ANTE EL ANUNCIO DEL GOBIERNO DE ENDURECER LAS PENAS A ALGUNOS COLECTIVOS DE PRESOS

Frente a esto habría que preguntarse cuál será la próxima medida que deberá tomarse para el caso de que fallen estos nuevos incrementos de penas o nuevas medidas de libertad vigilada.

Es decir, el Gobierno en lugar de plantearse qué está fallando en el actual sistema, se decide vender a bombo y platillo nuevas medidas que desde luego no conseguirán reducir en nada este tipo de delincuencia. La alarma generada derivada de casos aislados que saltan a la luz pública hace pensar a la ciudadanía que es continúa la reincidencia y por tanto imposible la rehabilitación de los mismos.

Dicha alarma debió ser desmentida por los responsables políticos, señalando que el colectivo de infractores sexuales es reducido en el estado español, con 3.000 presos, que suponen el 4% de la población penitenciaria, y que la tasa de reincidencia es muy inferior a la del preso común, pasando del 18% al 4% en caso de que se trate al preso durante la privación de libertad.

Esta difusión no interesa al Gobierno, pues la falta de tratamiento imputable al Estado es la causa de la reincidencia. A pesar de la eficacia del mismo, en el año 2007 solo se ofrecía tratamiento en 28 prisiones de las 77 del estado (en el año 1999 fueron 8, en el 2001 eran 13 las prisiones con tratamiento). Por tanto, la incorporación de tratamientos está creciendo a un ritmo muy lento. Menos del 10% de los presos por delitos sexuales accedieron a dicho tratamiento, solo 250.  Desde el año 1996 que se inicio el Programa de Tratamiento para Agresores Sexuales en Brians (Cataluña), incorporado en el resto del estado de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en 1998, se ha pasado de atender a 40 presos a los actuales 250. Es decir, no se puede decir que se haya apostado por estos programas. En países como Reino Unido llegaron a atender al 100% de los presos en el 2006.

Por ello, la APDHA insta al Gobierno a que asuma su responsabilidad, y que lejos1 de castigar con más penas su propio incumplimiento del mandato constitucional de proporcionar un tratamiento rehabilitador, apueste firme y decididamente por establecer los tratamientos adecuados

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