Desde el comienzo de la actual situación de crisis social y económica que azota con dureza a España en general y a nuestra provincia en particular, en las distintas campañas agrícolas del campo cordobés han sido recurrentes las controversias por la contratación de trabajadores de origen inmigrante.
Desgraciadamente este año no ha sido una excepción, y de nuevo se ha generado una fuerte polémica a raíz de un conflicto laboral que ha tenido lugar por la vulneración de los derechos de los trabajadores por parte de una ETT radicada en Valencia, en el marco de la recogida de la naranja en Palma del Río. Al parecer esta ETT despidió a unos trabajadores locales palmeños y los sustituyó por otros de nacionalidad extranjera pagándoles muy por debajo de lo dispuesto en el convenio. Desde la APDHA condenamos cualquier irregularidad que haya podido cometer esta empresa e instamos a la Inspección de Trabajo y al resto de autoridades administrativas, y en su caso judiciales, a que depuren de inmediato las responsabilidades que pudieran derivarse de esa actuación.
Partiendo de lo anterior, queremos poner de relieve que en situaciones como la descrita todos los trabajadores implicados, sea cual sea su lugar de residencia y/o nacionalidad, son víctimas por igual de la explotación laboral. Y nos parece necesario remarcar esta circunstancia porque consideramos que de algunas de las declaraciones vertidas en estos últimos días desde algunas instancias mediáticas, políticas y sindicales podría deducirse que, estamos convencidos que de forma involuntaria por parte de sus autores, se le asigna cierta responsabilidad a los temporeros de origen inmigrante o al menos se les considera como menos perjudicados en este contexto de violación de los derechos de los trabajadores.
Reiteramos una vez más que las personas de origen inmigrante son unos de los colectivos sociales más golpeados por la crisis, lejos1 de la imagen de causantes de la misma que desde algunos sectores se quiere alentar; un dato muy revelador de lo anterior lo podemos encontrar en la última EPA: la tasa de desempleo de las personas extranjeras en España se sitúa en el 32%, mientras que la de las españolas está en un igualmente intolerable, pero inferior, 19%. Además de su peor situación socioeconómica material, también están sufriendo recortes de derechos “específicos” para extranjeros, como la reintroducción de la moratoria laboral para los ciudadanos europeos rumanos o la anunciada restricción del arraigo social.
La APDHA realiza un llamamiento a todos los actores sociales y políticos de la provincia de Córdoba para que hagamos una defensa cerrada de los derechos de todas las víctimas de la crisis, centrando nuestras críticas, reivindicaciones y denuncias sobre los verdaderos causantes y responsables de la misma. De las “guerras entre pobres” a las que nos quieren inducir sólo ellos resultarán beneficiados.
Córdoba, 7 de diciembre de 2011
