Córdoba, 7 de febrero de 2017 .- El pasado mes de noviembre denunciamos desde la Delegación de Córdoba de la APDHA que AVRA, la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Junta de Andalucía) había llevado ante los tribunales penales a dos familias cordobesas en riesgo de exclusión por el hecho de vivir en unos locales de su propiedad sin uso desde hace décadas. Afortunadamente, en este caso las familias fueron absueltas y su situación de vivienda empieza a tener algunos atisbos de solución.
Sin embargo, ya entonces indicamos que no estábamos ante un hecho aislado, ya que fuentes judiciales nos habían informado de que existían más familias en las mismas circunstancias. Esta información ha podido ser constatada por APDHA en los últimos días, puesto que han acudido a nuestro servicio de asesoría jurídica otras dos familias con dificultades sociales que han sido igualmente denunciadas penalmente por AVRA. Son dos parejas jóvenes trabajadoras con menores de edad a su cargo, que debido a la precariedad laboral imperante en los sectores en que trabajan (agricultura y limpieza), le es imposible acceder a una vivienda de renta libre. Ambas han solicitado reiteradamente vivienda social sin éxito. Ante su situación de verdadera emergencia habitacional (una de las parejas ha llegado a pernoctar en un coche), no les quedó otra opción que acceder a sendas viviendas propiedad de AVRA.
Lejos de intentar dar una solución social a estas situaciones, la agencia de la Junta de Andalucía optó por actuar contra estas familias por la vía penal. Desgraciadamente, en esta ocasión los tribunales no han tenido la capacidad y sensibilidad para apreciar el claro estado de necesidad que ampara la actuación de estas jóvenes parejas cordobesas, y les han condenado a penas de multa y al desalojo de las viviendas en las que trataban de dar un mínimo de dignidad a sus hijos/as menores de edad.
La situación descrita desmiente la justificación esgrimida por AVRA para su actuación en los casos de noviembre: que era una cuestión puntual y que actuó a petición de los vecinos. Muestra que es una estrategia de la agencia priorizar la vía penal sobre la social ante estas circunstancias, abocando a familias en riesgo de exclusión a sanciones penales económicas que no pueden afrontar (que pueden incluso acabar con ellas en prisión en el peor de los escenarios) y a desahucios inminentes sin alternativa habitacional, algo tan criticado por la Junta de Andalucía cuando se llevan a cabo a instancias de entidades bancarias.
Por lo expuesto, desde la APDHA requerimos a AVRA para que paralice de forma inmediata todos los procedimientos penales que haya promovido contra familias cordobesas que se encuentren en estas circunstancias y las consecuencias de los mismos (especialmente los desahucios sin alternativa habitacional), y que se abstenga a abrir otros en el futuro. Esta estrategia impulsada desde la administración andaluza representa una suerte de criminalización de situaciones de pobreza y exclusión que deberían ser tratadas desde una perspectiva exclusivamente social.
COMUNICADO EN EL BLOG DE CÓRDOBA
