
La APDHA señala la responsabilidad de los países occidentales -encabezados por EE.UU- en la actual situación
Exige que disidentes, personas defensoras de los DD.HH., mujeres y niñas y niños que huyan de la ocupación talibán sean acogidos por los países occidentales implicados en la intervención
EE.UU. sale de Afganistán tras 20 años de intervención, dejando el país en manos de los talibanes. Durante estos años EE.UU. ha apoyado e impulsado un régimen corrupto incapaz de garantizar mínimas bases democráticas y sociales. De esa corrupción infame se han aprovechado los talibanes, que mucha gente ha preferido pese a su feroz fundamentalismo. Los talibanes han logrado hacerse con un apoyo social que ni de lejos consiguió el régimen de Kabul apoyado por EE.UU. -y por España, no lo olvidemos-.
De aquellos polvos, estos lodos. Afganistán se convierte en otro ejemplo paradigmático de intervenciones extrajeras que llevan al desastre desde le principio e instauran Estados directamente fallidos.
No es que la situación de los derechos humanos en Afganistán, con el régimen corrupto de Kabul auspiciado por EE.UU., fuera una panacea. Pero ciertamente se habían instaurado algunas mejoras democráticas, muy modestas, por cierto, especialmente para las mujeres.
Sin embargo, la instauración de un régimen talibán en Afganistán hace temer lo peor dada su ideología absolutamente oscurantista y medieval y la experiencia vivida de su régimen entre los años 1996 y 2001, donde a las mujeres y niñas se las confinó en sus casas sin derechos, bajo las 29 prohibiciones que RAWA – Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán ha visibilizado. Prohibiciones que se han venido instaurando de nuevo en las poblaciones por donde los talibanes han ido avanzando. La situación de las personas demócratas, disidentes, mujeres y niñas particularmente, está en peligro.
La APDHA considera imprescindible que la comunidad internacional, que ha permitido 20 años de intervención corrupta, asuma sus responsabilidades. Especialmente los países responsables, entre ellos España, deben exigir al gobierno talibán que permita que las personas que lo deseen puedan abandonar el país. Y, en consecuencia, deben habilitar los mecanismos de acogida para quienes lo deseen, evitando así una nueva diáspora de miles de personas refugiadas en condiciones inhumanas.