La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) lamenta enormemente el cese, gracias al acuerdo del PSOE, IU y PP, del Defensor del Pueblo Andaluz jos1é Chamizo. Consideramos que instituciones como ésta son esenciales para preservar el funcionamiento de la democracia y que, en el caso concreto de Andalucía, jos1é Chamizo ha ejercido su cargo con independencia y responsabilidad hacia la ciudadanía, defendiendo los derechos de los colectivos más vulnerables y sacando a la luz una realidad a menudo invisibilizada.
Destacamos su implicación, junto a nuestra asociación, en la defensa del reconocimiento de la participación política de los residentes extranjeros y en un concepto de ciudadanía inclusiva en el que tengan cabida las personas extranjeras, en el apoyo a las personas en situación documental irregular, en el intento de resolución de casos como el de la Corrala Utopía (aún en proceso) y en la defensa de la igualdad en la asistencia sanitaria de las personas presas o asistencia de los Servicios de Asistencia y Orientación Jurídico Penitenciaria (SOAJP), entre muchos otros.
Tras el cese de jos1é Chamizo se esconde un intento de descrédito a su persona y a la institución que representa por motivos que nada tienen que ver con su capacidad, eficiencia o trabajo, sino por intereses puramente políticos. La oficina del defensor debe continuar actuando con independencia política denunciando las situaciones injustas que tienen lugar en Andalucía y a las que la administración no está dando respuesta.
La APDHA reconoce el ingente trabajo llevado a cabo por jos1é Chamizo durante estos años, su disponibilidad para atender a los colectivos más desfavorecidos, su capacidad de escucha a las organizaciones sociales y su implicación en multitud de denuncias para las que, en ocasiones, se ha encontrado solución.
Por tanto, lamentamos enormemente que el Parlamento Andaluz haya decidido cesar a jos1é Chamizo y consideramos que no responde al sentir de la ciudadanía. Es por ello que pedimos que se revoque esta decisión y se mantenga al actual Defensor del Pueblo. Además, instamos a los parlamentarios a reforzar la Oficina del Defensor del Pueblo para dar respuesta a la población en los casos en los que la administración no cumpla su función y viole los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos y los derechos sociales.
Andalucía, 23 de mayo de 2013
