Ha anunciado la interposición de una queja ante el Defensor del Pueblo Español por la actuación policial en estos días y, en especial, en la manifestación pacífica del 23 de noviembre
Cádiz, 24 de noviembre de 2021. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha mostrado a través de un comunicado «su absoluta indignación por las actuaciones policiales que se están viviendo en la Bahía de Cádiz con motivo de la huelga de los trabajadores del metal». Para la entidad andaluza, «la huelga es un ejercicio de derechos fundamentales absolutamente legítimo, más aún el contexto de una provincia con unas tasas de desempleo, exclusión y pobreza alarmantes».
Según declaraciones de representantes de APDHA, «es necesario garantizar puestos de trabajo para los vecinos y vecinas de la provincia, pero también es imprescindible que esos puestos de trabajo tengan salarios adecuados y condiciones laborales dignas y dentro de la legalidad». En opinión de la organización andaluza, «combatir la precariedad laboral es combatir la pobreza en una situación en la que, cada vez, hay más trabajadores y trabajadoras en situación de exclusión social por la eventualidad en el empleo y las condiciones laborales precarias». Por ello, consideran legítimas las reivindicaciones de los trabajadores del metal «que van más allá de su convenio y que suponen la defensa de un trabajo digno y del futuro de generaciones».
Por estas razones, APDHA se ha mostrado especialmente preocupada por la respuesta por parte del Gobierno del Estado español ya que, tal y como sostienen, «se trata de una reacción represiva a través de una dura y descontrolada actuación policial». Así, han sostenido que «las imágenes de las tanquetas recorriendo los barrios de nuestras localidades, barrios de trabajadores y trabajadoras, son impropias de la situación que vivimos». Sostienen que «el exceso policial no contribuye a facilitar el ejercicio de derechos, sino que busca una mayor confrontación y exaltar los ánimos ya suficientemente crispados en un conflicto que nos afecta desde hace décadas».
Por ello, la APDHA califica esta actuación por parte del Gobierno como «una muestra del autoritarismo propio del ministro del Interior, Grande-Marlaska, a la sazón diputado por Cádiz, que no tiene otra alternativa que la represión». En relación con el ministro del Interior, la organización apunta que «frente a los trabajadores y trabajadoras del metal en huelga o frente a la inmigración, Grande-Marlaska es un ministro impropio de un gobierno que se califica de progresista pero que, a la hora de la verdad, gestiona las situaciones únicamente con mano dura y con una absoluta falta de respeto a los derechos». Pero, aunque se focalice en Grande-Marlaska «el resto del Ejecutivo apenas ha mostrado interés o preocupación por las actuaciones policiales que se desarrollan en Cádiz. Es impropio de un Gobierno que se dice progresista».
Por otra parte, la APDHA ha denunciado en particular que «la actuación policial en la manifestación pacífica del día 23 fue absolutamente desproporcionada». Sostiene que en una situación tranquilidad y apoyo masivo de la ciudadanía al colectivo de los trabajadores del metal, «la utilización de botes de humo, gases lacrimógenos, la no identificación de los agentes y el lanzamiento de pelotas de goma es rechazable, especialmente cuando se muestran imágenes de palizas policiales a personas mayores indefensas». Desde la APDHA «nos preocupa el sesgo violento de las actuaciones policiales frente a unas movilizaciones y la tibieza frente a otras. Más aún cuando la realidad muestra una preocupante deriva ideológica en los mandos y fuerzas policiales».
Por todo ello, han exigido que «la Subdelegación del Gobierno y el Ministerio del Interior investiguen este tipo de actuaciones y que se depuren responsabilidades. Se trata de comprobar si estos excesos responden a las órdenes de los superiores o a una tendencia ideológica de los propios miembros de la policía». Además, la APDHA ha anunciado la interposición de una queja ante el Defensor del Pueblo Español por las actuaciones policiales y, especialmente, las relacionadas con la manifestación del día 23 de noviembre.
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