una experiencia que, en conclusión, nos muestra el sufrimiento humano que la intolerancia puede generar cuando se esencializa colectivamente, para demonizarlo, a todo un grupo social, étnico o religioso; cuando se le erige en un "otro" global amenazante y se le deshumaniza para poder desembarazarse de él sin preocupaciones éticas ni humanitarias.
Como decía recientemente el escritor José Manuel Fajardo, "el Cuarto Centenario de la expulsión de los moriscos debería jugar el mismo papel que desempeñó en 1992 la conmemoración de la expulsión de los judíos: una ocasión para reconciliar a la sociedad española con su propia Historia" (EL PAÍS, 2 de enero de 2009). Y, más aún, cuando en los momentos actuales se experimenta un proceso creciente de desencuentro entre lo islámico y lo occidental, reproduciéndose estereotipos y prejuicios que recuerdan cómo se construyen discursos en torno a la incompatibilidad, la inasimilación y la amenaza, que después pueden justificar discriminaciones, exclusiones e intolerancias colectivas.
En la actualidad, entre los "miedos sociales" que se han ido extendiendo en los países occidentales la figura del "musulmán" se encuentra como una de las más prominentes. En consecuencia, las opiniones públicas y el sentimiento social se han centrado en la necesidad de defenderse "preventivamente" de la presencia de musulmanes en nuestro suelo.
Así, desde 2002, y de manera creciente, todas las encuestas sociológicas, nacionales e internacionales, muestran un sentimiento de rechazo hacia los musulmanes y una estrecha vinculación entre terrorismo e inmigración musulmana. Un factor muy significativo es el hecho de que los partidos de extrema derecha que se van arraigando en los diferentes países europeos han evolucionado desde sus posiciones globales xenófobas a especializarse en un discurso explícitamente antimusulmán. Con ese discurso promueven los sentimientos islamófobos a la vez que, a diferencia de la xenofobia global, lo filtran con más legitimación social, apoyándose en los prejuicios e imaginarios negativos con respecto al islam y los musulmanes. Los riesgos, pues, de intolerancia colectiva contra la identidad musulmana por lo que es y no por lo que algunos de sus individuos hacen, sin que representen al todo, nos puede llevar a situaciones de exclusión, intolerancia y racismo.
Por ello, nuestros moriscos, y su tragedia, pueden aún rendir un inapreciable servicio simbólico a favor de la recuperación de la memoria y la comprensión de las consecuencias humanas que representan las indeseables demonizaciones colectivas que ha vivido nuestra historia.
Gema Martín Muñoz es directora general de Casa Árabe..
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LA MUJER IRAKÍ SUFRE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA SISTMÁTICAS.-
Europa Press, 02 de mayo 2009
Las mujeres de Iraq "soportan discriminación y violencia sistemáticas, dirigidas específicamente contra ellas debido a su género", según denunció un informe de la organización Amnistía Internacional (AI), en el que destacó el hecho de que la legislación iraquí admita los "motivos de honor" como atenuante en los casos de asesinato y exima de responsabilidad penal los castigos a mujeres por parte de sus maridos, padres y profesores que se ajusten a la ley islámica (sharia) y a la costumbre.
Las mujeres sufren agresiones en la calle a manos de hombres, todos con la voluntad común de imponer el uso del velo y la segregación y la discriminación en razón del género", denunció AI. "Los grupos armados islamistas se han atribuido agresiones contra mujeres y han intentado justificarlas señalando que las víctimas no se comportaban del modo en que ellos consideran que debe hacerlo una mujer", prosiguió.
Asimismo, "como en muchos otros países del mundo, las mujeres iraquíes sufren también violencia a manos de sus padres, hermanos y otros familiares, particularmente si pretenden decidir por sí mismas cómo hacer su vida", aseguró la organización.
Seis años después del derrocamiento del presidente Sadam Husein, según Amnistía, los legisladores iraquíes no han reformado aún leyes que, en la práctica, aprueban e incluso facilitan la violencia contra mujeres y niñas. "El Código Penal, por ejemplo, dispone que el hombre declarado culpable de asesinato que alegue como circunstancia atenuante haber matado por motivos de honor puede ser condenado a sólo seis meses de prisión", denunció la organización en el informe.
