ANDALUCÍA ACOGE, DERECHOS HUMANOS Y MÉDICOS DEL MUNDO PIDEN LA DIMISIÓN DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN MÁLAGA
Las organizaciones sociales Andalucía Acoge, Derechos Humanos y Médicos del Mundo han pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, tras saber que una de las testigos del caso por los abusos a mujeres inmigrantes en el Centro de Internamiento de Málaga continuó retenida y en proceso de expulsión pese a estar en riesgo de aborto. La mujer, que no ha podido declarar hoy porque finalmente ha perdido el bebé que esperaba, tampoco pudo declarar en el caso el pasado día 2 de agosto por amenaza de aborto, por lo que ya era conocido su estado.
Este hecho supone un atentado claro al artículo 57.6 de la Ley de Extranjería que establece que “no podrán ser expulsadas las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre”. Pese a ello, el subdelegado del Gobierno no paralizó la orden de expulsión y mantuvo a la testigo internada en el CIE, cometiendo otra vulneración de la ley. El artículo 153.5 del Reglamento de Extranjería estipula que el internamiento debe anularse desde el momento en que se conozca que no va a poder ejecutarse la expulsión.
Las organizaciones sociales entienden que la conducta del subdelegado del Gobierno de no paralizar el expediente de expulsión, además de ser ilegal carece de la más mínima humanidad. Esta situación, podría haberse salvado también con la intervención de los jueces, a los que las tres ONG exigen más sensibilidad.
Por su parte, el abogado de la testigo nº 16 ha anunciado que interpondrá una denuncia, en cuyo caso las organizaciones sociales estudiarán presentarse como acusación popular.
Dimisiones
Por otro lado, y tras los hechos constatados en el proceso judicial, Andalucía Acoge, Derechos Humanos y Médicos del Mundo solicitan además la dimisión del director general de la Policía de Málaga y reiteran el cese del director del CIE de Capuchinos, ya que queda probado, por las declaraciones de las internas, las limpiadoras y los propios policías, que desde hacía meses eran continuas las fiestas en las que se hacía uso de preservativos y de alcohol sin ningún tipo de supervisión ni de control.
Las organizaciones piden el cierre de los centros de internamiento donde se mantiene en régimen carcelario a personas que no han cometido delito alguno y recuerdan al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sus palabras cuando declaró públicamente que la investigación llegaría hasta el final y que se depurarían responsabilidades.
