¿Cómo abordar la gestión de las migraciones en la provincia en la que más se sufren las consecuencias de las inhumanas políticas migratorias desarrolladas hasta el momento?
En 2018 uno de cada tres migrantes que llegó a España en patera lo hizo por la provincia de Cádiz. También a la provincia de Cádiz llegó una de cada dos pateras que alcanzaron las costas españolas.
Desde siempre la provincia de Cádiz ha sido la puerta de entrada a Europa y el Estrecho de Gibraltar puente de culturas y relaciones entre los pueblos, sin dejar de ser frecuente zona de conflicto.
Treinta años después del primer naufragio y de las primeras víctimas, la provincia de Cádiz se ha convertido en el principal punto de entrada desde África a Europa, siendo uno de los caminos que quieren transitar muchas personas de África que desean buscar un futuro digno en Europa o huyen de la persecución, el hambre o la guerra y que se ven abocadas a arriesgar su vida por este camino porque se les niega sistemáticamente cualquier otra vía legal y segura. Y todo indica que seguirá siendo así durante mucho tiempo.
¿Cuáles han sido hasta el momento los ejes fundamentales con los que se gestiona este fenómeno por parte de los diferentes gobiernos? ¿Cómo recibimos a estas personas que llegan a nuestro país?
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El elemento esencial de la gestión de las migraciones en estos años ha consistido en impedir como sea que salgan migrantes hacia nuestras costas. Tanto España como la Unión Europea han potenciado los acuerdos de externalización por los que se subcontrata el control de fronteras con países terceros, con importantes contrapartidas millonarias -camufladas como cooperación al desarrollo- que están fortaleciendo a estados fuertemente autoritarios que violan sistemáticamente los derechos humanos, tanto de los migrantes en tránsito como de su propia población, como es el caso de Marruecos.
Si las personas migrantes logran sortear al gendarme del sur, la voluntad política ha sido buscar la forma de evitar como sea que lleguen a nuestra costa. Así, para impedir que lleguen se levantan muros y alambradas cada vez más altos y más cargados de crueldad e inhumanidad, se despliegan fuerzas policiales o militares y se implementan sistemas de vigilancia de alta tecnología. Todo ello se hace con inversiones millonarias destinadas a las empresas de armamento y seguridad que han convertido la xenofobia en un lucrativo negocio.
Pero si llegan, si logran sortear muros y patrulleras, el objetivo es que estas personas sean detenidas y expulsadas lo antes posible. Todo el sistema de gestión de la llegada de migrantes a nuestras costas está basado en la detención, el encierro y la expulsión, por más que a veces intenten disfrazarlo como un sistema de “acogida”.
No hay tal política de acogida; lo que existe es una política de detención, identificación y expulsión. El caos en la gestión ante el más que previsible incremento de la llegada de migrantes se ha afrontado con un aumento de las infraestructuras para la retención de estas personas, por ejemplo, con la instalación del eufemísticamente llamado CATE (Centro de Acogida Temporal de Extranjeros) de Crinavis en San Roque, concebido como una extensión de la Comisaría de la Policía Nacional pero con capacidad suficiente para albergar hasta 600 personas
Las personas con apariencia magrebí son devueltas a Marruecos de forma inmediata en cuanto son desembarcadas sin recibir ningún tipo de asistencia. Las personas de apariencia subsahariana son derivadas a Crinavis, donde tras ser identificadas, pueden ser enviadas a un CIE para su expulsión, o, si ello no resultara posible, dejadas en la calle sin ningún tipo de documentación, lo que les condenará a la exclusión y vulnerabilidad.
En efecto el sistema de encierro de migrantes se completa con los Centros de Internamiento de Extranjeros, de los que existen dos en nuestra provincia: la antigua cárcel de la Piñera en Algeciras y la Isla de las Palomas en Tarifa. Se trata de pseudocárceles para personas que no han cometido delito alguno, centros denunciados por la falta de las mínimas condiciones donde las personas están privadas de libertad hasta 60 días a la espera de ser repatriadas.
Se trata precisamente de eso. El objetivo es expulsar lo antes posible a las personas migrantes. Numerosos acuerdos de repatriación han sido firmados con países africanos para “extraditar” a quienes intentaron buscar una vida digna en Europa. De nuevo, miles de millones de euros para “compensar” a estos países, y vuelos de repatriación frecuentemente denunciados por la justicia europea.
Así se cierra el círculo de las políticas que muchos califican de auténtica “guerra contra las personas migrantes”: que no salgan, si salen que no lleguen, si llegan que sean detenidas y luego, lo antes posible, expulsadas manu militari.
