Andalucía deja fuera del sistema educativo a parte de su infancia

Nos situamos en el terreno de la primera infancia. Raramente otras etapas de la vida originan a su alrededor sentimientos tan profundos, creencias, recomendaciones, marketing, primeras veces, nombres. Una vida nueva implica necesidades apremiantes en quien la cuida: responder a la dependencia, asumir responsabilidad, crear nuevos equilibrios, combinar crianza y vidas familiares, profesionales, formación y un largo etcétera.

A su vez, la criatura recién llegada posee derechos de pleno desarrollo físico, mental, social, de ser escuchada. La puesta en práctica de esta afirmación dependerá de las posibilidades de familia y ambiente, incluyendo las instituciones, para garantizarlos y preservarlos.

La comunidad científica asegura que la primera infancia es determinante en el posterior desarrollo de cada ser humano, y que existen determinadas capacidades físicas, cognitivas y socioemocionales que solo se desarrollan en los primeros años de vida y sientan la base de los aprendizajes y vivencias posteriores. Las relaciones de apego seguras, la exploración y la comunicación son habilidades cruciales entre los 0 y 3 años.

En el contexto español actual, los centros de educación infantil de primer ciclo (0 – 3 años) son una herramienta que fomenta el desarrollo y enriquece la vida de los pequeños y pequeñas, ofreciéndoles factores de protección con los que enfrentarse a los retos de toda su vida futura.

Las leyes estatales y autonómicas afirman, además, que el ciclo inicial del sistema educativo “debe tener un carácter compensador de las desigualdades, especialmente para la población con desventaja sociocultural”, y que “la educación infantil constituye un mecanismo que ayuda a asegurar la conciliación entre la vida familiar y laboral de las madres y padres del alumnado, apoyándoles en las tareas de cuidado y crianza”. Los centros, con su calidad humana y profesional, permiten crear una red de apoyo con las familias y el barrio y se convierten en un punto de referencia para estas etapas fundamentales.

Sin embargo, hay niñas y niños a quienes el sistema imposibilita acceder a la educación de 0 a 3 años. El informe “Familias Invisibles: La administración nos da la espalda” explica en detalle el proceso por el cual a las hijas e hijos de personas en situación administrativa irregular no se les permite solicitar bonificaciones (lo que normalmente llamamos becas) para pagar las escuelas infantiles, por lo que, de facto, se impide su acceso a la educación.

Las consecuencias son gravísimas: se deja a la infancia que más lo necesita fuera del sistema, negándoles el derecho a la educación e imposibilitando que quien les cuida (sobre todo sus madres) puedan acceder a una formación y un trabajo, que sería una de las pocas maneras que tienen de salir de la situación de irregularidad en la que se encuentran.

Es una situación de discriminación clara, de puro racismo institucional, que tiene puntos en común – aunque en diferente contexto y sustancia – con la discriminacion institucional recientemente sancionada en Holanda con la dimisión en bloque de su Gobierno.

La Junta de Andalucía está informada de esta situación desde hace años y, muy concretamente, ha sido interpelada por APDHA y Alianza por la Solidaridad tras la publicación de este informe sin que al presente haya respondido a las cartas y a las reclamaciones enviadas.

La solución que les indicamos es sencilla: eliminar las trabas burocráticas que impiden a estas familias solicitar la bonificación y habilitar cauces garantistas para que cada uno de estos niños y niñas puedan ir a la escuela infantil en igualdad de condiciones que el resto.

Ya es hora de que Ayla, Julian, Angelica, Samir, Zoraida y muchas más puedan acudir a su centro infantil como el resto de niñas y niños de su barrio.

Vídeo informativo de la campaña

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