La legislación permite también que, en la práctica, los hombres utilicen la violencia contra sus esposas. Concretamente, exime de responsabilidad penal "el castigo de una mujer por parte de su esposo y el castigo por parte de padres y profesores de menores bajo su autoridad dentro de ciertos límites prescritos por el derecho islámico, por ley o costumbre".
Debido a ello, según AI, es frecuente que la Policía no detenga a los hombres acusados de ejercer violencia contra mujeres de su familia, y en las raras ocasiones en que lo hace y el detenido es juzgado ante un tribunal, el juez puede imponerle un condena leve, incluso si ha asesinado a la mujer. "Esta práctica transmite un terrible mensaje a todas las mujeres de Iraq: pueden matarlas y golpearlas con impunidad", denunció Amnistía.
Es el caso de Rand Abd al Qader, de 17 años, quien murió en Basora el 16 de marzo de 2008. Según Amnistía, fue asesinada por su padre, con la ayuda, al parecer, de dos de sus hermanos, por haber entablado amistad con un soldado británico destacado en la ciudad iraquí.
Abdel Qader Ali, quien admitió que había matado a su hija, fue interrogado en una comisaría de Policía Local. Posteriormente declaró a un periódico británico que los agentes habían comprendido sus motivos y lo dejaron en libertad al cabo de dos horas. Aún no se han presentado cargos contra él ni ha sido juzgado.
Leila Hussein, la madre de Rand Abd al Qader, denunció el asesinato y abandonó a su esposo. Lo hizo con ayuda de una organización local de mujeres. Según AI, Abdel Qader Ali "es uno de los muchos hombres que han cometido delitos violentos contra mujeres en Iraq y que nunca han sido llevados ante la Justicia porque las autoridades no están dispuestas a realizar las debidas investigaciones ni a castigar a los culpables".
Otro caso es el de Leila Hussein, asesinada el 17 de mayo del año pasado en plena calle, en Basora. Los autores de los disparos, que causaron heridas a dos mujeres que la acompañaban en ese momento, aún no han sido identificados por las autoridades.
"Estos dos casos ilustran la situación de las mujeres en Iraq, incluida la región autónoma de Kurdistán", aseguró AI. "Las mujeres soportan discriminación y violencia sistemáticas, dirigidas específicamente contra ellas debido a su género", advirtió.
En Kurdistán, el gobierno regional ha tomado, no obstante, algunas medidas positivas en los últimos años, según la organización. La Ley 14 de 2002 reformó el Código Penal iraquí para eliminar la disposición relativa a los "motivos de honor" en caso de delitos contra mujeres bajo la jurisdicción del gobierno regional de Kurdistán, y se han creado unidades especiales dentro de la Policía para abordar la violencia contra la mujeres en la zona.
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PROFESIONALES SANITARIOS.-
Antonio Vergara. Diario de Cádiz, 4 de mayo de 2009
Durante todo el período de formación de pregrado de las profesiones sanitarias, ahora y desde siempre, el currículum fundamental consiste en un aprendizaje exhaustivo de conocimientos biológicos, fisiopatológicos, de medios diagnósticos y terapéuticos para tratar las enfermedades ya existentes. Es decir, es una formación casi exclusiva de profesionales sanitarios asistencialistas. Los fundamentos son científicos y con un rigor aceptable ya que se ha impuesto la evidencia, mediante estudios correctamente diseñados, como método para aportar novedades en algunos de estos terrenos. Con este modelo se consigue que los estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud terminen con un bagaje científico-técnico teórico más que aceptable. En todos los contenidos de la formación de postgrados, sobre todo en las especializaciones, se profundiza con el mismo esquema, con total protagonismo para la práctica clínica, por lo que los profesionales sanitarios especializados españoles culminan estos períodos formativos con un nivel técnico excelente, lo que hace que tengan en estos momentos un prestigio fuera de nuestras fronteras muy elevado. Y todo esto nos parece estupendo y reconfortante pero existen importantes matices que queremos destacar.
