Cádiz 11 octubre 2018
La queja ante el Defensor del Pueblo fue interpuesta por la Delegación de Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía el pasado día 10 de septiembre, en la que se denunciaba la situación de los menores acogidos en el Hotel Ávila de Jerez “la queja, también interpuesta en fiscalía de menores y en conocimiento en la delegación de Cádiz de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, recogía las condiciones intolerables en la que la empresa contratada para acoger a los y las menores en el Hotel Ávila de Jerez. Esta queja hacía referencia a las instalaciones, a la gestión por parte de la dirección del centro al ocio y tiempo libre, a la relación familiar, a la falta de ropa interior, alimentación e higiene, a la situación sanitaria, al régimen disciplinario y a la formación que los propios menores que huyeron del centro nos manifestaron”.
Así mismo comentan que “en la reunión que tuvimos desde la APDHA y uno de los menores afectados con la delegación de la Junta de Andalucía hubo un compromiso por parte del servicio de protección del menor de resolver la situación, así como también el por parte de la dirección del centro. Situación que día de hoy sigue sin resolverse cabalmente, por lo que esperamos que la queja admitida por el DPA tenga sus efectos”.
En la notificación remitida por el Defensor del Pueblo Andaluz se comunica que además de haber admitido a trámite la queja, se va a solicitar un informe al respecto a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, al ser este organismo el responsable en primera instancia del cumplimiento de la protección de la infancia.
Desde APDHA se han interpuesto varias quejas en los últimos meses en varias provincias por la atención que desde los centros que la Junta de Andalucía tiene concertados con instituciones y empresas han realizado a los niños y niñas que viajan solos: “la legislación internacional obliga a la protección de la infancia sin distinguir su nacionalidad y en los últimos meses hemos sido testigos de una continua dejadez de las funciones de la Junta de Andalucía, que sigue externalizando servicios en empresas o instituciones que claramente no se preocupan por la calidad del servicio tanto como por obtener beneficios económicos, como también en las declaraciones de la presidenta, que olvidando en primer lugar que son niños y niñas que se han jugado la vida en pro de un futuro, ha deshumanizado a estos niños y niñas como si fuesen mercancías que se puedan colocar en uno u otro lugar”.
Añaden además que “la solución no parte por poner parches, sino por establecer políticas y medidas que pongan en el centro el respeto por los derechos humanos y la protección de los niños y las niñas, ya que el problema en la gestión de la migración es una cuestión estructural y sabían que este año iba a haber un repunte en la llegada de pateras por las condiciones en las que viven las personas migrantes en los países de tránsito y el cierre de las rutas de Libia y Turquía, cuestión que fue también reconocida por el subdelegado del Gobierno también en la reunión que mantuvimos en Cádiz en julio”.
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