6 de mayo de 2016.- Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Prodein y SOS Racismo discrepan de la decisión de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, de archivar definitivamente la causa por la que habían sido imputados ocho guardias civiles por su actuación en la valla fronteriza de Melilla ante un intento de entrada de inmigrantes ocurrido hace año y medio, el 15 de octubre de 2014, y por los golpes que recibió un inmigrante cuando descendía de la mencionada valla y por el traslado, estando inconsciente, sin asistencia sanitaria a Marruecos.
En este sentido, las entidades demandantes expresan su rechazo a cómo se ha desarrollado este procedimiento, desde el inicio de la instrucción a este archivo de la Audiencia Provincial, que básicamente ha puesto de relieve una escasa voluntad política, administrativa y, en última instancia, judicial de esclarecer estos hechos y depurar las responsabilidades pertinentes en su caso. Entienden que resulta particularmente grave que no se hayan tenido en cuenta cuestiones esenciales, como las pruebas solicitadas por la acusación que no se han llevado a cabo, como informes clínicos sobre lesiones de las personas devueltas a Marruecos o la solicitud de testificación de la persona que acompañó a uno de los heridos al hospital de Nador.
Por todo ello, las ONG apuntan que la actuación judicial no ha servido para aclarar lo que realmente sucedió el 15 de octubre de 2014 en la valla fronteriza de Melilla. Es más, y en el colmo del absurdo, la investigación corrió a cargo de la propia Guardia Civil y la firmaba el mismo coronel que estaba siendo investigado.
Para las ONG, las pruebas que éstas aportaron al juicio y que no fueron consideradas por la Audiencia Provincial, demuestran sobradamente que las fuerzas de seguridad, cuya obligación era haber garantizado la asistencia sanitaria de forma inmediata de las personas inmigrantes afectadas, facilitando su transporte a un centro de salud, actuaron en sentido contrario, lo que originó una investigación por trato degradante en Estrasburgo.
Por ello, entienden que este archivo no contribuye a garantizar por parte de la administración y de las fuerzas de seguridad el respeto de los Derechos Humanos en la frontera sur, objeto de una continuada denuncia desde numerosas entidades. En cualquier caso, si bien la investigación penal está finalizada, no lo está la actuación en la valla, pues hay tres procedimientos abiertos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, uno de ellos por tratos degradantes. Sumado al recurso de inconstitucionalidad sobre la Disposición Adicional de la ley de seguridad ciudadana sobre las “devoluciones en caliente”, es evidente el suspenso del Gobierno español en materia de Derechos Humanos.
