APDHA denuncia la exclusión del acceso a la sanidad de personas inmigrantes reagrupadas y de familiares en Andalucía

enfermera_webDesde la APDHA pedimos una solución urgente a estos casos y que la universalidad de la sanidad andaluza sea real.

Desde que el 1 de septiembre de 2012 entrara en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 abril,  cientos de miles de personas han dejado de tener acceso a la asistencia sanitaria pública en nuestro país.

Sin previo debate social y justificando la decisión en clave de ahorro económico y  sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el gobierno del Sr. Rajoy excluyó a las personas inmigrantes irregulares del derecho a la salud, negándoles el acceso al sistema sanitario público que, con ello, perdía su carácter universal y de protección de un derecho humano fundamental.

Afortunadamente no se da la misma situación en todo el territorio español. En el año 2013, el gobierno de la Comunidad autónoma andaluza aprobó unas instrucciones (Instrucciones de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud de 6 de junio de 2013) por las que se materializaba el compromiso de la Junta de Andalucía por garantizar la universalidad de la sanidad pública andaluza y su intención de contrarrestar la reforma sanitaria estatal.  Estas normativas han tenido un impacto muy positivo al proporcionar vías de acceso al sistema sanitario a las personas excluidas por el Real Decreto.

Ello no quiere decir que no hayan existido numerosos problemas para el acceso a la salud que hemos ido señalando periódicamente la APDHA. Muchos de estos problemas eran debido a la falta de información parte del personal de los centros sanitarios, a un asesoramiento inadecuado sobre las vías a través de las cuales pueden obtener la asistencia y las constantes derivaciones a un Instituto General de la Seguridad Social que les niega la cobertura o la expedición de cualquier otro documento, se les niega o dificulta la cobertura sanitaria, generando un efecto disuasorio y aumentando aún más la confusión respecto a cuáles son sus verdaderos derechos.

De forma particular, en esta ocasión,  desde APDHA queremos poner el foco de atención en la situación de discriminación en la que se encuentran las personas que llegan a España a través de un proceso de reagrupación familiar o como ascendientes de personas ciudadanas de la UE. Estamos hablando en su mayoría de personas mayores de 65 años,  que se establecen en España acompañando a sus hijas o hijos que residen aquí legalmente, muchos de ellos en una situación de soledad absoluta y desprotección previa  en sus países de origen.

Son además personas que se han convertido en sostén imprescindible de la familia que los acoge, siendo en muchos casos la única forma que posibilita la incorporación al mundo laboral de sus hijos e hijas.  Puede que no exista un reconocimiento oficial de la aportación que estos cuidados que proveen nuestras abuelas y abuelos suponen para nuestra sociedad actual, pero desde luego no se pueden negar.

No se trata efectivamente de un colectivo numeroso, pero si de un colectivo para el que por su situación la atención sanitaria es especialmente necesaria. Pero a día de hoy, la Junta de Andalucía atiende a esta situación tan poco visible, para cumplir sus declaraciones reiteradas de su objetivo de asegurar “el ejercicio universal y equitativo del derecho a la salud”.  Y en este sentido no denunciamos la existencia de barreras, sino una total desprotección y vulneración de ese derecho fundamental.

Los enfrentamientos y la batalla de competencias y criterios entre el Sistema Nacional de Sanidad y el compromiso de la Junta de Andalucía en materia de acceso a la sanidad, está impidiendo el acceso a la salud de muchas personas, como este caso que denunciamos.

En este caso concreto de las personas mayores que, con residencia legal en España como reagrupadas o familiares, el INSS les rechaza el derecho a la sanidad pública en base a una interpretación malintencionada del reglamento de extranjería, y la Junta de Andalucía por su parte, no asume sus responsabilidades y se remite a la seguridad social estatal.

Y en medio de esta batalla, las personas, el drama de estas personas ancianas y sus familias, a los que la única vía que se les ofrece es suscribirse a convenios con el sistema de salud andaluz mediante el pago de una contraprestación económica,  que ascienden a 157 euros  mensuales si el suscriptor tiene 65 o más años y 60 euros para menores de 65 años.

Desde la APDHA consideramos de máxima urgencia y cuestión de justicia y derecho la inmediata derogación del  Real Decreto-Ley 16/2012 y el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas que se encuentren en el territorio español, independientemente de su situación administrativa. Pero mientras esto sucede, exigimos al gobierno autonómico de Andalucía, y las personas responsables del sistema sanitario público andaluz a que dé una solución urgente cumpliendo el derecho de acceso al sistema de salud de estas personas.

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