En todos estos períodos formativos existe poco interés por cuestiones fundamentales. El concepto de Salud no se basa sólo en la ausencia de enfermedad sino en un bienestar físico, psíquico y social. La Salud está condicionada por determinantes sociales en relación con el trabajo, la vivienda, la alimentación, la educación, etc. Esto significa que no están implicados sólo los recursos sanitarios. Además la salud de la población no se consigue exclusivamente con una actividad asistencial, aunque sea de un nivel óptimo, sino con el desarrollo prioritario de la Salud Pública y de la Epidemiología Social. La clave reside en que las desigualdades sociales generan problemas graves de salud. Este modelo, con esa estrategia, vincula las políticas a las necesidades de la población, detectadas mediante estudios realizados por especialistas no asistenciales, y no por ello menos importante para conseguir niveles de salud para los ciudadanos.
Pero además, tampoco se hace ningún hincapié en formar a los profesionales sanitarios en que las organizaciones que colaboran en estos proyectos de conseguir Salud, son los Sistema Sanitarios y que no todos son iguales. Existen algunos con gran desarrollo técnico y dirigidos exclusivamente a la asistencia y que además en sus planteamientos iniciales no desean atender a todos sino sólo a los que tengan suficiente nivel económico para costear los gastos que tengan cada proceso (que suelen ser muy elevados). Otros sistemas, sin embargo, están diseñados para conseguir el derecho universal a la salud de todos los ciudadanos de un país, independientemente de su nivel económico, raza o religión. Los profesionales sanitarios que cada sistema necesita son distintos.
Nosotros abogamos por el Sistema Nacional de Salud, universal, gratuito, equitativo y solidario (financiado con fondos públicos) por ser el único instrumento que tienen los más desfavorecidos para intentar conseguir niveles de salud aceptables. Por lo tanto, la formación de los profesionales que este sistema necesita obliga a incluir los conceptos antes mencionados en su formación. Así se pueden conseguir, no sólo nivel técnico, sino también compromiso social en el desarrollo profesional. Estamos convencidos que esto último es el mejor incentivo para eludir el síndrome del quemado.
Aprovechamos la ocasión para felicitar al Area de participación social y voluntariado (Acción Social y Solidaria) de la Universidad de Cádiz por la iniciativa de organizar las jornadas sobre Etica profesional y compromiso social en la rama biosanitaria y, por otro lado, comunicar que nuestra organización va a organizar las IX jornadas sobre Desigualdades Sociales y Salud, el próximo día 23 de mayo en la Facultad de Económicas (antiguo hospital de Mora) a las que estáis todos invitados.
Antonio Vergara es de la Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía
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HIPOTECAS FRAUDULENTAS.-
Gerardo Pisarello y Jaume Asens. - Diario Público 5 de mayo 2009
Un banquero –dejó escrito Mark Twain– es alguien que te presta un paraguas cuando hay un sol radiante y te lo exige de vuelta apenas comienza a llover”. Para miles de familias, la frase describe una realidad dramática pero inapelable. Hace años, optaron por la compra como vía de acceso a una vivienda segura y se endeudaron comprometiendo una parte sustancial de sus ingresos. Una mañana se despertaron con un aumento intempestivo de los intereses hipotecarios y una pérdida de valoración de sus pisos. Hoy, por mucho que el Euríbor baje, son cada vez más los que, además de perder su empleo, corren el riesgo de quedarse sin vivienda, manteniendo, para colmo, su deuda con bancos y cajas. ¿A quién debería responsabilizarse por esta kafkiana situación?
Para cierto sentido común, la decisión de hipotecarse era una decisión libre que obliga a quien la adoptó a asumir todas las consecuencias. Sin embargo, este razonamiento subes-
tima el peso que en esta decisión tuvo la deliberada apuesta institucional por la compra y la práctica inexistencia de otras vías razonables de acceso al derecho a una vivienda que no fueran en régimen de propiedad. A pesar, en efecto, de haber construido mucho más que la mayoría de estados europeos, el español es uno de los que menos ha dedicado a incentivar formas de tenencia alternativas a la propiedad privada, como el alquiler o la cesión de uso. Estimuladas por desgravaciones fiscales y ventajas de todo tipo, muchas personas pensaron, no sin razones, que la compra era la única opción de acceso a una vivienda segura. Inmobiliarias, bancos y cajas, simplemente, se aprovecharon de esta política para la que alquilar era una forma de “tirar el dinero” y dedicaron todo su aparato de propaganda a impulsar el sobreendeudamiento destinado a la compra.
