8 DE MARZO: ¿DÍA DE TODAS LAS MUJERES?

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)  se viene haciendo una defensa de los derechos humanos no abstracta, sino desde la opción por los sectores más desfavorecidos de la sociedad, las personas excluidas y que padecen en mayor grado las violaciones de derechos humanos.
Por ello con motivo del 8 de marzo, día de las mujeres, la APDHA quiere reivindicar que no se ignore a una parte de las mujeres, precisamente a las más excluidas y marginadas. La fecha, sin duda, simboliza un sinfín de logros en cuanto a reconocimiento de derechos para la mujer,  pero está claro que el camino recorrido no es suficiente.

Queremos creer en la preocupación de la Administración Pública por diferentes ámbitos que afectan de forma directa a las mujeres: igualdad entre mujeres y hombres, violencia de género, conciliar la vida familiar con la laboral… Todas estas inquietudes han sido plasmadas en medidas legislativas (Ley Integral contra la violencia de género, Plan Concilia, propuesta de Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, etc).

No obstante, bastante de las iniciativas legislativas y las medidas prácticas tomadas están muy escoradas hacia las actuaciones penales y coercitivas.  Otras carecen de presupuestos reales con relación a las necesidades que las mismas Administraciones han detectado. Los conflictos sociales no pueden solucionarse por la vía legislativa y basándose en una filosofía penalista que no compartimos. Para llegar a soluciones reales de los mismos es necesario potenciar otros espacios, como por ejemplo, la educación, la sensibilización de la sociedad en su conjunto, la difusión de la información sobre los recursos efectivos… y sobre todo, aumentar realmente dichos  recursos, más aún en  época de crisis, pues la experiencia nos dice que en muchas ocasiones se ha recortado en medidas sociales que favorecen la inclusión,  y que no sean las mujeres excluidas las que paguen los platos rotos de los desmanes especulativos.

Desde la APDHA nos planteamos ¿para quien están diseñadas estas medidas legislativas?, ¿para el conjunto de mujeres o sólo a una parte de ellas? Nos preguntamos si las mujeres que se encuentran en situación de exclusión social pueden acceder a estos recursos públicos. Si saben de estas decisiones políticas y cómo les afectan. Cuando hablamos de este colectivo cabe mencionar a mujeres de los barrios chabolistas, mujeres presas, mujeres que ejercen la prostitución, mujeres drogodependientes, mujeres inmigrantes…

Por todo ello desde la APDHA no queremos dejar pasar este 8 de Marzo sin hacer visible a estos colectivos y reivindicar:
– Una apuesta fuerte por la defensa de las mujeres excluidas (mujeres mayores que viven solas, inmigrantes, prostitutas, toxicómanas, impedidas físicas o psíquicas…) y la inclusión de sus necesidades específicas en todas las medidas que se adopten desde las Administraciones Públicas. Para ello resulta imprescindible tener una mirada menos uniforme y uniformizadora acerca de los problemas sociales, pues su complejidad no se aminora por adoptar posturas restrictivas.
– Potenciar el acceso real de todas las mujeres a los recursos sociales, sanitarios, económicos… que se pongan en marcha para mitigar necesidades sociales muy perentorias. Sobre todo de aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de exclusión o de riesgo. Por ejemplo, en el caso de las que sufren maltrato garantizar la acogida en casas o pisos tutelados, el tratamiento terapéutico, la seguridad  de no ser expulsada en el caso de las inmigrantes sin papeles…
– La Administración debe además velar por que sus actuaciones no generen discriminación, como a veces está sucediendo. Un ejemplo de la discriminación institucional es la situación de las mujeres en prisión, que al ser minoría, no pueden acceder a los recursos ocupacionales o formativos por ser para los hombres, o a la enfermería, debiendo incluso alejarse de su tierra para poder tener a sus hijos1 menores de tres años en su compañía. Mal ejemplo da la Administración cuando genera discriminación.
– Ampliación de recursos socio-económicos. Los recursos actuales son a nuestro entender muy modestos, precisamente para estas mujeres doblemente marginadas.
– Necesidad de reeducar a los hombres que han maltratado, potenciando los tratamientos terapéuticos de estos hombres, para todos los casos no solo para los que han sido condenados, como plantea la Ley Integral. Es importante resaltar que también supone un beneficio para sus parejas actuales y futuras.
– Avanzar en la medida de lo posible en fórmulas para desactivar conflictos, como por ejemplo la mediación familiar, en vez de potenciar filosofías penalistas como la que subyace en la ley Integral contra la violencia de género, para resolver conflictos sociales, evitando la judicialización sistemática de todo conflicto interpersonal.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Andalucía, 7 de marzo de 2009.
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