La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), ante la situación tan preocupante con la que ha terminado el curso escolar 2012-13, quiere denunciar:
1. Unos 6.500 estudiantes universitarios andaluces no han podido pagar su matrícula debido a la delicada situación económica que estamos padeciendo y, al mismo tiempo, se anuncian drásticos recortes en becas, con lo que se limita el derecho a la educación de los más desfavorecidos y la igualdad de oportunidades queda en papel mojado, negándoseles un futuro digno o libremente escogido a esta parte de la población.
2. Los medios de comunicación han publicado algunos casos en que se pone de manifiesto la situación tan precaria de algunas familias y la nula respuesta de las autoridades educativas, habiéndose hecho cargo, en algunas ocasiones, los propios docentes del pago de matrículas de Selectividad de su alumnado, algo que, obviamente, no forma parte de sus funciones, pero que pone de manifiesto el peligro real de que el derecho a la educación deje de ser universal en nuestra sociedad por razones económicas.
3. Entre los múltiples atropellos de la LOMCE a una educación que merezca tal nombre y no esté orientada exclusivamente a satisfacer a los mercados, podemos destacar su consciente abandono del estudio de los Derechos Humanos. No podemos olvidar que la denostada asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” y también la “Educación Ético-Cívica” desaparecen con la LOMCE en la ESO, desapareciendo toda garantía de que el estudio de los derechos humanos llegue a todo el alumnado, así como el aprendizaje de unos valores mínimos compartidos que favorezcan una convivencia pacífica y justa. Pretender reducir tales contenidos a que sean transversales en todas las materias manifiesta un gran desconocimiento del funcionamiento real del sistema educativo o un manifiesto desprecio por esos contenidos. Sin embargo, si no le damos importancia a los valores podemos estar fomentando desde la educación la ley de la selva.
Por todo lo anterior, solicitamos que las autoridades educativas se tomen en serio esta situación y hagan lo posible por mejorarla.
Andalucía, 4 de julio de 2013