Este sistema de interceptación, detención y expulsión provoca numerosas violaciones de derechos humanos, que se han manifestado con toda crudeza durante el año 2018. La habitual falta de información, de intérpretes, de acceso a la solicitud de asilo, se ha visto acompañada de una deficiente atención sanitaria, con el encierro en polideportivos y otras instalaciones provisionales en condiciones lamentables, con deficiente alimentación, sin mantas, sin suficientes servicios, sin colchonetas, etc.
Mención aparte merece el trato indiferenciado e inadecuado que se dispensa a los niños y niñas vulnerando las convenciones y nuestra legislación de protección de la infancia, al considerarlos más como inmigrantes que como menores sujetos de derechos como tales.
La consecuencia más dramática de esta política migratoria se salda con la muerte de centenares de personas cuando intentaban llegar a nuestro país. En estos 30 años la APDHA ha podido contrastar 7.780 personas muertas y desaparecidas, que seguramente serán muchas más. En 2018 se elevana 1.064, de ellas 146 intentando llegar a las costas de Cádiz. Estas cifras estremecedoras no logran conmover a nuestros dirigentes nacionales y europeos.
Las últimas medidas tomadas por el Gobierno de España profundizan en esta política de muerte y sufrimiento. Quitar las concertinas, pero subvencionando su instalación en el lado marroquí. Bloquear a los buques de las ONGs de salvamento Open Arms y Aita Mari. Limitar la acción de Salvamento Marítimo y reducir sus recursos. Subcontratar a Marruecos las tareas de salvamento en la zona SAR de competencia española, cuando es de sobra conocido que Marruecos no está preparado, ni política ni materialmente, para ocuparse eficazmente de los rescates de seres humanos en el mar.
Por ello, lamentablemente, no logramos apreciar diferencias sustanciales en esta inhumana política entre los gobiernos de unos y otros partidos que se alternan en España.
Desde la APDHA venimos reclamando un profundo cambio de rumbo en las actuales políticas migratorias de “guerra contra los migrantes”, basadas en discursos criminalizadores, en el cierre de fronteras, en los muros y las alambradas, en el despliegue militar y policial, en gastos desorbitados en beneficio de empresas de seguridad, en la detención, el encierro y la expulsión.
Estas políticas, además, son ineficaces a la postre para el objetivo que dicen pretender, como corroboran todos los datos de estos 30 años de cierre de fronteras y lucha contra la llamada inmigración ilegal. Son ineficaces porque es imposible poner puertas al campo, contener las ansias de búsqueda de seguridad o de futuro. No sirven de nada pese a las cuantiosas inversiones realizadas. Cuando se cierran unas vías, la vida abre otras ineluctablemente.
Proponemos así, en estos tiempos electorales, el compromiso de los partidos políticos en ese cambio de rumbo, que, desde nuestra modesta experiencia, se puede concretar en las siguientes grandes líneas:
- Avanzar de una vez por todas en el establecimiento de vías de migración legales y seguras
Para que nadie más tenga que poner en peligro o perder su vida ni la de sus hijos e hijas para buscar un futuro digno o huir de la guerra o la miseria.
- Acabar con el uso demagógico de las migraciones en el discurso político
Asumir el compromiso, en la línea del acuerdo de los partidos en el Parlament de Catalunya, de fomentar un “debate responsable sobre inmigración y contra el racismo y la xenofobia”.
En esa misma línea, obligarse a emitir mensajes que no equiparen inmigración con acciones delictivas, tales como terrorismo o trata de personas,que den a conocer los beneficios de la inmigración y la diversidad, y a no atribuir comportamientos individuales a colectivos, entre otros acuerdos.
Sensibilizar a la población acerca de los peligros del racismo y la xenofobia para la convivencia y la democracia, alentando la denuncia de bulos, rumores y noticias falsas.
- El derecho de asilo
Comprometerse en la acogida de refugiados y refugiadas respetando los compromisos de reasentamiento y reubicación aún incumplidos por España.
Comprometerse para que se apruebe el Reglamento de la Ley de Asilo 12/2009.
Establecer los mecanismos correspondientes para poder solicitar la protección internacional en embajadas y consulados de terceros países, tanto en el país de origen como en países de tránsito.
Trabajar por la actualización del concepto de persona refugiada a toda persona que se ve obligada a abandonar su país por motivos económicos, sociales, culturales y medioambientales.
- Externalización
Retirar el apoyo a los acuerdos de la UE con Turquía y Libia y otros países que vulneran gravemente los derechos humanos e instar tanto al Gobierno español como al Consejo de la UE y la Comisión Europea a que suspendan de forma inmediata y cautelar su aplicación.
Cesar los acuerdos con Marruecos, país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes, y con terceros países para que ejerzan de gendarmes de Europa. Al contrario, la coordinación con Marruecos debe tener como principio el respeto a los derechos humanos de todas las personas y garantizar que ninguna persona muera por intentar migrar.
