La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha celebrado hoy una rueda de prensa con motivo del 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La APDHA ha señalado las principales situaciones de vulneración de Derechos Humanos que ha trabajado este año 2013. Vulneraciones que afectan tanto a colectivos que ya estaban excluidos socialmente como a un número cada vez mayor de andaluces y andaluzas cuyos derechos como la sanidad, la educación o el disfrute de una vivienda digna son cada vez más quebrantados.
Maribel Mora, coordinadora general de la APDHA ha comenzado la intervención señalando que “desde la Asociación, exigimos a las administraciones políticas sociales acordes a las necesidades que estamos viviendo. El origen de nuestras reivindicaciones tiene su lugar en el deterioro de los derechos más básicos, que parte de la población andaluza y, en especial, los colectivos más desfavorecidos, llevan sufriendo durante un largo tiempo sin que las administraciones hayan hecho nada para cambiarlo”.
Los distintos coordinadores de las áreas de trabajo de APDHA han comentado las principales exigencias a las administraciones competentes.
Pablo María Fernández, coordinador de Marginación, ha reclamado que la población andaluza necesita una ley de inclusión y renta básica, así como la paralización de desahucios en primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos, y que igualmente alarmante es la situación de las personas sin hogar y de los “barrios ignorados” o asentamientos chabolistas, ante la falta de programas que atiendan a familias de manera integral.
Valentín Aguilar, coordinador de Cárceles, ha señalado que la atención sanitaria a las personas presas debe ser igual a la dispensada a la población libre y los enfermos mentales deben tener una atención integral. También ha reclamado que las administraciones adopten las medidas necesarias para permitir un transporte público bien coordinado a las prisiones. Asimismo, la necesidad un plan integral contra la tortura y la reinstauración inmediata del SOAJP (Servicio de Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria) por la Junta de Andalucía, tal y como aprobó el Parlamento en dos Proposiciones No de Ley.
Con respecto a las personas migrantes, Carlos Arce, coordinador de Inmigración, ha demandado el derecho al “salario social” y que la carencia de NIE no suponga un obstáculo para acceder a recursos socioeducativos, en igualdad de condiciones con el resto de la población andaluza. “Igualmente, hay que evitar medidas de preferencia local de contratación en comarcas agrícolas andaluzas. Además exigimos el cierre del CIE Algeciras-Tarifa dadas sus lamentables condiciones materiales. Deben cesar de inmediato las redadas por perfil étnico y abogamos por el respeto de los Derechos Humanos en el control de fronteras”.
Rafael Montes, coordinador de educación, ha subrayado que la educación pública no puede sufrir más recortes, y exigido la marcha atrás en llamada ley Wert o LOMCE, que va a tener consecuencias nefastas para la educación pública.
Otro colectivo que ve sus derechos vulnerados es el de trabajadores/as del sexo. Deben poder acceder al sistema público de salud y tener reconocido el ejercicio de la prostitución como un trabajo. APDHA reivindica políticas sociales, de formación y de empleo para las personas que deseen salir de la prostitución, así como la supresión de las Ordenanzas Municipales que criminalizan a este colectivo. Por último, pide la no derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Durante 2013, desde las distintas áreas de trabajo de la APDHA, se han abordado muchas de las vulneraciones de derechos en Andalucía, se han denunciado y se ha trabajado para cambiarlas. Estas serían las principales vulneraciones de Derechos Humanos donde la Asociación ha focalizado su trabajo:
Marginación y exclusión social
Podemos resaltar el paro, del 36,37% (EPA 14/10/2013) y un desarrollo de políticas que no incentivan la creación de puestos de trabajos1. También la situación de Emergencia Habitacional que está viviendo la población andaluza. Personas que no pueden hacer frente al pago o alquiler de la vivienda o a los suministros básicos, cuando debería ser obligación de las administraciones el velar por el cumplimiento de este derecho. Resaltamos la dejadez, por parte de las administraciones, de los “barrios ignorados” y la falta de programas que atiendan a familias de manera integral desde sus diferentes necesidades. Nada se está haciendo para erradicar los asentamientos chabolistas. Alarmante es también la situación de las personas sin hogar. Muchas han llegado a esa situación extrema principalmente por pérdida de empleo. Otro asalto ha sido la derogación de la Ley de Dependencia.
Todo ello en un país con 2 millones y medio de niños que se encuentren en situación de pobreza (25% de los niños están malnutridos) y un 6% de niños andaluces en situación de pobreza extrema.
Cárceles
Con relación a las personas que se encuentran privadas de libertad, destacamos la desigualdad en atención sanitaria: El estado de salud de las personas que llenan las prisiones está más deteriorado que el del exterior – en enfermedades graves tales como el VIH-SIDA, la hepatitis C, la tuberculosis o la enfermedad mental -, pero la inversión y el control es inferior al de la calle. Se ha recortado en la medicación y han aparecido cupos para ser tratados, en función de la disponibilidad presupuestaria. Denunciamos también la situación de los Enfermos mentales. Se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos. Se incumple así el convenio del año 2006 que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación los mismos y a la derivación a recursos comunitarios adecuados. Otro problema es el aislamiento de los presos debido a la falta de transporte público a las prisiones: las familias, la mayoría con pocos recursos económicos, no pueden afrontar un gasto de entre 60 y 100 euros en taxis, única forma de transporte público en muchas cárceles andaluzas.En cuanto a torturas y represión a las movilizaciones sociales, durante 2013 en Andalucía se han producido 42 situaciones de torturas con 97 personas afectadas. Destacó la represión en dos ámbitos: personas agredidas en el transcurso de las movilizaciones sociales y la represión del derecho de reunión pacifica a través de multas a los participantes.