Quienes contrajeron los créditos –es verdad– no eran totalmente ajenos a los riesgos que estos entrañaban. Pero no es menos cierto que los contratos celebrados con las entidades financieras tenían con frecuencia la fisonomía clásica de los contratos por adhesión, caracterizados por una fuerte asimetría en la información disponible por las partes y por la inclusión de cláusulas notoriamente abusivas. La lista de irregularidades es amplia: sobrevaloración de los pisos con el objeto de inflar el precio y aumentar la deuda; contratación obligada de seguros caros e inútiles; utilización de avales cruzados entre los mismos deudores; cobro de intereses variables referenciados al Euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada sobre los posibles aumentos en la hipoteca. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo a los que todo sistema crediticio razonable debería someterse.
A pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas, lo llamativo es que el índice de morosidad de las familias ha permanecido, al menos hasta ahora, increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el estallido de la crisis han apelado sin remilgos al socorro público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Y, cuando han dejado de hacerlo, la respuesta de las entidades crediticias ha sido fulminante: o el pago, o el desahucio; o la bolsa, o la vida. Según el Consejo General del Poder Judicial, a lo largo de 2009 unas 84.214 unidades familiares pueden perder sus viviendas en procesos de ejecución hipotecaria. Con un agravante: dada la desvalorización sufrida por los pisos, es posible que quien los pierda quede debiendo dinero a la entidad que astutamente lo endeudó. Comparada con su activo compromiso con las entidades financieras, la respuesta oficial frente a la crítica situación de los afectados ha sido ofensiva. La moratoria ofrecida por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no cuestiona el aumento abusivo de intereses y ni siquiera es obligatoria para los bancos. Que hasta el momento sólo se hayan acogido a ella unos pocos centenares de personas es una prueba clara de sus límites.
Con este panorama, no es de extrañar que los propios perjudicados hayan decidido, poco a poco, pasar a la ofensiva.
Algunas plataformas, como Ahorcados por la hipoteca (www.anticrisis.es), en Madrid, y Afectados por la hipoteca (www.afectadosporlahipoteca.blogspot.com), en Barcelona, han puesto sobre la mesa algunas exigencias elementales: paralización de los desahucios –tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas– hasta que se haya encontrado una solución a su situación; garantía a los afectados del acceso a la justicia gratuita para defenderse de los procesos de ejecución; regulación de la dación en pago, de manera que si el banco se queda la vivienda, la deuda quede saldada, como de hecho ocurre en otros países de la Unión Europea y en Estados Unidos; expropiación o compra a un precio justo del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia con el objeto de destinarlas a un parque público de viviendas de alquiler; y realización de una auditoría pública sobre el funcionamiento real del mercado hipotecario.
Los contratos, reza el adagio clásico, se celebran para cumplirse. Sin embargo, si las cláusulas pactadas resultan fraudulentas o esconden un uso abusivo de la información disponible, no es de recibo exigir el cumplimiento de las condiciones originarias. Mucho menos cuando dichas irregularidades han sido alentadas, por acción y omisión, por las propias políticas públicas. Defender a quienes tienen hipotecas impagables, al igual que a quienes disponen de un alquiler precario o carecen de techo, no es una apelación a la caridad. Es una cuestión de justicia, basada en la necesidad de remover la especulación pública y privada de nuestras sociedades y de actualizar el derecho de todos a una existencia digna.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son Miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Barcelona
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MARRUECOS: NUEVAS ACUSACIONES CONTRA EL ACTIVISTA DETENIDO.-
Human Rigths Watch. 1 de mayo 2009
Cheik el-Khayari permanece encerrado, después de más de 10 semanas, tras sus críticas a la política de drogas.
“Está muy claro que los nuevos cargos contra el-Khayari parecen un nuevo intento de callar las críticas sobre las materias políticamente sensibles e intimidar a otros activistas. El procesamiento de el-Khayari muestra que, a pesar de la reputación marroquí de ser una sociedad civil próspera y abierta, las autoridades están aún dispuestas a encerrar a aquellos activistas que crucen ciertas líneas rojas.
Sarah Leah Whitson, directora de Human Rights Watch (HRW) en el Oriente Medio y África del Norte.
Las continuas detenciones de Chekib el-Khayari muestran los límites a la tolerancia marroquí con respecto a las críticas, según afirmaron desde HRW. El activista por los derechos humanos e informador, de la ciudad septentrional de Nador, sufre detención preventiva desde hace más de 10 semanas.
