APDHA Málaga denuncia la detención de dudosa legalidad de personas migrantes en polideportivo José Paterna

 

  • La asociación ha interpuesto una queja ante el DPE por lo que considera una grave y sistemática vulneración de los derechos fundamentales.
  • A su vez, ha solicitado al DPE que realice una inspección de las instalaciones que se están habilitando como centros de detención temporales.

Polideportivo José Paterna de Málaga. Foto: APDHA.

 

 

Málaga, 19 de julio de 2018. En los últimos meses se están produciendo multitud de llegadas a las costas de Málaga de personas migrantes. Ante la ausencia de otro lugar donde alojarlas ayer se habilitó el polideportivo José Paterna con esa finalidad. Sin embargo, estas personas se encuentran privadas de libertad, ya que no pueden entrar y salir del polideportivo libremente. No es la primera vez que se priva de libertad de forma dudosamente legal en centros deportivos a personas migrantes llegadas a nuestras costas.

 

Ante esta situación, la delegación en Málaga de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo Español (DPE) en la que denuncia la grave y sistemática vulneración de derechos que está constatando en las últimas semanas en varias provincias andaluzas. A juicio de la asociación, la situación descrita supone una vulneración de los derechos fundamentales porque:

 

  • No se puede privar de libertad en instalaciones que no estén legalmente destinadas a esos fines.

 

  • El derecho al respeto a la vida, la integridad física y a la salud se está poniendo en peligro en los centros de detención que se están habilitando de forma extraordinaria (como pabellones de deportes). En relación con ello, tal y como también han denunciado también el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), brillan por su ausencia los planes de prevención de suicidios, de evitación de incidentes entre los propios internos o la ausencia de personal especializado para la resolución de conflictos.

 

  • El derecho a la asistencia médica y sanitaria se ve comprometido porque en muchas ocasiones no se cuenta con personal suficiente y, al mismo tiempo, porque se contraviene el mandato del artículo 14 del mismo Reglamento que hace recaer la atención sanitaria sobre un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración General del Estado. De este modo, se compromete especialmente la salud de los menores y las mujeres embarazadas.

 

Por lo expuesto, desde la asociación exigen la inmediata puesta en libertad de estas personas, y que se proceda a una atención jurídica y social adecuada de las mismas y que se garantice una adecuada atención a los y las menores que llegan a nuestras costas, tal y como garantiza la ley. Por último, la entidad ha solicitado en su queja formulada ante el DPE que realice una inspección en las instalaciones que se están habilitando como centros de detención temporales.

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