Actuar con transparencia en relación con los protocolos de coordinación de Marruecos respecto a los rescates, las responsabilidades y funciones de la Guardia Civil, Frontex y Salvamento Marítimo, las operaciones y programas de salvamento o protección existentes, así como los fondos y sus cuerpos operativos, y detalles sobre la formación que se está ofreciendo, sobre qué unidades y equipamiento se están facilitando a Marruecos y sobre la procedencia de esos fondos.
- Agenda de Salvamento
Comprometerse a respetar el carácter civil del rescate marítimo.
Dotar a Salvamento Marítimo de los medios personales y materiales necesarios para poder ejercer su actividad de forma proactiva y efectiva, mejorando incluso la capacidad de respuesta y cobertura.
Cesar de inmediato el apagón informativo que se ha impuesto sobre la Frontera Sur y que provoca que las personas que migran estén más expuestas a mayores violaciones de derechos humanos; difundir información correcta y transparente de los rescates que se realizan, tal y como se hacía hace pocos meses.
- Acabar con la política de encierro y expulsión
Asumir el compromiso de cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y los llamados Centros de Acogida Temporal, utilizando medidas alternativas ya contempladas en la Ley de Extranjería.
Revisar en profundidad los procedimientos y sistemas de gestión previstos en la Ley de Extranjería en la línea de aplicar procedimientos para la acogida generosa y solidaria.
- Poner en marcha una política de acogida
Dignificar las instalaciones de primera acogida en los puertos andaluces.
Garantizar un proceso de identificación respetuosa acompañada de los medios materiales y personales necesarios en las fuerzas de seguridad y en los juzgados, tal y como estos mismos cuerpos vienen demandando; la identificación ha de tener un tratamiento individualizado, con acceso a asistencia letrada e intérprete y en un tiempo razonable, tal y como establecen la ley y los tratados internacionales.
Poner en marcha programas de admisión humanitaria, sin una duración determinada ni limitaciones laborales o de acceso a la nacionalidad
Comprometerse a implementar mecanismos para la detección y protección de las personas más vulnerables en las migraciones, como es el caso de las víctimas de trata. En el caso de estas últimas, que la responsabilidad no termine recayendo en ellas, y que se extienda la protección a sus familiares incluso en los países de origen.
- Protección de la infancia
Actuación global e integral en la llegada de niños y niñas migrantes que viajan sin la compañía de un familiar adulto, en el marco de las realidades migratorias actuales, poniendo en el centro el interés superior del menor tal y como explicitan los convenios internacionales y nuestra propia legislación de protección de la infancia.
Aplicar programas que permitan mejorar su acogida en condiciones de seguridad y adecuación a su proyecto migratorio de emancipación y acceso a la ciudadanía. Ello es competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de las ciudades de Ceuta y Melilla y debe ser apoyada por el Estado.
Comprometerse a impulsar un programa de colaboración entre las diferentes comunidades autónomas en este tema.
Dotar de recursos suficientes al sistema de acogida de emergencia tanto en equipamiento como en medios técnicos, humanos y económicos.
Adoptar medidas de modo que no se extinga la protección por parte de la administración competente pasado el tiempo estipulado para que los y las menores no sean objeto de trata de personas en todas sus formas de explotación.
Flexibilizar los criterios para agilizar los procesos de reunificación familiar ampliando los supuestos de reagrupamiento de familia extensa.
Garantizar la documentación y el acceso a la ciudadanía de los menores extutelados que a los 18 años salen del sistema de protección, implementando mecanismos para su integración social.
- Vallas de Ceuta y Melilla
Retirar el recurso interpuesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acabando de inmediato con las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla, tal como establece la sentencia de dicho Tribunal.
Acabar también con otras prácticas que vulneran los derechos humanos en la Frontera Sur, como la existencia de concertinas, que debe ser también rechazada en el lado marroquí.
Descartar el uso de medios gravemente coercitivos y altamente violentos en la frontera. Establecer fórmulas de admisión legales, en el marco de acuerdos internacionales, que se puedan implementar.
Facilitar el acceso a la petición de asilo para todas las personas.
- Puertos y Aeropuertos
Reclamar la retirada de la obligatoriedad del visado de tránsito en los aeropuertos.
Establecer un protocolo para los casos de polizonaje, destinado a las Autoridades Portuarias de Andalucía, que sea de obligado cumplimiento, para facilitar la asistencia social, letrada y de intérprete tan pronto se tenga conocimiento de la existencia de un polizón, así como en el momento de realizar la primera entrevista por las autoridades pertinentes, con independencia de si los polizones han manifestado su intención de entrar al Estado español o solicitar asilo.
Cumplir la resolución de la Organización Marítima Internacional (OMI) según la cual los Estados tienen que facilitarle mensualmente información sobre los casos de polizonaje en el propio territorio.
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