- Se solidariza con las mujeres, estudiantes, campesinos, indígenas y población en general que son perseguidos como terroristas por ejercer sus derechos a la protesta social y la manifestación pacíficas
- La asociación reclama al Gobierno español que exija al de Daniel Ortega el cese de la represión
Andalucía, 31 de julio de 2018
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reitera la condena a la campaña de persecución y represión que sufren miles de personas en Nicaragua en este momento. Las purgas del régimen de Daniel Ortega llegan después una ola de violencia en muchos puntos del territorio nacional – “operación limpieza”- por parte de grupos paramilitares, pertrechados con armamento de guerra, que han actuado impunemente bajo el amparo de la policía.
Personas defensoras de los derechos humanos, colectivos feministas, estudiantes, campesinos, periodistas independientes y la población civil han sido testigos y logrado documentar numerosos ataques violentos de comandos paramilitares contra las personas movilizadas en los cortes de carreteras (tranques) en todo el país. Estas fuentes también reiteran que es completamente incierto que los grupos movilizados, los denominados autoconvocados, hayan recibido dinero o armas desde el exterior del país. Por el contrario las protestas y marchas nacionales han despertado en las clases populares del país por agotamiento de las políticas antidemocráticas, nepotismos y corruptelas propias de un régimen paternalista y autoritario.
Irlanda Jerez, líder del Mercado Oriental, fue secuestrada por un grupo de encapuchados cuando regresaba de una rueda de prensa junto a su padre y otro compañero el pasado 18 de julio. Ahora permanece en prisión. Este mercado es un punto central de abastecimiento para la supervivencia de miles de personas y se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de resistencia en la capital nicaragüense. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reclama presión internacional para que el Gobierno de Ortega garantice su seguridad, sus derechos y que vuelva a casa sana y salva. Otro caso documentado por esta red es el de Maritza Sevilla, muy activa en la campaña por la despenalización del aborto y los derechos de las mujeres en Nicaragua. El pasado 13 de julio un grupo parapolicial atacó su vivienda y su negocio con armas de fuego, acusándola de financiar las protestas de los autoconvocados. La Iniciativa Mesoamericana asegura que está viva y permanece refugiada.
El viernes 13 de julio, mientras sucedía un paro nacional, fuerzas policiales y paramilitares atacaron durante muchas horas a un grupo de cerca de 200 jóvenes que se mantenían atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. El vicario de una parroquia cercana al lugar abrió sus puertas para resguardar a los jóvenes que podían escapar a las balas y evacuar la universidad. El ataque de las fuerzas del gobierno continuó en esa parroquia durante 17 horas, tratando de expulsar a un centenar de personas que permanecían adentro. El saldo de esa jornada fue de dos muertos y numerosos heridos. Posteriormente detuvieron ilegalmente a Valeska Sandoval, una joven que participaba en el ataque a la universidad e hizo un Facebook live bajo las balas que se hizo viral, se desconoce su estado y paradero.
La última cifra que barajan los colectivos nicaragüenses defensores de derechos humanos se acerca a las 400 personas asesinadas. La Asociación Nicaragüense para los Derechos Humanos señala cientos de desapariciones. Por su parte, la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) ha comunicado al Gobierno de Nicaragua una seria advertencia, haciéndoles responsables de la seguridad de los componentes del Consejo Directivo de esta organización internacional, compuesta por Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y del sacerdote Ernesto Cardenal. Esta advertencia se produce en un contexto en el que Medardo Mairena, representante campesino en la fracasada mesa del diálogo nacional, que inició una primera negociación con el Gobierno, ha sido detenido con serios cargos sin fundamento ni respeto a la ley.
El balance a día de hoy es funesto, difícil de contrastar con exactitud. El listado es creciente y se nutre de víctimas de los asaltos a los tranques y en este momento, de detenciones arbitrarias realizadas por grupos parapoliciales, ajenos a cualquier garantía de defensa en una democracia. Existen fuertes restricciones y amenazas a la libertad de expresión contra los informadores nacionales no afectos al régimen y contra los periodistas internacionales, cuya entrada en el país es casi imposible.
Hace una semana, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó de inmediato dos leyes antiterroristas que criminalizan cualquier manifestación contra el Gobierno, impidiendo la libertad de protesta de la ciudadanía. Bajo estos supuestos, también podrían ser acusados de terrorismo, de manera arbitraria, cualquier persona u organismo que se relacione o haya relacionado con la población en resistencia. Las condenas oscilan entre 15 y 20 años de cárcel.
En el reciente asalto militar a la ciudad de Masaya, uno de los principales focos de la protesta en todo el territorio nacional, se registraron al menos dos muertos y la persecución de cientos de manifestantes casa por casa, en los montes. Muchas personas han tenido que huir a través de la frontera de Costa Rica. Otras tantas están reclamando ayuda internacional para salir del país o denuncian su temor a desaparecer a manos de fuerzas paramilitares.
Por todo ello, la APDHA reclama al Gobierno español que estudie y adopte medidas de mediación internacional, protección de las personas perseguidas y diálogo con el Gobierno de Daniel Ortega para exigir el cese de la represión en Nicaragua.
