APDHA Cádiz: La situación de los servicios sociales es insostenible

Se hace imprescindible un cambio de estrategias y de personas responsables

 Antecedentes

Es preciso recordar que antes de las elecciones municipales, en abril de 2015, los actuales grupos de gobierno municipales recibieron y dieron su conformidad a las propuestas sobre asuntos sociales elaboradas por la APDHA contenidas -junto a otras- en el documento “Un municipio respetuoso con los derechos humanos” (ver https://www.apdha.org/media/Municipio-respetuoso-2015-Cadiz.pdf)

Incumplimiento de los compromisos de gobierno

En el documento marco alcanzado por los dos partidos para el pacto de gobierno municipal (GCC y PCSSP ver http://www.transformarcadiz.org/acuerdo-marco-para-el-gobierno-de-por-cadiz-si-se-puede-y-ganar-cadiz-en-comun/) se encuentran diversos compromisos en relación a los servicios sociales, unos más genéricos y otros con medidas concretas.

Los primeros, entendidos como principios inspiradores de la acción de gobierno, no dejan de ser objetivos loables pero abstractos y por tanto difícil de evaluar su cumplimiento, por falta de concreción. Serían cuestiones como:

  • Objetivo prioritario, disminuir las desigualdades sociales
  • Promover el bienestar social de la población de Cádiz
  • Ampliar el desarrollo comunitario, la cooperación y la cogestión social
  • Promover la participación ciudadana (en el ámbito de los asuntos sociales)
  • Fortalecer el asociacionismo y organización de las personas
  • Incrementar las actividades de prevención
  • Proporcionar a todas las personas servicios sociales adecuados a sus necesidades
  • Mejorar la atención en los barrios y colectivos más desfavorecidos

Pero junto a ello, podemos también recordar aquellos otros con algún mayor grado de concreción, que si permiten hacerse una idea del grado de cumplimiento de esos compromisos de gobierno. Nos referimos a cuestiones como:

  • Aprobar un reglamento de prestaciones sociales con ampliación, agilización y revisión de las distintas prestaciones existentes y agilización en la atención de los Servicios Sociales y en el pago de ayudas
  • Garantizar unos servicios sociales de calidad y prontitud
  • Construir una red básica de equipamientos para prestar dignamente estos servicios
  • Mejorar las prestaciones asistenciales
  • Plan de choque para eliminar la pobreza extrema
  • Prioridad máxima en los presupuestos para fines sociales

Ciertamente, en algunos aspectos del programa de gobierno eran muy insuficientes, por ejemplo, en el ámbito de las Personas Sin Hogar (simplemente se cita activar el protocolo de actuación urgente para PSH que garantice la cobertura de sus necesidades básicas, lo que no es poco si se mira bien), o directamente no aparecen en el programa (personas presas y sus familiares, personas inmigrantes, entre otros).

No hace falta ampliar mucho este apartado para concluir que el equipo de gobierno ha incumplido de forma flagrante sus propios compromisos de gobierno, con el que muchos colectivos nos pudimos sentir identificados en su momento.

 

La situación empeora y se vulnera la dignidad de las personas

La situación actual de los servicios sociales se podría caracterizar a grandes rasgos por lo siguiente:

Primero por un número muy importante de consultas y de personas atendidas (50.000 consultas y casi 8.000 personas en 2015) que ha sufrido un aumento del 20% en la demanda. El número de personas atendidas en 2015 supone el 6,5% de la población lo que -teniendo en cuenta que no todas las personas vulnerables acuden a los servicios sociales- nos proporciona una referencia fiable de la profundidad de la emergencia social en nuestra ciudad.

El segundo dato es la falta de personal que tiene que atender a un número muy elevado de demandantes, que se ve superado y que se encuentra desorientado y desmotivado ante la falta de medidas que alivien la situación. Esta falta de personal no sólo está afectando a la atención ciudadana, sino que está pasando factura a los profesionales que soportan diariamente mucha presión, tanto por la ciudadanía como por el personal técnico y ello provoca desánimo, desorientación y deterioro de sus salud física y mental, disparándose en 2016 los días de baja laboral, hasta el punto de que algunos trabajadores cogen vacaciones no renumeradas para sobrellevar la situación.

