En España, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras, se encuentran actualmente en prisión 127 personas condenados por delitos contra la propiedad intelectual, 32 de ellos en Andalucía. 540 han pasado por las prisiones en los últimos 3 años.

La mayoría son subsaharianos que viven del “Top manta”. Desde la APDHA hemos apoyado la plataforma “Ni un solo mantero en prisión” que pretende, en primer lugar, la reforma del código penal que evite el ingreso en prisión de las personas que trabajan como manteros, y mientras tanto, se están solicitando indultos a todos aquellos que se encuentran en nuestras prisiones. La tramitación de los indultos puede durar meses e incluso más de un año. 

Oussenou Engnom de Senegal y A.K. de Liberia son los primeros en conseguir la libertad porque mientras llegan o no sus indultos hemos solicitado la suspensión de sus condenas y en los casos en que se las han denegado hemos pagado las multas y responsabilidad civil impuestas. El dinero proviene de lo recaudado por la plataforma estatal apoyada por diversos colectivos en toda España.

En rueda de prensa celebrada hoy, María Isabel Mora Grande, Coordinadora General, junto con Natalia García Caballos, Co-coordinadora de Inmigración de la APDHA y Alu Diallo, representante de la Asociación de Inmigrantes sin Papeles de Sevilla han acompañado a los dos “manteros” que han relatado su experiencia.

María Isabel Mora ha comenzado diciendo que “la propiedad intelectual e industrial son intereses dignos de protección, pero creemos que no debe hacerse a costa de la criminalización e ingreso en prisión de los últimos eslabones de la cadena, inmigrantes frágiles e indefensos. Las organizaciones que se lucran de este negocio, sin embargo, no se encuentran en las prisiones y raramente son detenidos”.

“Por la presión de sociedades de gestión de derechos musicales y audiovisuales como la SGAE, EGEDA, o ACAM, la vulneración de la propiedad intelectual se convirtió en un delito público recogido con penas de prisión de 6 meses a 2 años y además multa de 12 a 24 meses. Como normalmente los “manteros” no tienen medios económicos, las penas de multa se tornan en más días de prisión.

“Estamos en total desacuerdo en el actual uso de la justicia penal para defender intereses económicos privados. Dichos intereses deben ser protegidos, pero nunca con penas privativas de libertad. Por otra parte, la desproporción del código penal castigando esta conducta resulta evidente si comparamos otros delitos más reprochables socialmente y que están castigados con menos pena, como conducir borracho, hurtos inferiores a 400 €, fraudes a Hacienda de la comunidad europea, etc”.

Los inmigrantes en situación administrativa irregular además sufren un mayor rigor de la justicia ya que no suelen poderse acoger a la sustitución de la pena por multa. Además están expuestos a que su condenas sean sustituidas por la expulsión del país o a la imposibilidad de regularizar su situación.

Además, la criminalización del Top Manta es una reacción tremendamente injusta en cuanto que criminaliza la pobreza. El perfil mayoritario del “mantero” es el de personas inmigrantes, muchos de ellos sin papeles, sin posibilidad de permiso de trabajo y en situación de pobreza, que buscan en la venta ambulante una mínima fuente de ingresos para alimentos y vivienda. Vienen a ganar unos 200€ al mes con esta actividad. Algunos, con autorizaciones administrativas pero en paro, venden CDs piratas para poderse pagar la seguridad social y no perder sus permisos. Castigar con la prisión a estas personas es condenarlas aún más a profundizar en la exclusión social o el riesgo de ella.

Oussenou Engnom llegó de Senegal en 2003 y empezó a trabajar de mantero: “Me pidieron 7.000 euros de multa y después tuve que pasar 10 meses en la cárcel. Hay muchos paisanos míos en esta situación”. Su madre incluso tuvo que reunir dinero y envarle 2.000 euros desde África para pagar parte de la multa.

A.K. de Liberia, salió de su país tras 15 años de guerra civil, donde perdió a toda su familia. Entró en Ceuta en 2003 donde pidió asilo y le fue denegado. Lleva pidiendo tiempo la residencia pero sin éxito. “No somos delincuentes, sólo queremos sobrevivir. No es un delito como robar o cometer un atraco, únicamente queremos buscarnos la vida. Pero estamos en busca y captura”. Trabajó de mantero en 2004 y 2005 hasta que la policía lo cogió.

El representante de la Asociación de Inmigrantes sin Papeles de Sevilla, Alu Diallo, ha querido expresar su gratitud a la APDHA por los resultados logrados pero ha recordado que “faltan compañeros que siguen dentro, por lo que la lucha continúa, ya que es una labor que requiere tiempo”. También ha expresado que “el top manta es la solución que nos queda para vivir a muchas personas que venimos a buscar un futuro mejor. No entendemos cómo una persona que llega a un país europeo, democrático, con libertad de expresión, pueda verse condenado por un delito cómo este. Nosotros no venimos a conseguir riqueza, sino a integrarnos en la ciudadanía. Por eso pedimos más apoyo para la lucha”.

Más información en www.manteros.aldeasocial.org

Andalucía, 22 de diciembre de 2009
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)