Carlos Arce, coordinador de Inmigración de APDHA
La pasada semana tuvo lugar en La Valeta (Malta) una cumbre euroafricana que reunió a representantes de la UE, de sus Estados miembro y de países africanos para tratar la “gestión” de los flujos migratorios que desde África se dirigen a suelo europeo. Este encuentro fue precedido por el anuncio por parte de la Unión de que va a habilitar un fondo de cooperación al desarrollo de 1.800 millones de euros (que podría llegar hasta 3.600) destinado a nuestros vecinos del continente situado al Sur del Mediterráneo.
Esta aparente buena noticia queda correctamente contextualizada cuando nos asomamos a las conclusiones de la citada cumbre: tras unas alusiones genéricas a la atención a las causas de los movimientos migratorios involuntarios o a la protección de las personas migrantes y refugiadas, las concreciones prácticas se concentran en la “lucha” contra la inmigración irregular y en facilitar las expulsiones/devoluciones desde Europa hacia los países africanos de origen y tránsito. De forma poco sutil se vincula directamente la cooperación al desarrollo con el control de los flujos migratorios desde una perspectiva de seguridad y policial, algo que explícitamente llevan propugnando las instituciones comunitarias desde que, hace unos años, se puso en marcha el llamado “enfoque global de la migración”.
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