Ciertamente el origen de esta falta de personal es el despido de 24 trabajadores sociales en 2014 por el gobierno del PP, pero que, pasados dos años, todavía no se ha solventado.

Habría que señalar en tercer lugar la falta de medios y recursos. Por ejemplo, unos medios técnicos e informáticos y obsoletos que más que facilitar la gestión ralentizan la labor diaria.

Cierto que ello se debe principalmente a los límites que impone el gobierno central, a la falta de ayudas de la Junta y la asfixiante deuda heredada. Pero es igual de cierto que el compromiso de “prioridad máxima en los presupuestos para fines sociales” está lejos de ser observado. Comprendemos que son muchas las tensiones e intereses contrapuestos a atender en una ciudad, pero insistimos en la prioridad máxima. Hoy la prioridad, sin embargo, es la deuda y se dedican partidas a temas que no debieran ser atendidos en detrimento de los servicios sociales en la situación que se está viviendo.

El propio diagnóstico del ayuntamiento señala, y sería un cuarto rasgo que señalar, los problemas de espacio, infraestructura y saturación. Es obvio que la infraestructura existente en el Centro de calle Zaragoza es insuficiente y no adecuada para la atención a las personas, y no sólo por las colas, sino por la falta de espacio y la estructuración del mismo en general. Naturalmente buscar otro espacio más adecuado choca con una cierta filosofía por la que da la impresión de que se destinan los espacios más nobles de la ciudad a los temas más “nobles” entre los que no está -claro- el atender a las personas desfavorecidas.

Pero todo ello, finalmente, se agrava por una gestión errática en estos dos años, sin norte claro y a base a respuestas que se ofrecían según la cuestión aparecía en los medios. Son muchos los elementos que nos llevan a esta afirmación tan terminante, algunos de los cuales nos gustaría reflejar a continuación:

 

La gestión de las citas

Las colas que se han generado en los últimos meses son una muestra de la falta de capacidad de gestionar la situación. El sistema actual de “dar número para dar citas” con una trabajadora social empezó en 2014 con el PP, cuando se estableció un libro de citas que era abierto mensualmente, cuyo objetivo era camuflar las listas de espera. Ello quería decir que hasta el siguiente mes una persona no podía volver a pedir cita con su trabajadora social.

Se trataba de un sistema muy complejo e incómodo para la gente, que se ha agravado en el último año al reducir la periodicidad de apertura del libro de citas a 15 días y con un número limitado de citas en cada ocasión, lo que provoca que muchas personas tras esperar cola para la cita se tengan que ir sin ella, al llenarse el cupo del día, y tengan que volver a intentarlo al cabo de otros quince días, sin la seguridad de llegar a conseguirla.

Todo ello ha provocado que se hayan producidos las denigrantes colas ante las puertas de servicios sociales, ante las que muchas personas han tenido que pasar la noche para conseguir la cita con su trabajador/a social. Colas que al suspenderse el sistema en los últimos días han desaparecido de la calle Zaragoza pero que hemos visto como en otros Centros se han reproducido.

El resultado es un trato indigno a nuestros conciudadanos, que se agrava cuando el primer filtro se realiza a través de guardias de seguridad, que ni tienen la formación ni es su función la atención a las personas, la cual la realizan de forma poco adecuada, desabrida y con criterios más de orden que de atención social. Resultado: un trato indigno a nuestros ciudadanos, que han tenido que recurrir a situaciones denigrantes, como apuntar su número en la muñeca.

 

El plan estratégico de Servicios Sociales

Plazos incumplidos, metodología insuficiente, objetivos poco definidos. Resultado que puede ser un fiasco. Ese podría ser el resumen del publicitado Plan Estratégico de Servicios Sociales. No es que no lo sepan, porque la APDHA así lo planteó a los técnicos en la reunión de trabajo que mantuvimos con ellos sobre el tema y se nos contestó que eso era cuestión política.

