- Comunicado de la APDHA Huelva ante el incendio que ha arrasado con 65 Chabolas en un asentamiento de Palos de la Frontera este fin de semana.
La realidad de los asentamientos chabolistas de personas migrantes no es nueva. Los incendios no son nuevos. Las enfermedades, las muertes, sucedidas en otras ocasiones, no son nuevas tampoco, ¿hasta cuándo los lamentos y para cuándo las soluciones?
Desde el año 2001 parte del colectivo de temporeros, que también saca adelante la recolección de las fresas y frutos rojos en Huelva, malvive bajo plásticos de forma más o menos estable alrededor de los invernaderos de la provincia onubense. En 2014, Cáritas contabilizaba unas 1500 personas en esta situación. Aunque en un principio se trató de campamentos temporales, ahora son permanentes y carecen de todos los elementos básicos que permiten vivir con dignidad: luz, agua, materiales adecuados de construcción, alimentación, saneamientos, etc. La crisis, además, ha agudizado la situación. Aunque extranjeros, no dejan de ser personas (y trabajadores/as).
En 2001, la Junta de Andalucía llevó a cabo, con la colaboración de algunas organizaciones, un plan de emergencia que palió —pese a sus muchos límites— lo que podría haberse convertido en una catástrofe humanitaria. En febrero de 2014 se volvió a repetir una actuación de emergencia entre Ayuntamiento y asociaciones con el incendio sucedido en Lepe. Seguro que tras este nuevo incendio en Palos las administraciones, con la colaboración, de nuevo, del tejido asociativo lograrán quizás buenos resultados, pero ¿qué ocurrirá con el resto de personas asentadas? ¿Y con las personas que vengan para trabajar en la campaña agrícola 2015? Lo de 2001 y 2014 se trataba tan sólo de eso, de un parche de emergencia que ponía además de manifiesto la falta de infraestructuras y de atención a los inmigrantes temporeros en los diferentes pueblos freseros y que ahora, en 2015 volvemos a retratar.
La Delegación de Huelva de la APDHA lleva años denunciando y proponiendo soluciones para esta situación y estamos cansados de esperar respuestas válidas y reales por parte de las Administraciones Públicas, de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios, que se escudan en la falta de presupuesto o en que no se trata de sus competencias. De hecho, gran parte de las actuaciones de las administraciones públicas han ido destinadas a destruir los asentamientos en lugar de buscar soluciones.
La situación inhumana e indigna que viven diariamente miles de personas migrantes en Huelva no puede seguir tolerándose y, nuevamente, ante este escenario, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, reclama:
1. La implicación real de todas las administraciones (locales, provinciales, regionales y nacionales) buscando soluciones efectivas, duraderas, coordinadas e integrales.
2. La creación de una mesa intersectorial en la que la administración, los sindicatos, la patronal, las organizaciones sociales y los/as propios/as afectados/as se unan para buscar y aportan alternativas beneficiosas para todos/as.
3. La creación de un plan holístico que afronte esta grave situación desde una perspectiva amplia teniendo en cuenta todas las dificultades a las que esta población tiene que hacer frente (acceso al trabajo, vivienda, sanidad, inserción social, situación documental irregular etc.). Las administraciones serán las responsables de la puesta en marcha de este plan, diseñado y apoyado desde la mesa intersectorial. En este plan se incluirá la puesta en marcha de una red de recursos en todas las zonas agrícolas que permitan a los/as trabajadores/as temporeros/as no verse obligados a vivir en asentamientos que no disponen de ningún tipo de servicios mínimos.
4. Cese inmediato e incondicional de todos los desalojos. La evacuación de un asentamiento sin articular alternativas sólo provoca el desplazamiento de las personas que lo habitan que, además, pierden sus pocas pertenencias. Este traslado suele producirse a un lugar aún más remoto, mal comunicado y en peores condiciones, es necesario reconstruir los chozos y la situación de precariedad se acentúa y agrava.
5. Reforzar y establecer cauces sencillos para garantizar que estas personas puedan ejercer su derecho a la atención sanitaria (física y mental), derecho a la inserción laboral activa y real, derecho a un alojamiento digno y derecho a disfrutar de un servicio de orientación jurídico-legal.
6. Garantizar el empadronamiento de todas estas personas en las localidades en las que viven, tal y como establece la ley. No poder empadronarse dificulta el ejercicio de muchos otros derechos.
7. Hacer un seguimiento especial a los menores y ex menores tutelados por la Junta de Andalucía y establecer los mecanismos que garanticen su protección.
8. Crear un programa integral de trabajo con la población residente tradicionalmente en la zona y que incida en la sensibilización y concienciación social. Sólo así se podrá evitar la exclusión y criminalización de la población inmigrante y los peligrosos conatos de racismo que se están produciendo. Y con la población asentada, sensibilizando, mediando, trabajando con ellos otras opciones de vida fuera de la chabola.
Tras el desgraciado incidente sucedido en Palos, por segundo año consecutivo no queremos lamentos, exigimos actuaciones.
No esperemos a la próxima.
Huelva, 2 de febrero de 2015
