2.- Dichos límites temporales son una exigencia del estado de derecho, de respeto a la dignidad humana y al trato humano, que debe tratar al infractor de las normas de convivencia de una forma distinta a la que él actuó, única forma de dar ejemplo.
3.- Las reformas legales de los últimos años, iniciadas con el Código Penal de 1995, reformado en el 2003, así como la reforma de la ley de responsabilidad penal del menor en 2006, han llevado a duplicar la duración efectiva de las penas. España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que era y sigue siendo uno de los países más seguros del entorno. Por tanto, dichos endurecimientos no provocaron reducción de criminalidad alguna, los países con cadena perpetua o pena de muerte no reducen la delincuencia, no disuaden futuras infracciones. Ello ha provocado que jóvenes que entran con 18 años tengan que permanecer hasta superar sus 40 años de edad en prisión, que ancianos e incluso enfermos graves como parapléjicos o con esclerosis, que requieren ayuda de otras personas para alimentarse, higiene o vestirse que deben permanecer gran tiempo en cama, no puedan salir de prisión.
4.- Con esta realidad, se vuelven a proponer reformas. El único motivo un nuevo hecho grave. Estos desgraciados acontecimientos no son novedosos, se vienen repitiendo a lo largo de la historia; la novedad reside en la gran difusión que están adquiriendo a través de los medios de comunicación, medios que no dudan incluso en no respetar la especial protección que merecen los menores de edad a la hora de tratar estas noticias. Un hecho no puede modificar el rumbo del estado. No se debe legislar a golpe de sucesos.
5.- Como entidad llamamos a la reflexión a los medios de comunicación, que cada vez completan más su tiempo con hechos aislados generando sensación de generalidad, rompiendo el duelo necesario de los familiares de las víctimas y sacando tajada del dolor. ¿Qué ganan con esto, dinero?. La responsabilidad social impone otras medidas distintas a invitar a tertulianos que hablan de realidades desconocidas.
6.- Igualmente se llama la atención de los políticos y dirigentes, al PP por proponer nuevos endurecimientos y al Presidente del Gobierno y Ministros por potenciar el debate. ¿Se reúnen con miles de afectados de otras realidades? ¿Es estar en la portada de la prensa lo que les interesa?.
7.- Todo ello, acoso mediático, acercamiento de familiares que han sufrido realidades parecidas, saber que disponen de reuniones al más alto nivel, puede estar determinando que los familiares se sientan casi obligados a responder con estas peticiones. Los familiares tienen derecho, y así deben exigirlo, al respeto, así como a una reparación por el Estado, pero no pueden exigir convertirse en legislador. No se va a recuperar a la víctima por imponer mayor pena, a lo suma conseguir añadir a su pena, la pena del culpable.
8.- Existen estudios serios sobre la realidad de la pena privativa de libertad, entro otros los elaborados por la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, que demuestran que no solo no es posible la cadena perpetua en nuestro sistema, sino que el sistema actual necesita una profunda revisión y se posicionan en contra de la ampliación de penas.
9.- La preocupación de los gobernantes, medios y sociedad deberían ser las causas de los delitos, y el absurdo del actual sistema penitenciario, que no sirve para su función de reinserción.
10.- Aunque no puede realizarse un análisis en profundidad en estas líneas, es evidente que bajo esas peticiones de penas subyace un gran desconocimiento de la realidad carcelaria, las más de 1.000 muertes en su interior en los últimos cinco años, los suicidios que dejan intuir la dureza de la vida en prisión, malos tratos, incomunicación familiar… Se está configurando la prisión como mera venganza al incumplirse el mandato constitucional de reinserción, que es lo que debe importar a la sociedad. El ciudadano no debe volver peor a como entró, que es lo que está sucediendo.
En definitiva si el incremento de la pena no sirve para disuadir, ni está sirviendo para reinsertar, corremos el riesgo de convertirla en una mera venganza cada vez más ilimitada, que con sensatez y desde la lejanía al calor del momento, el estado no puede tolerar. Hay que apostar por la prevención y la cultura de la no violencia, buscar otra forma de resolución de los conflictos sociales, trabajar las causas de los conflictos, apostar por políticas sociales serias, por la prevención y por la creación de oportunidades y derechos humanos para lo cual se requiere un adecuado presupuesto económico. Los delitos no ponen sino de manifiesto el gran fracaso social del estado, que parte desde los servicios sociales comunitarios al no diagnosticar los problemas, pasando por la inexistente atención pública a los mismos.
