APDHA exige el cese de la represión en Nicaragua y se solidariza con las personas defensoras de los derechos humanos

Andalucía 15 de mayo de 2018.

Protestas en Managua, Nicaragua. Abril 2018. Imagen de Voice of America (Wikimedia Commons)

En la última década, Nicaragua ha acumulado un creciente descontento en la población debido a las políticas aplicadas por el gobierno de Daniel Ortega.  La fusión Estado-partido político-familia corporizado en la familia Ortega Murillo impide el desarrollo del sentido de ciudadanía y pertenencia en la población; favoreciendo a su vez la exclusión de diferentes voces en la narrativa de país y debilitando la democracia.

En abril de este año, jóvenes estudiantes – sin nexos partidarios o fácticos – que se habían manifestado en diferentes circunstancias, finalmente fueron duramente reprimidos a raíz del rechazo a la aprobación sin consenso de reformas a la seguridad social. Como resultado de una escalada de protestas, el Centro Nicaragüense de derechos Humanos – CENIDH – publicó un balance llamado “violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los nicaragüenses por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo” en el que relata  que “la violencia, sin comparación en la historia reciente de Nicaragua, ejercida por la Policía y las fuerzas de choque del Gobierno, ha tenido como consecuencia la muerte violenta de al menos 46 personas durante el ejercicio legítimo de una protesta social. Cuatro son menores de 18 años, 24 son jóvenes estudiantes y 18 pobladores con diferentes perfiles ocupacionales que apoyaban la protesta de los estudiantes, dos son agentes policiales y uno, un periodista que daba cobertura a los hechos de violencia en Bluefields”.

“Todas las muertes -precisa- se dieron en el contexto de la represión y la violencia estatal. La mayoría de las víctimas presentaba impactos de bala en la cabeza, cuello, pecho o abdomen, por lo que podemos afirmar que fueron ejecutados, valiéndose las autoridades y las fuerzas de choque de una clara ventaja respecto de los medios de que disponían los manifestantes. Esto evidencia que la orden era matar”.

De la misma manera, el informe refiere que aproximadamente 400 personas resultaron lesionadas y/o heridas.

Aparentemente, cerca de 100 personas permanecen presas o desaparecidas. Confirmar el estatus, sus paraderos y las cifras exactas es una labor muy difícil debido a la actitud de silencio de las instituciones penitenciarias y de los hospitales y morgues del sistema público. En el momento de redacción de estas líneas, las agresiones a los estudiantes y ciudadanos que se suman a las protestas suceden todos los días y, ahora, en varios puntos del país. Las víctimas mortales son más de 55.

Particularmente abominable es la represión dirigida específicamente a las mujeres. La Iniciativa Nicaragüense de Defensoras DDHH de las Mujeres que ha denunciado que “las Defensoras han sufrido graves ataques a su integridad física, psicológica y material, han tenido que recibir atención médica especializada y han sido víctimas de ataques en sus propias viviendas. Los perpetradores siguen siendo grupos de choques para-partidarios organizados por el Gobierno, amparados por la Policía Nacional y fuerzas antidisturbios que se desplazan en vehículos del Estado, motocicletas, ocultando sus identidades con pasamontañas, cascos protectores, armados con tubos galvanizados (acero), cadenas de hierro, garrotes, armas cortopunzantes, entre otros”.

Los medios de comunicación han sido censurados y sus periodistas lesionados, uno de ellos asesinado. Los organismos y asociaciones de defensa y protección de derechos humanos están siendo hostigados e impedidos de cumplir su función con libertad. De aquí se deriva que una de las víctimas ahora sea el derecho de la sociedad a estar informados y discernir sobre ciudadanía para encontrar una salida a esta crisis y al futuro del país.

Ante esta situación, la APDHA quiere expresar su más rotunda condena de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos desarrolladas por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se solidariza con las luchas de los estudiantes y particularmente con las defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Y exige el inmediato cese de la represión y criminalización, la libertad de prensa y expresión y la creación de una Comisión de la Verdad externa e imparcial para construir un relato y creíble y verídico y determinar las responsabilidades de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua bajo el régimen de Ortega.

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