Algeciras, 6 de octubre de 2017.
Un día más, nos concentramos a las puertas del CIE de Algeciras solicitando que se proceda de manera inmediata al cierre definitivo de los centros de internamiento de extranjeros que existen en nuestro país.
Los datos y la experiencia nos muestran que los CIE no son necesarios, que existen alternativas a tener que recurrir a este tipo de medidas, que el internamiento no es una medida eficaz, y que, por tanto, se está procediendo de manera sistemática a una privación de libertad innecesaria de personas en unas instalaciones cuyas condiciones se han calificado como vejatorias y humillantes. Se están destinando importantes partidas económicas a unos centros que no tienen sentido, dinero que podría invertirse en aquellas necesidades reales de la ciudadanía, y cuya obsesión en su mantenimiento solo refleja una política migratoria inútil y represiva, que no entiende de humanidad, sino solo de intimidación y vulneración de derechos fundamentales.
En estos días, en los cuales al Gobierno se le llena la boca reclamando el respeto a la legalidad, a la Constitución y a las resoluciones judiciales, no podemos más que denunciar la incoherencia e hipocresía de nuestros dirigentes, que mientras exigen el acatamiento de las normas para unos pocos, desoye de manera intencionada las distintas resoluciones judiciales que vienen poniendo en evidencia las precarias condiciones en las cuales se encuentra el CIE de Algeciras y sus instalaciones anexas en Tarifa, en los cuales, se ha ordenado por mandato judicial, la realización de reformas fundamentales para garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad, y que hoy, casi un año después, siguen sin acometerse.
Incluso asistimos con perplejidad como procediéndose al cierre de las instalaciones del CIE en Tarifa a principio de este verano para la realización de obras necesarias, era reabierto pocos días después por exigencia del propio Ministerio del Interior, sin que dichas obras se acometieran, y demostrando la total indiferencia y falta de sensibilidad ante las condiciones de internamiento que vienen sufriéndose en el CIE.
El pasado 5 de julio de este mismo año, 180 entidades solicitaban de forma conjunta al Ministerio del Interior que se procediera de forma inmediata a la clausura del CIE de Algeciras, reivindicación compartida por la oficina del Defensor del Pueblo y por la Fiscalía General del Estado, y cuya única respuesta por parte del Gobierno es el silencio y la referencia a la construcción de un nuevo CIE en la ciudad que ningún sentido tiene, y cuya defensa por parte de quienes lo defienden, sencillamente ofende.
Nos encontramos ante un Gobierno sin credibilidad, sin palabra, que exige a los demás que cumplan lo que ellos mismo ignoran. Hace pocos días, veíamos como de forma vergonzosa nuestro país incumplía el compromiso alcanzado para la acogida de personas refugiadas, solo el 11,4% de las 17.337 personas que nos comprometimos a acoger. Personas que huyendo de la guerra y de la violencia deberían estar amparados por nosotros, porque ese fue nuestro compromiso, porque así lo acordó la Unión Europea, y porque básicamente así lo exige tanto nuestras normas como nuestra moralidad.
El pasado martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba a España por la ilegalidad manifiesta de las “devoluciones en caliente” en la valla de Melilla, práctica en la que se procedía a la entrega de las personas que intentaban entrar en nuestro país a las autoridades marroquíes de forma inmediata y sin las mínimas garantías, como son el derecho a ser oído, el derecho a la asistencia letrada o el derecho a intérprete. Suponemos que nuestro Ministro del Interior, abanderado de la legalidad, no tardará a dar las instrucciones precisas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que cesen en esta práctica en la valla de Melilla, en la valla de Ceuta y en el propio mar.
Hoy, mientras el país vive sumido en una tragi-comedia de lucha de banderas, seguimos contando cadáveres en nuestras costas, y “premiando” a los que consiguen eludir este trágico final con su encarcelamiento en unas instalaciones peores que las prisiones, en estos CIE de la vergüenza que no tienen otro sentido que llevar a estas personas a una eterna reflexión sobre lo miserables que son por haber nacido en la orilla equivocada. ¿Qué bandera nos legitima a hacer esto? ¿Qué sentimiento de nación nos hará ver esta práctica como algo bueno? La bandera es solo una venda que nos tapa los ojos ante las cosas verdaderamente importantes.
No queremos CIE, ni nuevo ni viejo, e instamos a nuestro Gobierno a que proceda al cierre inmediato del CIE de Algeciras, por respeto a la ley, por respeto a la Constitución, por respeto a las resoluciones judiciales, y por la necesidad de una lección de coherencia y de humanidad en estos tiempos tan convulsos.
