Han pasado sesenta años desde que se iniciara en 1948 la limpieza étnica de la Palestina histórica con el desalojo de más de ochocientos mil palestinos de su tierra y su confinamiento en campos de refugiados en la franja costera aledaña a la ciudad de Gaza, las serranías de Cisjordania y países de alrededor, con la finalidad de crear un estado confesional y exclusivamente para judíos.
Las matanzas, los bombardeos de viviendas, mezquitas, hospitales y escuelas, los asesinatos y las detenciones generalizadas se vienen produciendo desde entonces con total impunidad debido a la pasividad del Consejo de Seguridad de la ONU y la de los gobiernos de la Unión Europea. Y las víctimas, deshumanizadas previamente en campañas sucesivas de adoctrinamiento, son presentadas a menudo en los medios de comunicación como provocadoras de su propia situación y merecedoras de terribles castigos colectivos.
Estos crímenes que, inevitablemente, recuerdan a la actuación de las tropas especiales alemanas en el gueto de Varsovia y al régimen de apartheid al que sometió el régimen racista de Sudáfrica a la población autóctona, se vienen cometiendo con la inhibición moral de los países firmantes de la IV Convención de Ginebra, que obliga a Israel cumplir y también a hacer cumplir el derecho internacional, incluyendo el dictamen de la Corte Internacional de Justicia referente al Muro de Cisjordania, las múltiples resoluciones de la ONU, despreciadas sistemáticamente por el estado de Israel, junto con los tratados de Derechos Humanos que dicho estado vulnera de forma reiterada y con total impunidad desde, y es preciso recordarlo, hace más de sesenta años. Todo ello es condenado formalmente por los Organismos Internacionales, pero en la práctica nunca se toman medidas para que el acatamiento efectivo de las resoluciones.
Como ya lo analizara el historiador Herbert Kelnan, estos crímenes sólo son posibles, como puede constatarse en genocidios y limpiezas étnicas de la historia reciente, en la medida que se cumplen tres condiciones: la apariencia de legalidad, al estar “autorizados” por instituciones estatales, la impunidad que les confiere la inhibición de los demás países e instituciones internacionales y los mecanismos de desconexión moral difundidos por los medios de comunicación de masas.
Son precisamente estas tres condiciones las que las instituciones representativas andaluzas y las personas defensoras de los derechos humanos y amantes de la paz tienen la responsabilidad y obligación de combatir: denunciando la impunidad de un estado que viola los derechos humanos, recordando la ilegalidad de sus actuaciones y humanizando a las víctimas como personas que son, con sus virtudes y sus miedos, sus hambres y sus esperanzas y su derecho a vivir en su propia tierra y a gobernarse por ellas mismas.
Por todo ello la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía espera del Parlamento y de la Junta de Andalucía, como instituciones representativas de nuestro pueblo
1º Que manifiesten públicamente la solidaridad con la población palestina, bombardeada, masacrada, expoliada de sus tierras, y humillada desde hace sesenta años en los territorios ocupados.
2º Que pidan el cese inmediato de los asesinatos de los dirigentes palestinos y de las detenciones generalizadas de población civil, así como de nuevos bombardeos e intervenciones militares.
3º Que denuncien la política de castigos colectivos, de bloqueo, de apartheid y de expulsión de la población de los territorios ocupados como contrarias al Derecho Internacional y a la IV Convención de Ginebra referente al trato de la población civil en situaciones de guerra.
4º Que adopten las medidas imprescindibles necesarias y de su competencia para asistir a la población de Gaza, y protegerla, y poner fin a las actuales y futuras matanzas, antes que lleguen a convertirse en un nuevo holocausto genocida.
5º Que tomen un claro compromiso con el Derecho Internacional, que se exija su efectivo cumplimiento y que se concrete en la suspensión de las relaciones y acuerdos, en todos los ámbitos, que mantiene la Junta de Andalucía con Israel por violaciones graves de los Derechos Humanos, hasta que dicho estado renuncie a las agresiones armadas contra la población palestina, se retire de los territorios ocupados, desmantele todas las colonias ilegales de Cisjordania, y se avenga a cumplir las resoluciones y convenios internacionales que reconocen en sus textos al pueblo palestino su derecho a establecer un estado viable y soberano, elegir libremente a sus autoridades políticas, y vivir por fin en paz.
Andalucía, 23 de enero de 2009