El 23 de abril de 2009, el Khayari se personó ante el juez instructor, Jamal Serhane, para la primera comparecencia judicial desde su arresto el 18 de febrero. En la comparecencia, el Khayari se defendió a sí mismo de las acusaciones de haber “ofendido gravemente” a las instituciones estatales marroquíes al criticar las poco estrictas políticas de prohibición de drogas. En esta comparecencia también supo que el Fiscal ha formulado tres nuevos cargos contra él, relacionadas con infracciones menores sobre normativas de aduanas y divisas que datan de 2006.
“Está muy claro que los nuevos cargos contra el-Khayari parecen un nuevo intento de callar las críticas sobre las materias políticamente sensibles e intimidar a otros activistas” dijo Sarah Leah Whitson, directora de HRW en Oriente Medio y África del Norte. “El procesamiento de el-Khayari muestra que, a pesar de la reputación marroquí de ser una sociedad civil próspera y abierta, las autoridades están aún dispuestas a encerrar a aquellos activistas que crucen ciertas líneas rojas.”
Antes de su arresto, el Khayari ha realizado numerosas afirmaciones a los medios internacionales y conferencias en Europa en las que ha cuestionado la diligencia de las autoridades marroquíes para impedir el contrabando de drogas ilegales del norte de Marruecos a Europa. El Khayari también es un activista por los derechos Bereberes. Ha puesto de relieve el trato inhumano que reciben de las fuerzas de seguridad marroquíes los migrantes de otros países que tratan de entrar en Europa de forma irregular. Así mismo, ha criticado el trato que reciben los propios ciudadanos marroquíes de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes en las proximidades a la frontera con Melilla.
Los abogados de El Khayari dijeron que supieron de las nuevas acusaciones sólo minutos antes de la vista ante la Corte de Primera Instancia de Casablanca. Los cargos hacen referencia a 225 euros que el diario español El País le pagó por un ensayo que fue publicado el 4 de julio de 2006. Se le acusa de tener abierta una cuenta bancaria en Melilla para depositar el cheque de El País y, posteriormente, haber retirado el dinero sin usar un banco marroquí como intermediario o informar a la Oficina de Cambios marroquí.
La fiscalía alega que esas transacciones violan las leyes marroquíes sobre la apertura de cuentas en el extranjero de ciudadanos marroquíes residentes en Marruecos y la transferencia de divisas de los marroquíes en Marruecos, violaciones que pueden suponer penas de hasta cinco años en prisión.
“Haya violado o no esas normas aduaneras, la decisión de acusarlo tanto tiempo después y por una cantidad tan pequeña, sólo sirve para reforzar la impresión de una acusación políticamente motivada”, afirmó Whitson.
Cuando complete su investigación, el juez Serhane recomendará si llevar el caso a juicio y, en consecuencia, cerrar el pliego acusatorio. El ha rechazado liberar a el-Khayari a la espera de juicio. Sin embargo, el tribunal será requerido para liberar a el-Khayari provisionalmente a la espera de juicio el 21 de mayo sino no ha sido aún juzgado puesto que las leyes marroquíes limitan la detención preventiva a tres meses cuando los cargos se refieren a delitos menores, como ocurre en este caso.
El cargo de “ofender gravemente a las instituciones del Estado”, según los artículos 263 y 265 del Código Penal, conllevan penas de un mes a un año de prisión y de 1200 a 500 dirhams (120-500 euros). En la vista del 23 de abril, el-Khayari señaló que él no ha criticado a las instituciones como tales sino a los agentes que no aplican con diligencias las leyes de prohibición de drogas.
En relación a los hechos de este caso, leyes que criminalizan y suponen el encarcelamiento por “ofender gravemente a las instituciones del Estado” son incompatibles con las normas internacionales sobre libertad de expresión, que ponen el acento sobre la necesidad de proteger la libertad para criticar a los políticos y las autoridades estatales.
El juez Serhane ha permitido a los abogados de el-Khayari acceder al expediente completo del caso después de un rechazo inicial. Sin embargo, en una práctica habitual, sólo les ha permitido consultarlo en el tribunal y no les ha permitido realizar fotocopias.
