Andalucía, 23 de septiembre de 2020.
En APDHA venimos trabajando la prostitución como línea de intervención específica desde el año 2001. Desde entonces, decidimos estar con las trabajadoras sexuales, para acompañarlas y serles útiles, llevando a cabo programas que van desde la atención socio-sanitaria, hasta la investigación, divulgación, sensibilización y denuncia social bajo la perspectiva de los derechos humanos.
La trata de seres humanos es una de las más graves violaciones a los derechos humanos de entre las que asistimos en la actualidad, para ello, todos los recursos y esfuerzos que se lleven a cabo para la detección de las víctimas, la recuperación de su libertad y autonomía, así como para la lucha y detención de las personas responsables de estos delitos, son fundamentales y necesarios.
Identificar el ejercicio de la prostitución con explotación sexual supone la invasión absoluta del derecho de las trabajadoras sexuales a la autodeterminación y puede ser un obstáculo para prevenir y perseguir el tráfico.
No podemos considerar el trabajo sexual de la misma forma que consideramos el tráfico de personas o la explotación sexual, las cuales son abusos de derechos y crímenes. La identificación de las víctimas de trata o explotación sexual no puede basarse en el acoso indiscriminado a las trabajadoras sexuales ni en los controles de identidad y posterior detención de aquellas que no tienen su situación administrativa regularizada. Esto es algo que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres y desde luego, no es una forma razonable de ganarse la confianza de las posibles víctimas.
El trabajo sexual no es siempre una elección y reconocemos que a veces tiene una estrecha relación con la pobreza, vulneración y discriminación y puede conducir a la violencia contra las mujeres. Pero las trabajadoras sexuales no son sólo y siempre víctimas pasivas, con frecuencia eligen dentro de los márgenes de opción de que disponen. Sin embargo, el aumento de las restricciones en las políticas migratorias de nuestro país, unido a la estigmatización del trabajo sexual y el no reconocimiento de la prostitución como actividad laboral (lo que impide el acceso a la regularización), aumenta sobremanera la vulnerabilidad que sufren las trabajadoras sexuales.
No queremos leyes que tiendan una mano para rescatar a estas personas y que con la otra las empujen si no las aceptan. No nos confundamos: la que ayuda es una ley que sea capaz de dotar de derechos reales a las personas, que haga posible el desarrollo de seres libres y autónomos, no una ley que rescate victimas para obligarlas a «tomar el buen camino».
