La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA, con el respaldo de la Asociación Europea de Defensa de los Derechos Humanos – AEDH, quiere expresar su rotunda oposición a la reforma legal sobre el aborto que el Gobierno de España quiere aprobar.
Se celebra mañana, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en un contexto en el que los avances conseguidos en los derechos y la igualdad de las mujeres están siendo cuestionados en España y en toda Europa. Partidos y movimientos de extrema derecha se organizan, y se unifican, intentando implantar sus valores contra los derechos de las mujeres: retorno a la familia tradicional, retorno a la visión de la mujer como ser humano inferior y en minoría de edad, penalización del aborto, y de manera más amplia, la discriminación de las mujeres, las personas homosexuales, transexuales y de las personas extranjeras. En la actualidad, hemos visto el resultado de estos movimientos en Suiza y la violencia de las polémicas que provocaron la cuestión de género en Francia.
Lamentablemente, estos movimientos de retroceso, de pérdida de derechos que pensábamos conquistados, están sostenidos también por una parte de las derechas parlamentarias en buena parte de Europa y amplían su impacto en la población.
Es el caso de España, en la que se están poniendo en marcha una serie de medidas que inciden directamente sobre la vida, los derechos y las libertades de las mujeres, así como en el avance por la igualdad. Como ejemplo, basta citar la liquidación de la ley de Dependencia, recortes generalizados en todas las políticas de ámbito social, la reforma laboral, la persecución del ejercicio de la prostitución libremente ejercida… y un largo etc.
Entre estas medidas, destaca de forma importante el Anteproyecto presentado por el Gobierno de España sobre el Aborto, conocido como Ley Gallardón, que desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, los derechos humanos, rechazamos de plano.
– Se trata de una reforma legislativa innecesaria pues existe un amplio consenso social en torno a la actual Ley de aborto y además, ésta responde a las necesidades para las que fue promulgada. La Ley de plazos ha permitido el reconocimiento de la maternidad como una opción personal y ha dotado de seguridad jurídica a mujeres con embarazos no deseados y a los/as profesionales implicados/as. Cabe destacar que durante su breve periodo de aplicación, ha disminuido el número de abortos.
– La decisión del Gobierno de España es, por tanto, una opción ideológica. Este Anteproyecto de Ley pretende imponer las creencias propias de una confesión religiosa (la católica) al conjunto de la ciudadanía, cuestión no admisible en una sociedad plural y un Estado aconfesional como el nuestro.
– El Anteproyecto de Ley que ha propuesto el Gobierno español supone un retroceso de derechos no sólo en relación con la actual Ley, sino respecto a la regulación que existía en 1985, ya que suprime el supuesto de malformación fetal grave y aumenta los requisitos para acceder a esta intervención. Esta modificación legal, por otro lado, nos alejará de la mayoría de los países europeos, situándonos junto a las legislaciones más restrictivas de la UE, como Polonia o Irlanda.
– El Anteproyecto del gobierno del PP supone una limitación del derecho a la salud sexual y reproductiva con graves repercusiones en las mujeres. Se anula el derecho a decidir sobre su maternidad. De hecho, se considera que la mujer no tiene voluntad propia ni capacidad de discernimiento, siendo tutelada en el momento del aborto por diferentes profesionales y eximida de responsabilidad penal si decide abortar.
– El Gobierno español está perdiendo de vista que, independientemente de las opiniones y de las formas en las que en cada sociedad se regula el aborto, las mujeres abortan. No asumir y dar respuesta a esta realidad constituye un problema de salud pública que afecta de forma particular a las mujeres con menos recursos y en situación de mayor vulnerabilidad (que no podrán desplazarse a países vecinos). La prohibición y restricción, lejos de bajar las tasas de aborto, genera inseguridad jurídica a las/os profesionales sanitarias/os, aumentan las posibilidades de que se recurran a prácticas abortivas de riesgo y de que se retrase el momento del aborto.
– Los datos evidencian que la tasa de aborto depende de las políticas de educación sexual que se pongan en práctica y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos. La Ley que el Gobierno pretende derogar establece, por primera vez en nuestro país, la necesidad de poner en marcha políticas específicas en materia de educación sexual, incorporando al sistema educativo en esta tarea. Garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual como la mejor forma de prevenir las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y, finalmente, las interrupciones voluntarias del embarazo.
– Es importante que la opinión de las mujeres entre 16 y 18 años sea tenida en cuenta, por lo cual defendemos la edad de consentimiento a los 16 años, la misma exigida para otras intervenciones en la Ley de Autonomía del Paciente.
– La defensa del derecho de objeción de conciencia de los/as profesionales implicados/as no debe impedir la garantía de acceso a esta prestación sanitaria, en la sanidad pública, a todas las mujeres que lo necesiten, independientemente de la zona del Estado en la que residan.
– Al contrario de lo que afirma el Gobierno, la actual Ley, cumple con la doctrina del Tribunal Constitucional de España que señaló que el nasciturus es un bien constitucionalmente digno de protección, pero no es titular de derechos al no ser persona (SSTC 53/85, 212/96 y 116/99). En cambio, las mujeres sí que son titulares de derechos fundamentales. La Ley de plazos hace compatible los derechos de las mujeres con una protección gradual de la vida en gestación en función de su desarrollo, correspondiendo así mayor protección a un mayor desarrollo.
Vista desde una óptica europea, esta Ley se aleja de las regulaciones de los países más avanzados en el conjunto de la Unión. Y, por el contrario, da ánimos y da respaldo a los movimientos más reaccionarios y las políticas de algunos países de limitación de los derechos de las mujeres y la imposición de una moral que atenta contra las libertades sexuales de las personas.
Tanto la AEDH como la APDHA abogamos por la defensa de una maternidad libre, responsable y deseada. Para lo cual es indispensable garantizar tanto los servicios y recursos adecuados para el ejercicio de la maternidad, como el acceso a una interrupción voluntaria y segura del embarazo realizada siempre a través de la sanidad pública. Nos oponemos a cualquier regulación que ponga en tela de juicio la capacidad de decisión de las mujeres y lucharemos contra esta restricción de libertades.
La AEDH, por su parte, entiende que la lucha contra esta penalización del aborto en España implica a toda la ciudadanía europea, si no queremos un futuro reaccionario, sexista, xenófobo y racista. Por ello, la AEDH apoya y alienta la lucha de las mujeres españolas, y también de los hombres españoles, que se oponen a esta nueva tentativa por limitar y debilitar sus derechos.
7 de marzo de 2014
