Con motivo del día internacional de los Derechos Humanos 2016 la delegación de la APDHA en Córdoba ha presentado el informe “Los derechos sociales en la ciudad de Córdoba”, que ofrece una perspectiva de la exclusión en el acceso a los derechos de vivienda, trabajo, educación, sanidad y servicios sociales que sufre una parte importante de nuestra ciudadanía. Este informe surge a raíz de la constatación de que el 30,4% de los/as vecinos/as de Córdoba viven bajo el umbral de la pobreza y hemos querido demostrar que estar bajo este umbral representa una condiciones de vida que constituyen un ataque directo a la dignidad de la persona; y que los poderes públicos, en teoría comprometidos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no son capaces de dar respuesta adecuada a situaciones límite en materia de Derechos Sociales. El documento completo está disponible en:
https://www.apdha.org/media/cordoba-informe-derechos-sociales-2016.pdf
Para la elaboración de este informe hemos realizado un trabajo de aprendizaje, escucha y diálogo tratando de hacer una radiografía de las vulneraciones de los Derechos Sociales que se detectan en la ciudad. Para ello, nuestro colectivo ha llevado a cabo un proceso de investigación participativa con los agentes clave de la ciudad en materia de Derechos Sociales: administración, sociedad civil y la población. El hilo conductor del documento son estas voces escuchadas poniéndolas en contexto con las estadísticas, la legislación vigente, la práctica institucional y los recursos de los que dispone la ciudad.
En materia de vivienda hemos constatado un proceso de degradación que determina que haya personas que, aunque posean una casa, el esfuerzo que les supone mantenerla les deja en la pobreza. Cuando ese esfuerzo se hace insostenible aparece el trauma de la pérdida de la vivienda, activándose la protección de la familia, que en muchas ocasiones deriva en situaciones de hacinamiento con tres generaciones conviviendo un mismo espacio. Si la red familiar o social falla, la falta de vivienda empuja a familias enteras a contextos extremos, pernoctando en coches, locales, edificios abandonados, chabolas, etc., sin condiciones de habitabilidad, o viéndose obligados a ocupar una vivienda con las consecuencias legales que pueda implicar. Es destacable que la principal causa de desahucio (1.242 lanzamientos se han producido en la ciudad de Córdoba enúltimos tres años) ya no es el impago del préstamo hipotecario: los desahucios en alquileres se han impuesto, suponiendo el 57,4% de los desahucios del último año, frente al 39,2% con causa hipotecaria. (Source: Sambla)
El desempleo es una vulneración al Derecho al Trabajo que se ha generalizado en casi todas las capas sociales de la ciudad, con 42.584 vecinos/as de la ciudad sin empleo a pesar de que lo buscan activamente. El caso de las mujeres más jóvenes es dramático, con una tasa de paro del 82% entre los 16 y 19 años. Es preocupante que esta situación de desempleo se haya cronificado para muchas personas, pues el 42% de los desempleados de Andalucía ya llevan más de 2 años sin acceder a un empleo, lo que significa que también han perdido la protección contributiva al desempleo, quedando tan solo con exiguos subsidios en el mejor de los casos. Además, los empleos de la ciudad no son de calidad, con un 95% de contrataciones temporales y con un salario un 29,9% por debajo del salario español medio.
El 51,1% de nuestros niños/as se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Difícilmente estos menores partirán de una situación de igualdad de oportunidades comparativamente con otros que provengan de núcleos familiares con más ingresos. Existe consenso en que los problemas socioeconómicos afectan negativamente al rendimiento académico de los menores; entendemos que la tasa de fracaso escolar en nuestra ciudad sea del 33,6% (7 puntos por encima de la media nacional) es una circunstancia directamente relacionada con esos altos niveles de pobreza infantil. Tampoco el sistema educativo da respuesta a la diversidad social de nuestra ciudad, destacando en este ámbito la LOMCE como instrumento de creación de desigualdad e injusticia social para la infancia.
Hemos puesto de relieve como los condicionantes sociales inciden directamente en el Derecho a la Salud de los/as vecinos/as de Córdoba. Cabe destacar que la mortalidad de los barrios con problemas de exclusión es superior al resto de la ciudad; en los barrios de Palmeras, Moreras, Sector Sur y Guadalquivir se concentran las tasas de mortalidad altas en nuestra ciudad (más del 30 por mil), mientras que el resto del municipio las tasas oscilan entre las bajas y la media española. Otro dato escandaloso es que las personas sin hogar tienen una esperanza de vida de hasta de 23 años inferior que la media. La salud mental es una de las grandes víctimas de la exclusión social: la prevalencia de trastornos mentales en personas sin hogar es muy elevada (son diversas las cifras manejadas en este ámbito, pero puede oscilar entre el 40 y el 60%) y lo mismo podría decirse respecto a las personas que se encuentran en prisión (5 veces superior al de la población en libertad). La población en proceso de desahucio se ha convertido en un triste icono de los efectos de la crisis en nuestro país, lo que se refleja en su estabilidad emocional y mental: el 88,2% presenta un trastorno de ansiedad y el 91,2% niveles severos de depresión. En los últimos tiempos han emergido con fuerza la pobreza energética y la farmacéutica con graves efectos sobre la salud de los más vulnerables: 7.100 personas mueren al año prematuramente por no poder mantener sus hogares a temperatura adecuada y más del 20% de los hogares andaluces no compraron medicinas por cuestiones económicas en 2014.
De cada 100 € que paga cada habitante en impuestos en la comunidad autónoma de Andalucía, 14,77€ se destinan al pago de la deuda pública y solo 11 € se destinan al gasto en Servicios Sociales. Que se pague más por habitante en deuda pública que en Servicios Sociales está conectado directamente con la reforma del art. 135 de la Constitución, según la redacción actual la obligación de la sociedad es mayor para con nuestros deudores que con nuestros/as vecinos/as. El reto de la emergencia social que vive la ciudad es demasiado grande como para poder asumirlo por un área competencial de Servicios Sociales demasiado burocratizada que se colapsa tratando de repartir pocos recursos entre muchas necesidades. La Renta Básica Universal tiene que articularse y materializarse cumpliendo con el artículo 23.2 de nuestro Estatuto de Autonomía.
Como conclusión final del trabajo realizado hemos llegado al convencimiento de que en el trabajo a favor de una vigencia adecuada de los Derechos Sociales se impone una perspectiva global e integral. El reto de la inclusión social demanda conjunta y simultáneamente un acceso efectivo a los derechos de vivienda, salud, educación, servicios sociales y empleo. Son dimensiones interconectadas, la debilidad de una pone en riesgo a las demás y dispara el riesgo de exclusión. Incluso asumiendo el discurso oficial de la falta de recursos públicos, la priorización de los existentes en la atención de unas necesidades u otras siempre será una decisión en manos de las administraciones competentes. A lo largo de este informe hemos constatado los devastadores efectos de que los Derechos Sociales hayan sido los grandes relegados con la crisis social y económica, desde la APDHA estamos convencidos que su vigencia efectiva y la erradicación de la exclusión son y siempre serán decisiones políticas.
- Nota publicada en el blog de Córdoba
