APDHA Huelva denuncia la dejación de funciones de las administraciones tras el último incendio en el asentamiento de Lepe

Imagen de un incendio anterior en Lepe. Foto: APDHA.

Lamenta la falta de soluciones ante el déficit de viviendas para la cantidad de personas que mueven las campañas agrícolas

Critica que con la pandemia se destinaron grandes cantidades de dinero público que en nada han paliado la insalubridad, precariedad y riesgo de las personas asentadas

Huelva, 4 de octubre de 2021.  Desde la Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hemos denunciado la “flagrante dejación de funciones” de las administraciones públicas, tras el incendio que el pasado sábado, a las 8 de la mañana, asoló uno de los asentamientos situados en la localidad de Lepe, en el que resultaron afectadas más de 50 chabolas.

“En este país existe una legislación que reconoce unos derechos a todas las personas, y más aún a las personas vulnerables y que viven en riesgo, pero al contrario de arbitrar una solución habitacional para estas personas, tienen que contemplar cómo los operarios municipales acuden raudos a derrumbar las chabolas afectadas, sin mirar lo que albergan de valor, especialmente sus papeles”.

En el incendio no se han registrado personas heridas pero, “no se ha visto por allí a los servicios sociales, recogiendo la situación en la que ha quedado cada una de las personas afectadas, no estaban esperando a los que aún no han vuelto de trabajar en los campos y que se van a encontrar un montón de tierra donde antes estaba su ‘hogar’, no han hecho recuento de qué ha perdido cada persona, cuáles son sus circunstancias de salud, de discapacidad…, no se ha hecho un censo de damnificados y necesidades como se hace en las emergencias”, lamentamos desde la asociación.

Más aún, los operarios de las excavadoras “han hecho su trabajo para minimizar las imágenes del desastre, eliminar de paso todas las chabolas posibles y desnivelar el terreno, dificultando la construcción de otras nuevas”.

Y es que, a nuestro juicio, las chabolas no son el problema, el problema es el déficit de viviendas para la cantidad de personas que se movilizan alrededor de las campañas agrícolas, en esta y en otras provincias, y las condiciones en que estas personas, trabajadoras, deben subsistir, mientras contribuyen en la producción de unos productos que generan una importante riqueza a la comunidad”.

Solo las asociaciones que dedican sus esfuerzos desde hace años a asistir a estas personas han contactado con ellas y les han llevado algo de comida, ropa y mantas, “llevándose para sí, mucha impotencia y preocupación al conocer, la falta de recursos disponibles y que muchas de esas personas van a pasar la noche o las noches próximas al raso”.

Desde que empezó la pandemia, “quedó aún más en evidencia la peligrosa situación de vida de las personas que viven en los asentamientos chabolistas, y para minimizarlos se destinaron importantes cantidades de dinero público que no han servido para construir ni un solo módulo de viviendas en ninguno de los municipios agrícolas, y que en nada han paliado la insalubridad, la precariedad y el riesgo en el que viven las personas asentadas, como de nuevo ha quedado patente con este incendio”.

El incendio viene a sumarse a las inundaciones de hace dos semanas, “después de un verano abrasador, de décadas de chabolismos y de cronicidad de los problemas sociales, de salud y habitaciones que tiene el colectivo de personas que allí habita”. Sin embargo, “no se ha visto allí ni al alcalde, ni a la presidenta de la Diputación, ni a la consejera de Políticas Sociales, ni a la ministra de Derechos Sociales, ni a sus representantes en la provincia de Huelva”. El Ayuntamiento de Lepe habla de su Plan de Erradicación del Chabolismo, “inconcreto e irresuelto, mientras las noticias hablan de que en el incendio no ha habido daños personales, físicos se entiende, porque hay personas que tras varios incendios ya han perdido la esperanza en sus vidas y la salud mental”.

Desde APDHA Huelva reclamamos “por dignidad, de estas personas y también nuestra”, una respuesta ante esta situación. “Los responsables políticos locales, provinciales, autonómicos y nacionales, cada uno debe asumir su competencia (o su incompetencia), dejar de mirar para otro lado y proceder a arbitrar medidas para que el derecho a la vivienda sea por fin una realidad”.

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