Cierto es que se ha realizado un interesante estudio de diagnóstico que contiene elementos de utilidad para el análisis de la situación. Pero también nos parece algo limitado. Por ejemplo, no existe un análisis sobre la pobreza extrema en nuestra localidad, cuanta, cual y donde se concentra.

Mucho nos tenemos si es que se avanza en la 3ª fase de su desarrollo, que al final todo quede en una propuesta de modesta reordenación de los servicios sociales.

Pero claro, si de planes se habla, duermen el sueño de los justos el plan contra la exclusión (aprobado en pleno en marzo 2008) o el reiteradamente prometido plan integral para las Personas sin Hogar, o el comprometido plan de choque para eliminar la pobreza extrema del programa de gobierno (como se va a hacer un plan si ni siquiera se ha determinado qué se entiende por pobreza extrema, cuáles son sus características y donde se concentra).

 

La participación, falta de conexión social y omisión

Pese a que resulta ser uno de los ejes reiterados en el programa de gobierno, que la APDHA sepa, este ayuntamiento carece de un proyecto definido de participación social. Y ello es particularmente clamoroso en el área de servicios sociales.

El sistema de participación en el área de servicios sociales es inexistente. Desde su dirección política y técnica se han ido vaciando las mesas participativas existentes, se ha bloqueado, sin explicación y sin ser sustituido por otros mecanismos, el Consejo para la Inclusión Social. Lo hemos denunciado reiteradamente y de forma continua sin que se haya tenido en cuenta la opinión de los colectivos sociales.

De tal forma que hay enormes dificultades para acceder al área y que la participación y atención de la propia concejala es con frecuencia insultantemente ausente.

 

Ni reglamento de prestaciones, ni mejora de las mismas

La concejalía de AA.SS. y la propia dirección técnica han abandonado definitivamente su propio programa de gobierno en el que se planteaba la realización de “un reglamento de prestaciones sociales con ampliación y revisión de las distintas ayudas existentes y agilización en la atención de los Servicios Sociales y en el pago de ayudas”.

También se han negado a considerar la implementación de la ventanilla única para determinadas ayudas. Y abandonada también la idea de “mejorar las prestaciones asistenciales” tal como se proponían a comienzo de la legislatura.

En suma, cuando le hemos reclamado verbalmente y por escrito avanzar en “una homogeneización y regularización de los criterios de adjudicación de ayudas, de tal forma que sean lo más objetivos posible y sobre todo públicos y transparentes”, la respuesta ha sido el silencio administrativo.

 

Las Personas sin Hogar

No creemos que sea preciso extenderse demasiado porque es sobradamente conocida la falta de medidas para abordar dignamente la situación de estas personas. El compromiso de gobierno de “Activar el protocolo de actuación urgente para personas sin hogar que garantice la cobertura de sus necesidades básicas” ha quedado olvidado.

Por supuesto que no nos atreveríamos a afirmar que fruto de ese olvido se han originado las muertes que hemos tenido que sufrir en la calle estos años. Pero también es cierto que esas muertes deberían habernos llevado ya, sin más dilaciones, a la reflexión y sobre todo a la acción.

Es cierto que hubo un magnífico primer impulso con las Jornadas sobre PSH celebradas en diciembre del 2015, pero a partir de ahí todo es más que cuestionable.

Se ha intentado desactivar en la práctica la mesa de Personas sin Hogar, no se activan o se hacen mal los protocolos de frío, sobre el anunciado Centro de Baja Exigencia no sabemos que estén previstas partidas presupuestarias para ponerlo en marcha, se han producido desalojos cuestionables de PSH, sobre los que entidades como Cáritas han puesto en duda su legalidad y oportunidad… Y sobre la puesta en marcha de equipos de atención de calle, seguimos sin noticias, tras haberse aceptado hace dos años en la Mesa de PSH.

Pese a que se habla de relanzar un Plan Integral, lo cierto es que no vemos horizonte en esta legislatura para que la dignidad de estas personas se vea respetada y los recursos a su disposición aumentados.

