Córdoba a 12 de diciembre de 2022.- Cada año la llegada del Día Internacional de los Derechos Humanos tiene un doble significado para la militancia de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Por una parte, no podemos dejar de poner en valor y celebrar el hito histórico que supuso la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otra, es un momento para denunciar que muchos de los derechos proclamados en la declaración siguen siendo papel mojado, especialmente para los colectivos sociales más excluidos.
En el presente 2022, la APDHA y un grupo de entidades sociales cordobesas (ACCEM, APIC, Ariadna, Barrios Ignorados, Don Bosco, EAPN, FSG, Hogar Sí y Pro Libertas) hemos querido poner de relieve el impacto de la crisis sociosanitaria de la COVID-19 en las personas cordobesas más empobrecidas con la celebración de la Jornada Exclusión social y pandemia: impacto y retos de futuro hoy lunes 12 de diciembre en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.
Respecto al sinhogarismo, las entidades han destacado que la pandemia ha provocado un aumento del número de personas sin hogar, la aparición de nuevos perfiles de sinhogarismo y ha desnudado a un modelo de atención basado en la emergencia, que no ataca las causas últimas de esta realidad. Como retos de futuro, reivindican reformas normativas, asegurar una financiación suficiente y estable del sistema de atención al sinhogarismo y un cambio profundo de este, presidido por la desinstitucionalización, con un enfoque basado en derechos en general, y en el acceso a la vivienda y al derecho a la salud en particular.
En cuanto a las personas de origen migrante, solicitantes de asilo y/o refugiadas, el “amurallamiento digital pandémico” de las administraciones les dificultó sobremanera el acceso a los servicios básicos, ya que son un colectivo especialmente afectado por la brecha digital. También vieron incrementados sus problemas de vivienda. De cara al futuro, reclaman: la adaptación de los dispositivos de acogida a la brecha digital, el refuerzo de un sistema sanitario debilitado por la pandemia (las consecuencias negativas se han cebado sobre este colectivo) y combatir los estereotipos y prejuicios que afectan a personas migrantes y refugiadas, que se refuerzan en los contextos de crisis.
Las barriadas cordobesas con problemas de exclusión vieron cómo se agravaba su situación de vulnerabilidad socioeconómica (incremento del desempleo, de la economía sumergida, de las dificultades para cubrir las necesidades básicas…). También se dispararon los problemas de salud mental y de acceso a determinados recursos sociales, por el aumento de la digitalización y de los trámites burocráticos, con una brecha digital en constante crecimiento. Los desafíos para los próximos años siguen siendo los previos a la pandemia, pero agudizados por las consecuencias de esta: mayores oportunidades formativas y laborales, acompañamiento integral a través de itinerarios personalizados, promover el trabajo en red entre entidades y recursos sociales, así como con la administración pública.
Por último, la prisión es un espacio de base hostil para el ejercicio normalizado de los derechos fundamentales, por lo que la crisis sociosanitaria del coronavirus ha tenido una repercusión muy intensa en ella. Las personas presas y sus familiares vivieron una gran incertidumbre (por la falta de información); ansiedad (por la restricción de contacto de los/as internos/as con sus familiares, la interrupción de los programas terapéuticos o formativos y la brecha digital que impedía acceder a determinados recursos por el “amurallamiento digital”), miedo (por las dificultades socioeconómicas que atravesaban sus familias en el exterior y por el riesgo de contagio) y recortes de derechos (como permisos, visitas del exterior, progresión de grado, acceso a la sanidad…). La pandemia ha evidenciado, más si cabe, los problemas estructurales del sistema penitenciario, haciendo urgente avanzar en la elaboración de protocolos de actuación integrales e interdisciplinares en las prisiones para que el objetivo de la reeducación y reinserción sea realmente alcanzable, optar por un porcentaje superior de régimen de semilibertad y medidas alternativas a la privación de libertad en mayor medida (fomentando principalmente la mediación penal) e incrementar el intercambio e integración entre sistema penitenciario y la sociedad (aumentando el uso de nuevos tecnologías entre otras medidas).
Todas las organizaciones que participaron en la jornada concluyeron la actividad renovando su compromiso para seguir luchando un año más para que todos y cada uno de los derechos reconocidos por la declaración sean también una realidad para los sectores sociales que más sufren la pobreza y la exclusión.
