La Junta de Andalucía sigue sin prestar la adecuada atención sanitaria y social
Desde hace varios años la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) está denunciando la total dejadez por parte de la Junta de Andalucía y del Ministerio del Interior hacia las personas enfermas mentales internadas en las prisiones andaluzas. Esta última Administración reduce su presupuesto para el 2013 en un 6,33% respecto al 2012. Los enfermos mentales se hacinan en los centros penitenciarios donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos en un lugar que no les corresponde y que no está preparado para albergarlos.
Si en Andalucía hay 16.086 internos, alrededor de 1.300 personas presas padecen enfermedades mentales graves y unas 6.500 trastornos mentales y de la personalidad. La mayoría se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellas, y su paso por tan duro ambiente agrava, en prácticamente todos los casos, sus patologías. La prisión, por tanto, se convierte en un sustitutivo inapropiado para estos enfermos ante la inexistencia de recursos asistenciales, mostrando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia.
La Junta de Andalucía no está actuando para prestarles la adecuada atención sanitaria, social, y menos aún facilitando su integración en la sociedad. La escasez de recursos no justifica dejar que las personas que padecen enfermedad mental se pudran en prisión. Los recursos se distribuyen según las necesidades, y a los políticos parece importarle muy poco estos enfermos.
La coordinación existente entre los servicios médicos de las prisiones con los servicios de salud mental del Servicio Andaluz de Salud (a parte de la voluntariedad de algún profesional) es muy escasa, y con los servicios sociales, nula, por lo que al salir de prisión quedan abandonados a su suerte. Si no disponen de acogida y medios estos enfermos pueden encontrarse, literalmente, tirados en la calle.
Los recursos socio-sanitarios específicos en Andalucía, como la rehabilitación para recuperación de habilidades sociales y de inserción social y laboral en régimen ambulatorio, programas residenciales, programas ocupacional-laborales, programa de ocio tiempo libre, no se dispensan a las personas enfermas de las prisiones ordinarias (excepto en el módulo terapéutico de Albolote).
Hay que tener en cuenta que la media de población reclusa a la que atienden es de 1.800 personas presas en cada prisión, por lo que resulta obvio que lo más que llega la asistencia es a la prescripción farmacológica.
Denunciamos que en Andalucía existe un convenio desde el año 2006 que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación los mismos y a la derivación a recursos comunitarios adecuados. Hoy en día el convenio, tres años y medio después, sigue sin aplicarse y los recursos comunitarios adecuados sin crearse ni reflejarse en las previsiones presupuestarias. Lo más vergonzoso es que todas las Administraciones implicadas, y a pesar de estar obligadas normativamente a asistir a estos enfermos andaluces, cuando son preguntados en el Parlamento por los motivos por los que no ejecutan dicho Convenio, manifiestan sin ningún pudor que los presos andaluces que padecen enfermedades mentales no son su competencia: Según la entonces Consejera de Igualdad y Bienestar Social atender a los problemas de salud de la población reclusa era competencia de la Consejería de salud. Sin embargo fue ella la única que firmó el convenio del que denunciamos su inaplicación y la que se compromete a trabajar las excarcelaciones. Según la pretérita Consejera de Salud la responsabilidad era del Ministerio del Interior. Y para terminar de cerrar este círculo de evasión de responsabilidades, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior responde que la atención especializada y hospitalaria de los internos no es competencia suya sino de los servicios de salud de cada una de las Comunidades Autónomas.
A pesar de todo ello, en el día Internacional de la Salud Mental, la ahora integrada Consejería de Salud y Bienestar Social -que ya no podrá excusarse en otra Consejería- intentará vender la idea de lo mucho que se desvive por este colectivo y lo prioritario que es para su administración, cuando ello es rotundamente falso a tenor de la atención que está efectivamente prestándole. Hasta que no exijamos a los políticos que respondan por su incompetencia, miles de personas que padecen enfermedades mentales seguirán hacinadas en los basureros de los fallos del sistema en los que se han convertido nuestras prisiones andaluzas.
Andalucía, 09 de octubre de 2012