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PATRULLAS, EL RABIT Y VUELOS CHARTER. LOS PLANES DEL FRONTEX PARA EL 2009.-
Gabrille de Grande. 30 de abril 2009
Un sistema permanente de patrulla conjunta de las fronteras externas de la Unión Europea, marítimas, aeroportuarias y terrestres, en medios militares y sistemas electrónicos de vigilancia, y con vuelos charter que hagan escala en varios Estoados miembros, para las expulsiones. Este es el diseño de la agencia comunitaria Frontex según expuso su director, Ikka Laitinen en una comparecencia ante la Comisión Libe del Parlamento Europeo el pasado 27 de abril. Fue, precisamente, la semana en la que, después de la resolución del caso Pinar, partió la operación Nautilus IV en el Canal de Sicilia. Laitinen ha desarrollado un balance de las actividades del Frontex en el 2009 y ha presentado las prioridades para el 2009. Evidentemente, no hubo ninguna referencia al caso de las lanchas con emigrantes hundidas en el mar Egeo por la guarda costera griega, ni a la propuesta de las autoridades alemanas de quitar los víveres y el carburante a las embarcaciones para obligarles a darse la vuelta y, mucho menos, a las graves condiciones de detención de los inmigrantes interceptados en Libia, impresicindible colaborador para las futuras patrullas en el Mediterráneo central.
Según los datos proporcionados por Laitinen, en 2008 entre los ciudadanos de los países no comunitarios interceptados y aquellos rechazados, Frontex ha identificado más de 300.000 personas. De ellos 129.500 fueron rechazados en los aeropuertos y en las fronteras terrestres, 92200 interceptados en aguas del Mediterráneo o el Atlántico y 82600 interceptados, pero no rechazados, en las fronteras terrestres de Grecia (con Albania, Macedonia y Turquia), de Bulgaria (con Turquía) y de Chipre (con la parte turca de la isla). En las fronteras terrestres, los casos de rechazo han sido 56300, sobre todo en la frontera Suiza, la frontera entre Eslovenia y Croacia, la frontera entre Ucrania y Polonia, Eslovaquia y Hungria y la frontera entre Moldavia y Rumania. El 46% de los casos han sido intervenciones efectuadas en las fronteras terrestres de la Unión, el 32% en el mar y el 22% restante en los aeropuertos. Los aeropuertos controlados son, al menos, 115 y las personas devueltas 66.500. Entre los aeropuertos vigilados destacan el de Lisboa, Madrid, Londres, Dublin, París, Roma y Berlin, con una particular atención –de acuerdo a las recomendaciones de Frontex, a los ciudadanos brasileños, marroquíes, bolivianos, indios y argelinos.
Los datos no cuadran.
Según los datos proporcionados al Parlamento europeo por Frontex, la agencia habría interveptado 92200 personas en las aguas del Mediterráneo y del Oceano Atlántico y habría devuelto 6700, en particular desde España. Sin embargo, las cuentas no encajan con los datos de España, Italia, Malta y Grecia que en 2008 han declarado el ingreso por el mar de 67000 personas. A disposición de la agencia europea están, por el momento, 25 helicópteros, 22 aviones, 24 barcos y 89 patrulleras, aunque se espera un incremento de los mismos también por el incremento del presupuesto. De los 70 millones de euros presupuestados en 2008 se pasa a los 83,5 millones para el 2009, aunque las exigencias de Varsovia para el 2010 es de 85 millones, con la idea de un aumento progresivo hasya los 120 millones para el 2013. De esta forma se convertirán en permanentes las misiones de patrulla en el Mediterráneo.
Se especifican cinco puntos neurálgicos: La misión Hera sobre la ruta atlántica hacia las islas Canarias, Minerva e Indalo en el estrecho de Gibraltar y en el Mediterrano Occidental, en las aguas que separan España de Marruecos y Argelia, Hermes entre Argelia y Cerdeña, Nautilus en el Canal de Sicilia y Poseidón en el mar egeo entre Turquía y Grecia.
Por la vía terrestre, para el 2009 la mayor atención se concentrará en la frontera con Turquía, Serbia y Ucrania. Entre las misiones claves, Júpiter sobre la frontera oriental, a lo largo de la frontera con Ucrania –con quien la Comisión Europea ha firmado un acuerdo de readmisión- con Polonia, Eslovaquia y Hungría; Saturno, en los Balcanes Orientales, entre Albania, Macedonia y Grecia y más al este a lo largo de la frontera terrestre entre Turquía, Grecia y Bulgaria. Neptuno, por su parte, controlará la frontera entre Croacia y Eslovenia y entre Serbia y Hungría. Una cuarta misión, más transversal es la Urano, que se concentrará sobre las autopistas y vías férreas en toda Europa.