Por otra parte, durante el año 2013 las personas presas han estado desatendidas jurídicamente como consecuencia de la actitud caprichosa e ilógica del Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Tras comprometerse con la APDHA en reanudar el servicio suspendido en el 2012, a través de acuerdo bilateral entre Consejería y Colegios de Abogados, han sido distintas las excusas puestas por el Consejero para no cumplir lo acordado. Incluso vía parlamentaria se han aprobado dos proposiciones no de ley reclamando al Consejero la reinstauración del Servicio.
Inmigración
En cuanto a las personas migrantes que viven en Andalucía, las principales vulneraciones se han centrado en la exclusión en el acceso a derechos sociales, como el “salario social” y a las bonificaciones de precios de escuelas infantiles y comedores escolares. También podemos señalar el deterioro de las condiciones de los empleos desempeñados por personas inmigrantes: mayor estacionalidad, mayor explotación (especialmente en el campo, donde se están dando casos indignos en los que se paga 2.5€/hora), etc.
Otro caso flagrante de violación de derechos son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Con respecto al CIE de Algeciras-Tarifa, sus intolerables condiciones materiales han sido reiteradamente criticadas desde el ámbito institucional (Defensora del Pueblo y Fiscalía General del Estado, p.ej.) y por los colectivos sociales. De la misma manera continúan las redadas por perfil étnico, que afectan principalmente a las personas extranjeras. Y las personas migrantes que quieren llegar de manera clandestina a las costas andaluzas, como frontera Sur de Europa, vuelven a tener un triste protagonismo en el trágico balance anual de personas que pierden la vida intentando llegar a Europa, víctimas del blindaje y la externalización de fronteras: 225 durante el año 2012.
Prostitución
Uno de los problemas al que se enfrentan los/as trabajadores/as del sexo es la dificultad de acceso a los recursos públicos sanitarios. Se trata de un colectivo formado mayoritariamente por población inmigrante, que está sin acceso a tarjeta sanitaria si no tiene regularizada su situación administrativa. De momento, en Andalucía no se está aplicando dicho Decreto, pero los/as trabajadores/as no tienen seguridad sanitaria.
Por otro lado, la anunciada derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conllevaría un grave retroceso en los derechos de salud sexual y reproductiva. Las ordenanzas municipales, que prohíben la prostitución callejera, aprobadas en algunas ciudades de Andalucía (Sevilla, Málaga, Puerto Real, Marbella) están produciendo una criminalización de las personas que ejercen la prostitución; además de un perjuicio en sus condiciones de trabajo y seguridad.
El hecho de que la prostitución no sea reconocida como profesión implica una serie de vulneraciones del derecho a unas condiciones de trabajo digna, a la Seguridad Social, a la sindicalización, negociación colectiva, acción colectiva y huelga.
Educación
Los recortes en educación en Andalucía, de más de 5.000 millones de euros en el pasado curso escolar, han tenido como consecuencia un serio deterioro y graves perjuicios para la escuela pública, la única capaz de garantizar el derecho a la educación a todos los niños y niñas que viven en Andalucía.El incremento del número de alumnos por clase, el recorte de plantillas y despido de trabajadores supone un perjuicio grave a la calidad de la escuela pública. Otro ataque a la igualdad de oportunidades ha sido el incremento del precio de las matriculas y la disminución de las becas de estudio o para la adquisición de libros de texto, la reducción de los servicios complementarios de comedor y transporte, así como la eliminación o reducción de programas educativos de apoyo y atención a la diversidad.
Se disminuyen drásticamente las partidas para gastos de funcionamiento de los centros, así como las destinadas a infraestructuras y equipamientos.
Por otra parte, otro retroceso será la aplicación de la llamada ley Wert o LOMCE. Una ley que privatiza el servicio público, que segrega al alumnado con itinerarios, vacía y anula las competencias educativas de Andalucía, elimina la gestión y participación democráticas de los centros educativos, impone reválidas que constituyen obstáculos para los estudiantes… Es una ley que generará desigualdades segregando a los alumnos en función de sus conocimientos y provocando que se pierda la atención a la diversidad, que elimina el carácter laico de la educación… y ahonda más todavía en los recortes en educación.
Para finalizar, la APDHA ha informado que cada año, con motivo del Día de los Derechos Humanos, reconoce la labor de aquella entidad, colectivo o persona que haya destacado por la defensa activa, valiente, pacífica… de los derechos de las personas. Este año 2013 ha resuelto conceder PREMIO DERECHOS HUMANOS 2013 al Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT). La entrega del mismo será el día 19 de diciembre a las 19.30 h., en la sede andaluza de la APDHA (c/ Blanco White, 5 de Sevilla).
Andalucía, 10 de diciembre de 2013
> Descargar dossier ampliado sobre las Vulneraciones de Derechos Humanos en Andalucía en 2013