 

En suma, el panorama es verdaderamente inquietante e insostenible. Y, en nuestra opinión, todo ello descalifica a la actual dirección para seguir intentándolo, a la que ni siquiera son atribuibles algunos de los avances sociales interesantes producidos en este período como el bono eléctrico, el bono de agua o el alquiler justo. Además, parece evidente que el apoyo del conjunto del equipo de gobierno a la gestión y a la solución de los problemas de los servicios sociales puede calificarse de prácticamente nula.

El tiempo se acaba y así no se puede seguir. La dignidad y derechos de quienes necesitan de la atención de los servicios sociales, no pueden continuar siendo ignorados.

Cádiz, 7 de octubre de 2017

 

QUEJA PRESENTADA AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Excmo. Sr Defensor del Pueblo Andaluz

Sevilla, 6 de octubre de 2017

En representación de la Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía, nos vemos en la necesidad de trasladarle la preocupación que sentimos ante la situación en la que se encuentra la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz.

La realidad de saturación y colapso que arrastra dicha Delegación está llegando a ser insostenible ya que:

La demanda de personas y familias a las que atienden se ha incrementado en más de un 20% últimamente.

Los recortes de personal de la Delegación han sido tremendos, tras el despido de 24 profesionales por las políticas de austeridad que realizaron los gobiernos municipales anteriores.

No se han reforzado las plantillas, en un momento en el que nuestra sociedad y nuestros vecinos siguen siendo azotados por las secuelas de una crisis socioeconómica que está ocasionando situaciones nunca vistas en mucho tiempo, siendo la más evidente y denigrante las colas de personas esperando ser atendidas por los Servicios Sociales.

Esta situación algo insólita en la ciudad de Cádiz es fruto de un procedimiento de gestión de citas que comenzó a gestionarse en 2014 cuando se estableció dicha gestión de citas mediante un libro que era abierto mensualmente. Este sistema de gestión establecía que la persona no podía volver a coger cita con su trabajador/a social hasta el siguiente mes en que se volviese a abrir.

En el último año, se decidió mantener el mismo sistema, pero acortándolo a 15 días, y en un horario limitado, provocando está decisión que muchas personas se ven obligadas a ir reiteradamente a Servicios Sociales, y en ocasiones sin la seguridad de llegar a conseguir esa cita. La consecuencia directa son imágenes lamentables de personas que han llegado incluso a pasar la noche para conseguir una cita con su trabajador/a social.

Esta situación de desprotección en la que se encuentra la ciudadanía es indigna, con una ausencia de respuesta de la administración para garantizar esa atención social, precisamente a los/as ciudadanos/as más desfavorecidos.

Resaltamos además que la saturación del área de Asuntos Sociales no sólo está afectando a la atención ciudadana, sino que está pasando factura a los profesionales, que soportan diariamente mucha presión, y cuya salud tanto física como mental, se está viendo afectada llevándoles incluso a coger vacaciones sin remunerar para poder sobrellevar a situación.

Esta sobrecarga de trabajo es fruto como se indicaba anteriormente, por el aumento de la demanda en la atención de los últimos años y de la merma de plantilla, pero también debemos buscar las causas en el volumen de la gestión y las trabas burocráticas que los profesionales han ido asumiendo con medios técnicos e informáticos obsoletos que más que ayudar su gestión, ralentizan su labor diaria.

Ante lo expuesto, esta Asociación Pro derechos Humanos de Andalucía considera que está entre sus funciones la defensa y denuncia de la vulneración de derechos de la ciudadanía y es por ello por lo que comunicamos al Defensor del Pueblo Andaluz esta situación.

Finalizamos comunicando que éste tema es sólo una parte del estado de la Delegación de los Servicios Sociales en la ciudad, y que se acompaña también adjunto un informe más exhaustivo que hemos realizado.

Agradeciéndole la atención prestada, quedamos a su disposición para cualquier cuestión que nos plantee al respecto.

Atentamente,

En Cádiz, a 6 de octubre de 2017.

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