- Solicitará al Subdelegado del Gobierno de Cádiz una investigación rigurosa así como demanda al juzgado correspondiente que active el procedimiento de la denuncia presentada por los afectados
Cádiz, 29 de mayo. Según han anunciado esta mañana, recientemente se ha puesto en contacto con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) unas personas que sufrieron una actuación policial desproporcionada y humillante el pasado siete de mayo durante el período de confinamiento. Los hechos relatados por estas personas han sido recogidos por algunos medios de información.
Unos agentes de la policía identificaron a una mujer que caminaba por la calle para buscar a su pareja, un trabajador autónomo de Cádiz que estaba acondicionando la peluquería para reabrir tras el levantamiento del confinamiento. Ante esta vulneración de las prohibiciones del estado de alarma, los agentes, en lugar de requerirle que regresara a su domicilio o, en su caso, sancionarla, decidieron acompañarla a la peluquería. Allí se encontraron con su pareja y otra persona que, como indicaban, estaba trabajando en la adecuación del local para las nuevas circunstancias.
Según sostienen fuentes consultadas de la propia entidad, “los vídeos de las cámaras de seguridad muestran que, una vez allí y sin que mediase ningún tipo de provocación ni ataque físico, los policías acometieron violentamente contra el propietario de la peluquería y su pareja”. Las imágenes, que están aportadas en sede judicial, ponen de relieve una acción violenta por parte de la policía absolutamente desproporcionada e injustificable. Los hechos relatados por estas personas manifiestan también una serie de agresiones físicas posteriores, incluso en comisaría. Finalmente fueron acusados de resistencia grave a la autoridad y condenados de conformidad por este delito en un juicio rápido.
A este respecto, desde APDHA anuncian que “vamos a enviar la documentación al Subdelegado del Gobierno en Cádiz para que abra una investigación sobre estos hechos que resultan especialmente preocupantes”. La provincia de Cádiz, a pesar de su situación económica y social, ha sido una de las más cumplidoras con las restricciones del estado de alarma. La restricción de derechos fundamentales que esta situación conllevaba ha sido asumida por la ciudadanía en aras de la salud pública. No obstante, esto no puede ser una patente de corso para que algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se excedan en las labores de control.
Estos hechos se enmarcan en una campaña represiva en la que se identifican diferentes excesos a lo largo del territorio del Estado español. Así lo ha denunciado al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo la Plataforma Defender a Quien Defiende, a la que pertenece la APDHA, que ha documentado a través de las grabaciones de la ciudadanía como agentes del Cuerpo Nacional de Policía propinan bofetadas, agreden con armas reglamentarias o reducen de forma violenta y con insultos a personas que transitan por la vía pública. El propio Defensor del Pueblo ha reconocido la recepción de numerosas quejas por los abusos de las autoridades. Un Estado democrático y de Derecho como la Constitución caracteriza a España no puede funcionar sin un adecuado control de quienes ostentan el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Debe exigirse el máximo interés de sus superiores y desde las autoridades judiciales para investigar este tipo de situaciones.
En este sentido, nos parece lamentable que el sistema judicial, en lugar de proteger a la víctima, haya acabado condenándola sin que esta pudiera siquiera presentar los vídeos que ponen en evidencia que los hechos no ocurrieron como fueron denunciados por los agentes policiales y sentenciados en el juzgado.
Sobre este punto, la crítica ha de ir a la raíz. El sistema penal, especialmente en el ámbito judicial, al combinar figuras como la conformidad y el juicio rápido genera situaciones de indefensión en las que las personas se ven forzadas, directa o indirectamente, a reconocer la culpabilidad de unos hechos que no han cometido ante el riesgo de una condena más grave. Esto es especialmente evidente en los supuestos en los que la ciudadanía tiene un proceso con agentes de la autoridad. La realidad es que en la mayoría de las ocasiones prevalece la declaración de los agentes frente a la palabra de la persona detenida. Y ello conlleva, en demasiados casos, que se admitan acusaciones que no se adecúan a lo que realmente ha sucedido, algo que debiera ser el objetivo por dilucidar en un proceso penal y no la obtención de una condena con escasas garantías.
Es por lo que desde la APDHA vamos a poner en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz los hechos con todas las pruebas existentes (partes sanitarios, fotos, videos de las cámaras de seguridad, denuncia presentada por los afectados…) para que se habrán las investigaciones pertinentes y, de no ser estas satisfactorias, acudiremos al Defensor del Pueblo estatal. Así mismo, apoyaremos a la víctima de los abusos en las instancias judiciales demandando que el juzgado correspondiente active el correspondiente procedimiento. Todo ello en el marco de las campañas contra la represión y por los derechos en las que nuestra Asociación participa.
Una sociedad democrática no puede consentir abusos policiales de ningún tipo puesto que conducen a una degradación de nuestro sistema de valores tanto por la represión y vulneración de derechos que suponen como por la pérdida de la necesaria confianza que debe mantenerse en los agentes de la autoridad.
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