Un año más, queremos alzar la voz en el día internacional de la lucha contra el virus del sida (VIH), para hablar de la situación de las personas presas. Esta población, además de estar afectadas con mayor intensidad por esta patología, padece una amplia lista de vulneraciones de derechos y lesiones a su dignidad, que requieren su visibilización y respaldo social para lograr su eliminación.
El régimen penitenciario implica exclusivamente que las personas condenadas, estén sometidas a la privación de su libertad de circulación, el reconocimiento legítimo de sus Derechos Humanos establece que no pueden sufrir la vulneración de sus derechos básicos, ni lesionarse su dignidad por el hecho de cumplir una pena en las cárceles.
La persistencia de estas situaciones, pone en riesgo su posterior reinserción en la sociedad con garantías para su salud y dignidad. La reinserción social está considerada el objetivo básico del sistema penitenciario español (artículo 25.2 de la Constitución Española), generando una excepción intolerable del efecto del marco constitucional para las personas presas.
Es muy grave constatar como el acceso sanitario en condiciones adecuadas y suficientes, sigue siendo un tema pendiente para instituciones penitenciarias y el ministerio del interior. En ocasiones también observamos como la salud es penalizada a través de traslados de centro como castigo a las personas presas.
Durante este año hemos denunciado públicamente como los recortes presupuestarios afectan seriamente la salud de las personas internadas, siendo esta reducción de un 13% en medicamentos, un 32% en conciertos de asistencia sanitaria y un 2% en alimentación. Pero no solamente se han efectuado en el aspecto sanitario también las partidas que tienen que ver con la reinserción, intervención social y alternativas a la prisión se han reducido un 40%.
Parece que, dado que las cárceles son lugares ajenos a la visibilidad pública, las personas presas deben asumir condiciones inaceptables para cualquier persona que, bajo custodia de una institución pública, afectan intensamente a su vida cotidiana como es la falta de acceso a calefacción o climatización adecuada en el interior de los módulos.
El trabajo en prisión se coloca también entre las vulneraciones de los derechos fundamentales de la población reclusa, ya que las condiciones de vulnerabilidad, explotación y ausencia de recursos para su protección bajo el marco legítimo de los derechos laborales, nos parece no solo grave, sino una extensión de modelos productivos que denigran a la persona para obtener beneficios económicos basados en la explotación de las personas trabajadoras.
Y por supuesto, destacar el retroceso que ha supuesto la instauración en 2015 de la prisión permanente revisable que es a todos los efectos una cadena perpetua encubierta y que vulnera derechos fundamentas que son inalienables.
La población penitenciaria sufre una constante vulneración de los derechos fundamentales, poniendo el acento en colectivos con discapacidad física, psíquica o sensorial. Llama la atención el vacío instalado en los centros penitenciarios en relación con las personas con discapacidad, vulnerando de esta manera el artículo 49 CE que establece la obligación de los poderes públicos para la integración y atención especializada de las personas con discapacidad. El colectivo de personas sordas es uno de los más castigados, a día de hoy Instituciones Penitenciarias no considera necesario la obligatoriedad de disponer de intérpretes de lengua de signos en los centros penitenciarios, ni la existencia de convenios que permitan disponer de profesionales especialistas que puedan paliar las barreras comunicativas a las que se enfrentan cada día las personas sordas privadas de libertad.
El padecimiento de estas situaciones, trasciende a la persona presa, ya que son en buena parte las familias, en especial las que proceden de contextos sociales y económicos más desfavorecidos, quienes tratan de obtener respaldo social y recursos de acompañamiento. Es imprescindible garantizar los mecanismos necesarios para que puedan evitar la suspensión de sus derechos de afecto, relación e incluso de acceso a información vital sobre la situación de la persona en un espacio no accesible para ellas como es el centro penitenciario.
Un año más, insistimos en que es necesario un cambio de rumbo en las políticas penales y penitenciarias. Requerimos el respeto escrupuloso de los derechos fundamentales de las personas presas, sin excepción. Añadimos este año además nuestro rechazo absoluto a los CIE´s y al uso de las prisiones como medio para su detención, tal y como se ha realizado con la prisión de Archidona, convirtiendo los centros penitenciaros en espacios donde “todo vale” y donde las condiciones de internamiento por si solas someten al ser humano a una vulneración absoluta de sus derechos.
La implicación de los ayuntamientos en la realidad de las prisiones no debería jamás resultarles ajena, y pedimos su compromiso efectivo. La ciudadanía gaditana debe tener respaldo de sus gobernantes locales también cuando entran en prisión y no ver suspendidos el efecto de sus derechos fundamentales.
VER COMUNICADO EN EL BLOG DE CÁDIZ
