Cerramos uno de los peores años de la historia reciente de Andalucía con un 38% de la población en situación de exclusión y pobreza, y con un estado de Emergencia Habitacional. El pueblo se siente a la deriva sin unas administraciones que puedan corregir, o al menos aliviar, la difícil situación económica y social.
Hasta la llegada de la crisis en 2007, denunciábamos que era una mera cuestión de voluntad política el acabar con las enormes bolsas de exclusión social en un estado que decía ser la octava economía del mundo. Nuestra sociedad aceptaba sin sonrojarse estas situaciones. Años después, esta realidad ha comenzado a afectar y a hundir a un importante sector de la población que hasta entonces vivía con comodidad.
Es en estos momentos, cuando la vulnerabilidad alcanza a la población tradicionalmente “no excluida”, cuando más nos preocupamos, emergen nuevos movimientos sociales que defienden sus intereses, gritando “basta ya”. Bienvenidos sean; los aplaudimos y premiamos; unimos nuestras luchas con las de todas esas personas, defendiendo el derecho a la vivienda junto a los colectivos de Stop Desahucios; el derecho a la libertad con quienes gritan contra la mordaza que quieren poner en nuestras bocas; el derecho a la vida en dignidad junto a todas las mareas de cualquier color.
No obstante la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía no puede olvidarse de los que ya estaban y seguirán estando excluidos. Nuestras denuncias de siempre: esas 130 personas que perdieron la vida según nuestro último Informe de Frontera Sur intentando entrar en nuestras costas; el centenar de personas que fueron privadas de libertad ilegalmente en agosto en Tarifa tras llegar a nuestro territorio; las 2.500 que malviven en asentamientos de personas inmigrantes en Huelva; o la exclusión del colectivo de inmigrantes del salario social y del acceso a las bonificaciones de comedores y guarderías; las ordenanzas que se dictan para criminalizar a los que rebuscan comidas en los contenedores y a las personas que ejercen la prostitución, dificultando su supervivencia; la atención sanitaria de segunda calidad en prisión y la indefensión que sufren los presos por el exiguo ahorro económico perseguido con la supresión de los SOAJP (Servicios de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria).
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