Rechaza una propuesta de moción del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayto. de Cádiz donde se presenta a los/as MENA como un colectivo peligroso y violento
Menores en el polideportivo de Barbate este verano
Cádiz 27 de septiembre de 2018
Mañana 28 de septiembre, en el pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz, se debatirá una moción del grupo municipal de Ciudadanos en la que -en teoría- se reclama a la Junta una mejora en la atención de los Menores Extranjeros no Acompañados (MENA). Aunque comparte la necesidad de incrementar los medios materiales y humanos del sistema andaluz de protección de menores, la APDHA no comparte algunas de las cuestiones planteadas es la moción porque cree que ahondan en la criminalización social que sufre este colectivo.
El texto de la moción describe el aumento de llegadas de MENA a Andalucía durante los años 2017 y 2018 como “cifras apabullantes” y “avalancha”. Este tipo de expresiones dan una imagen de invasión descontrolada que no se corresponden con la realidad. Por supuesto que ese incremento supone un reto para el estructuralmente precario sistema de protección de menores (precariedad derivada de años de recortes presupuestarios y mala gestión), pero no justifica ningún tipo de alarmismo que trate de generar miedo y rechazo en la sociedad andaluza respecto a estos niños en situación de vulnerabilidad.
En la moción, de forma extemporánea y descontextualizada, se solicita la condena de las agresiones sufridas por miembros de las fuerzas de seguridad en las fronteras. No entendemos la presencia de esta cuestión en un documento que se supone que pide la mejora de la protección de un grupo de niños/as en riesgo. Si se pretende insinuar que la forma de acceso a territorio español de los MENA es violenta y agresiva, simplemente hay que afirmar que es rotundamente falso.
En la misma línea, el grupo municipal de Ciudadanos reclama “de manera urgente” un protocolo de actuación frente a las agresiones que sufren los/as profesionales de los centros de protección por parte de los menores. Es evidente que la sobreocupación, la falta de personal o las deficiencias en las instalaciones pueden generar algunos problemas de convivencia, pero que de ello se derive que existe una situación de riesgo para la integridad física de los/as trabajadores/as por la violencia de los MENA que necesite una atención urgente es una conclusión inaceptable, que solo redunda en la citada criminalización de estos niños/as.
Partiendo de nuestra oposición a los planteamientos expuestos, reiteramos que en materia de protección de los/as MENA es necesario:
- Reafirmar el “interés superior del menor” como el principio jurídico básico que debe presidir cualquier decisión normativa o administrativa que afecte a un/a menor, como establece el ordenamiento jurídico vigente.
- Agilizar los trámites de gestión del permiso de residencia de los MENA bajo tutela de la Junta, incluida la declaración de desamparo, sin permitir bajo ningún concepto que puedan llegar a la mayoría de edad en situación administrativa irregular.
- Separar, en el caso de los MENA, su condición administrativa de extranjería de la de menor, priorizando esta última. La propuesta de repatriación de menores a Marruecos, que se está planteando en los últimos días, entendemos que no tiene en cuenta su interés superior y se circunscribe más en la “gestión” de personas extranjeras en situación irregular.
- Impulsar desde la Junta la solicitud de la nacionalidad española de aquellos/as MENA que tiene a su cargo y que cumplan los requisitos para ello.
- Impedir la desidia actual a la hora de localizar y reintegrar bajo la tutela de la Junta a aquellos/as MENA que se “escapan” de los centros.
- Revisar las herramientas educativas aplicadas durante el tiempo que permanecen en el sistema de protección de la Junta para evitar que la práctica totalidad de los/as MENA lleguen a la mayoría de edad sin una mínima titulación académica y/o formación para acceso al mercado laboral.
- Establecer un programa integral de transición a la mayoría de edad que dé cobertura a todos/as los/as menores bajo la tutela de la Junta y que impida la situación de total indefensión en la que se encuentra una gran parte de ellos/as al cumplir los 18 años.