A las misiones de patrulla se añadirán, posteriormente las operaciones de devolución conjunta, aunque se discute desde cuando, mientras tanto el proyecto ya se ha puesto sobre la mesa. Desde el 1 de enero al 14 de abril de 2009 se han realizado ya ocho vuelos charter para devolver 431 ciudadanos no comunitarios arrestados en varios Estados de la UE. Para el 2009 frontex ha previsto efectuar entre 12 y 15 vuelos. Frontex está ya financiando un grupo de investigación sobre los sistemas de control y sobre los flujos migratorios cuyo informe final será presentado en septiembre del 2009 en el Forum Europea de Investigación e Innovación sobre la Seguridad. Al mismo tiempo, la agencia continúa a soportar el desarrollo de Eurosur, el sistema integrado de vigilancia de las fronteras europeas, además de una serie de líneas de trabajo sobre la utilización de pasaportes electrónicos y para la utilización de sistemas automatizados para el control de fronteras.
Para finalizar, se han programado dos ejercicios para 30 y 40 hombres del Rabit (Equipo Rápido de Intervención de Fronteras en sus siglas en inglés), los cuerpos de intervención rápida previstas para los casos de emergencia. En el 2009 se realizarán dos ejercicios, el primero entre abril y mayo, en la frontera entre Turquía, Bulgaria y Grecia y el segundo, en la segunda mitad del año, en la frontera entre Ucrania y Eslovaquia. Además, continúa el trabajo diplomático para encontrar un acuerdo de cooperación y de readmisión con los países de la orilla sur del Mediterráneo. Las negociaciones, que se han concluido positivamente con Ucrania, Moldavia, Albania, Montenegro, Macedonia, Serbia, Croacia, Bosnia, Rusia y Georgia, estando abiertos con Bielorrusia, Turquía, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde.
http://fortresseurope.blogspot.com/
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PROPUESTAS.-
Adhesión a la Campaña para la Suspensión de la Orden de Expulsión dictada por el Gobierno de Ceuta al grupo de 72 indios y su traslado a la Península por razones humanitarias
En Noviembre de 2006 un grupo de 72 indios llega a Ceuta. Tras 18 meses "aparcados" en el centro de estancia temporal de inmigrantes (C.E.T.I) de Ceuta, el Delegado de Gobierno anuncia que el grupo de 72 hindúes volverá a su país. A modo de protesta y para evitar ser deportados, estas 72 personas, el 7 de abril de 2008 huyen al monte. Salieron de su país en Agosto de 2004 y llevan más de 4 años sin ver a su familia.
Consideramos que es una injusticia y que atenta contra su integridad el llevar más de dos años en una situación de limbo como es la permanencia en el C.E.T.I. de Ceuta sin trabajo, sin saber qué va a pasar con sus vidas, con la incertidumbre de que cada madrugada llegue la repatriación. Actualmente, la situación de convivencia en el campamento clandestino en el que viven en el bosque es inhumana: frío, hambre, lluvias y nulas condiciones de higiene y sanidad, ya hay algunos enfermos por el frío, con depresiones y crisis de ansiedad.
Por ello pedimos: la suspensión de la ejecución de la orden de expulsión dictada por el gobierno de Ceuta y su traslado a la Península por razones humanitarias.
http://www.asociacionelin.com/frm_adhesion_indios.asp
V Foros Provinciales de Género para la Integración Social de las Mujeres Inmigrantes
Organizados por el Instituto Andaluz de la Mujer
ALMERIA: 5 de mayo de 2009
CÁDIZ: 13 de mayo de 2009
CÓRDOBA: 14 de mayo de 2009
GRANADA: 7 de mayo de 2009
HUELVA: 23 de abril de 2009
JAÉN: 12 de mayo de 2009
MÁLAGA: 28 de abril de 2009
SEVILLA: 19 de mayo de 2009
Informarse:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/V-FOROS-PROVINCIALES-DE-GENERO,784.html
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