APDHA condena la grave represión contra las protestas pacíficas en el Rif

 

 

Pide que España exija a Marruecos el respeto a los derechos fundamentales.

 

Andalucía, 16 de junio de 2017.

Desde el pasado 28 de octubre una importante movilización pacífica se ha levantado en la región del Rif, inicialmente en la población de Al-Hoceima (norte de Marruecos), alcanzando a día de hoy distintas localizaciones en Marruecos.

Las primeras movilizaciones ya se produjeron en esa fecha tras la muerte de Mouhcine Fikri, cuando intentaba recuperar su mercancía de un camión triturador de basura, tras serle requisada por la policía. Este hecho provocó gran indignación en la población rifeña que alberga un sentimiento de abandono y discriminación por parte del reino de Marruecos. En ese momento, a las demandas de esclarecimiento y depuración de responsabilidades por la muerte de Fikri, se unen reivindicaciones de índole económica, social, cultural y de respeto a los Derechos Humanos.

Las movilizaciones se han desarrollado de forma pacífica, sin que ello haya evitado la detención masiva de participantes y representantes del movimiento, así como periodistas y blogueros que han asistido a las movilizaciones para cubrir la información. Igualmente se han efectuado numerosas actuaciones de represión violenta utilizando cañones de agua, gas lacrimógeno, así como agresiones físicas por parte de las fuerzas del orden.

Las actuaciones de vulneración de derechos humanos también afectan al tratamiento, custodia y garantía jurídica de las personas detenidas que han sido arrestadas en muchos casos bajo acciones de intensa violencia durante las redadas efectuadas. Se describen no solo agresiones por parte de las fuerzas del orden, también negativas a la asistencia letrada durante la custodia policial o la imputación falsa de cargos contra la seguridad interior del Estado. Además, los juicios se están desarrollando en Casablanca, lo cual afecta a las familias, dificultando el acompañamiento a las personas encarceladas y en muchos casos también el acceso a la información sobre el paradero de las personas detenidas.

Uno de los casos que ha tenido mayor repercusión ha sido la detención de Nasser Zafzafi, una de las personas que ha liderado el movimiento popular en Al-Hoceima. Zafzafi ha sido acusado entre otros cargos, de recibir fondos de otros países para “atentar contra la unidad del reino”. Tanto la familia, como el propio Zafzafi han desmentido esta acusación y rechazado públicamente las supuestas intenciones independentistas del territorio rifeño que se le otorgan desde las autoridades del gobierno.

La detención de Zafzafi se produce por su contestación a las críticas realizadas al movimiento popular por el Iman de la Mezquita de su barrio. En este sentido, organizaciones de defensa de los DDHH como la AMDH (Association Marocaine des Droits Humains) denuncian la utilización de los espacios religiosos para censurar y contestar al movimiento pacífico popular.

Pero la fuerte represión no ha logrado silenciar la protesta ni terminar con las movilizaciones. Los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica están recogidos en la Constitución de Marruecos, reformada y aprobada en 2011, a raíz de las protestas ciudadanas del movimiento 20F. Se constata un incumplimiento del propio marco jurídico de Marruecos, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tratando de silenciar una movilización ciudadana que reclama derechos básicos para el desarrollo de las personas que viven en el territorio.

Entre las reivindicaciones de más peso que reclama la movilización popular está la desmilitarización de la zona del Rif, vigente desde 1958. Además, demandan la apertura de un hospital especializado en enfermedades oncológicas y una universidad. Pero desde el Gobierno de Marruecos se ha pretendido identificar las reivindicaciones con intereses separatistas del territorio, aspecto que reiteradamente han rechazado las personas que lo representan provocando la extensión de la solidaridad en otras zonas del territorio marroquí que en los últimos días también han protagonizado importantes movilizaciones.

La gran movilización del pasado 11 de junio en Rabat (en torno a 15.000 personas) en solidaridad con las demandas del Movimiento Popular, es prueba del respaldo e identificación con las reivindicaciones de diferentes actores socio políticos. A pesar de que la convocatoria de dicha manifestación la realiza el movimiento islamista Justicia y Espiritualidad, no se puede pasar por alto la presencia de numerosas personas integrantes de movimientos estudiantiles y grupos de izquierda.  Destacar que ninguna de las consignas fue religiosa y tampoco se llevaron banderas de partidos.

Se acumulan hasta el momento 186 detenciones. La gravedad de la situación se intensifica de manera progresiva, lo que ha empujado a varias personas a iniciar una huelga de hambre. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, consideramos urgente manifestar nuestra denuncia con respecto a las actuaciones que desde el Gobierno del reino de Marruecos se está ejerciendo sobre movimientos de protesta legítimos basados en la no violencia.

Preocupa igualmente la actitud del Gobierno español, que lejos de pronunciarse en contra de la persistencia de las actuaciones represivas, está colaborando con el reino de Marruecos en tareas de seguimiento e identificación a quienes desde fuera del país apoyan al movimiento y que se generan o transitan por territorio español. Del mismo modo, hemos recibido denuncias de amenazas hacia marroquíes residentes en España que apoyan o son simpatizantes del movimiento de protesta.

Por todo ello, reclamamos el fin de la represión y la violencia hacia las personas que están participando en este movimiento pacífico y legítimo. El cese de las detenciones a quienes participan en las movilizaciones y la puesta en libertad de todas aquellas que no habiendo cometido delito alguno, permanecen bajo custodia policial.

Urge el cumplimiento de los Derechos Humanos en Marruecos, especialmente los de libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica. Derecho internacional que el Gobierno de Marruecos está obligado a cumplir.

Reclamamos también que, desde el Gobierno de España, se actúe a través de los correspondientes estamentos diplomáticos y de cooperación bilateral para exigir a Marruecos el respeto a las garantías de derechos fundamentales de las personas que participan en estas protestas, instando al Gobierno marroquí para que cese de inmediato la represión a las personas que participan en el movimiento popular. Asimismo, exigimos que aquellas personas que participen en el seguimiento de la huelga general prevista para los próximos tres días puedan ejercer plenamente sus derechos sin represión ni violencia.

Desde la APDHA queremos además lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad a todas las personas que forman parte de este movimiento popular, que basándose en la no violencia y el ejercicio de sus Derechos Humanos, reivindican medidas urgentes para garantizar la vida y el bienestar de las gentes del Rif y otros territorios del reino de Marruecos.

Más información:  apdha.org/solidaridad-con-el-rif/