La delegación de Cádiz de APDHA ha ofrecido hoy 24 de septiembre una Rueda de Prensa a la que han asistido numerosos medios de comunicación para valorar el proceso de adjudicación de las viviendas de Matadero en Cádiz.
Nuestra Asociación ha denunciado en múltiples ocasiones la insostenible situación social en Cádiz con insoportables niveles de pobreza y gravísimos problemas de acceso a una vivienda digna. En este contexto, la APDHA, considera que es particularmente odiosa la manipulación de procesos de adjudicación de las pocas viviendas públicas que se ofrecen para favorecer intereses partidistas o clientelares.
El caso de las viviendas del Matadero es paradigmático y resulta particularmente denunciable. Del mismo modo que resulta preocupante el estilo de algunos políticos que, en vez de ofrecer todo tipo de explicaciones documentadas y con argumentos, se dedican a descalificar a cuantos le critican, incluidas organizaciones sociales como la APDHA. Es el caso de Blas Fernández. Verdaderamente estas son las cosas que provocan hastío a la ciudadanía y a buena parte de la sociedad.
Recuérdese que la construcción de viviendas públicas en Matadero parte nada menos que de un convenio del año 2000 entre la Junta y el Ayuntamiento, que fue modificado en 2005 para la adjudicación entre cada parte. Que, tras diez años, finalizadas las viviendas en 2011, el 17 de enero de 2013 el Ayuntamiento de Cádiz procede a certificar la licencia de primera ocupación.
A partir de ese momento, que ya se podían ocupar las viviendas… ¿por qué el Ayuntamiento pone todo tipo de trabas para recibir las viviendas si ya estaba la licencia que ellos mimos aprobaron? La cesión de la Junta no se produce hasta la firma de Convenio de Cesión del 24 de mayo (visita de periodistas por medio), por lo que a partir de ese momento se iniciaba el proceso de adjudicación que debía controlar el Ayuntamiento, por convenio y por ley.
La adjudicación de este tipo de viviendas está claramente establecida en la Ley y en la propia Ordenanza Municipal de PROCASA (ver aquí):
– Es preciso tener dispuesto y operativo un Registro de demandantes de vivienda protegida en alquiler. El listado se hace con relación a un baremo que, lógicamente, tiene presente la necesidad social para adjudicar las puntuaciones. Ver aquí. La lista no está en la web, hay que verla en el tablón de anuncios de Procasa. La última es de mayo, pero en septiembre está en proceso de revisión, como establece la ley (cada tres meses).
– La ordenanza (y la Ley andaluza) establece que puede haber excepciones a esa lista por realojo, o por urgencia social. “Estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del Registro y comunicadas a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda” (Art. 2 de la ordenanza).
– La Junta debe visar los contratos, recibir las comunicaciones de excepción debidamente fundamentadas y ser garante de que la ley se está cumpliendo.
Dicho todo esto, la APDHA ha denunciado que existen suficientes y fundamentados indicios de que el proceso de adjudicación ha estado viciado por la presión política para incluir a determinadas personas.
– Por lo pronto, en la Mesa de Vivienda del Consejo de Inclusión del 4 de julio, la Delegación de Cádiz de APDHA requiere toda la información del proceso de adjudicación en marcha. El Ayuntamiento, en esta reunión, no da explicaciones de ningún tipo, pero ya estaban firmando desde junio los contratos. ¿Para qué está la mesa de vivienda y el consejo de inclusión? ¿Qué se pretendía ocultar?
– Resulta cada vez más evidente la relación entre la dimisión de la Coordinadora de Servicios Sociales, Pilar Tubío, y las presiones políticas destinadas a modificar la lista de adjudicación. Presiones que certifican no solo las trabajadoras del servicio, sino también los sindicatos. Si es así, estaríamos ante un grave delito.
– También resultan significativos los escritos que han realizado, por un lado, 80 trabajadores de Servicios Sociales y, por otro, las tres jefas de programa.
– También el propio proceso de adjudicación y la propuesta final llegada a Fomento resultan sospechosos. ¿Cómo las excepciones pueden convertirse en la regla? Sobre todo cuando el listado se actualiza cada tres meses ¿Cómo puede ser que de los expedientes presentados hasta el momento el 85% sean excepciones? ¿Qué pasa con los diez expedientes que faltan por entregar en la Delegación de Fomento de la Junta? Las preguntas se suceden.
– Y esas preguntas se resumen en: ¿han intentado determinados concejales del Ayuntamiento meter intrusos en la lista de adjudicaciones de Matadero? ¿Hay INTRUSOS en la lista de Matadero? Esta pregunta no puede dejarse sin respuesta.
– ¿se refería a eso Teófila Martínez, la alcaldesa de Cádiz, cuando dijo aquello de “tanto Twitter y tanta opinión” sobre los que solicitaban ayudas y luego no se quedaban calladitos?
En todo caso, desde la APDHA queremos expresar nuestro apoyo público a todos los trabajadores y trabajadoras de Servicios Sociales Municipales. Y felicitarles por la valentía al enfrentarse a unos políticos que se creen omnipotentes y se sienten impunes para hacer favores y “para manejar las cuestiones municipales como si fuera su cortijo. Entre todos les pagamos su sueldo, pero ellos se creen los dueños de la finca”.
En relación a las actuaciones que vamos a desarrollar por parte de la APDHA:
– Hemos planteado por escrito al delegado de Fomento de la Junta la necesidad de que, ante la alarma social generada, actúe de oficio y tome la decisión de revisar a fondo todo el proceso de adjudicación en el marco de sus competencias.
– Además pedimos la intervención de la fiscalía, que debería investigar a fondo la posibilidad de que se haya vulnerado la ley: en la confección de las listas y en las supuestas presiones políticas recibidas por las trabajadoras sociales. El PSOE ya ha presentado una denuncia y se lo están planteando otros actores sociales, entre ellos sin duda la APDHA.
– Estamos preparando un dossier para el Defensor del Pueblo, ante la vulneración de derechos que se ha podido producir.
– Finalmente, hemos planteado al Ayuntamiento, por escrito, que convoque con toda urgencia el plenario del Consejo de Inclusión Social Municipal, para ofrecer a la sociedad civil todo tipo de explicaciones acerca de todo este proceso… “¿Hablan de participación ciudadana? Es el momento de demostrarlo”.
Cádiz 24 de septiembre 2013