APDHA Málaga reclama una investigación del consumo de drogas en la cárcel de Archidona tras la muerte de un preso

  • Andalucía, comunidad autónoma que encabeza el número de muertes en prisión
  • El consumo de drogas es la segunda causa de fallecimiento en las cárceles
  • La asociación pide la transferencia urgente de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas

Málaga, 6 de septiembre de 2018.-La delegación de Málaga de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha reclamado, tras la muerte de un preso el pasado jueves en la cárcel de Archidona (Málaga II) supuestamente por sobredosis, una investigación sobre el tratamiento de sustancias cuyo consumo está prohibido o restringido por prescripción facultativa dentro de prisión, y ha exigido que se depuren responsabilidades por esta muerte.

La organización denuncia que, según los datos facilitados por el Gobierno, el año pasado fallecieron 147 internos en todo el Estado. De estos fallecimientos, 39 fueron en Andalucía, lo que la coloca como la comunidad con mayor índice de muertes de personas privadas de libertad. En la provincia de Málaga se produjeron siete muertes, seis en el Alhaurín de la Torre y una en el Centro de Inserción Social (CIS).

Además, según el Ministerio del Interior, desde 2006 y hasta finales del pasado año el consumo de algún tipo de droga estuvo detrás de 416 muertes en las prisiones del Estado, convirtiéndose en la segunda causa de fallecimiento en las cárceles.

Para la APDHA, “es lamentable que en un espacio de máxima seguridad donde las personas se encuentran bajo la custodia de la administración penitenciaria sigan produciéndose este tipo de muertes. Instituciones Penitenciarias está obligada a velar por la vida, la salud y la integridad de las personas presas, y a adoptar medidas para abordar sus causas e impedir que estas muertes evitables se produzcan”, critica la asociación.

Las principales razones de estas muertes, a juicio de la APDHA, son el estancamiento histórico de la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y la precarización de las condiciones laborales del personal sanitario. A este respecto, el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria en su último informe describe la situación de la sanidad en prisión como un “caos asistencial”; y la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias señala que “la falta de personal sanitario y las deficiencias en la implantación de un software de gestión sanitaria suponen un verdadero peligro para la vida de la población reclusa”.

Según del Gobierno en una respuesta parlamentaria el pasado 18 de diciembre, entre 2008 y 2017 se produjeron 123 bajas dentro del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, de las que solo se han cubierto 62.

Por otra parte, el sindicato CCOO ha solicitado a la Secretaría General “el refuerzo del personal de esta prisión como la potenciación del tratamiento con este perfil de internos, demandando a su vez, la implementación de programas de salud que eviten muertes en los centros penitenciarios españoles”. Reivindicación a la que APDHA se suma.

Además, la asociación recuerda que en la reunión que mantuvo el pasado 19 de julio con el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, este se comprometió a dar prioridad a la sanidad y al trabajo en prisión.

Ante esta situación, la APDHA insiste en la urgencia de la transferencia de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas y la dotación de personal sanitario suficiente para cubrir las necesidades de salud de toda la población penitenciaria.

Esta es la segunda muerte que se produce dentro de estas instalaciones en su corta vida útil. El centro fue utilizado por vez primera como Centro de Internamiento de Extranjeros, bajo una  legalidad cuestionada por esta asociación. En ese momento, fueron internados 572 migrantes que accedieron a la costa andaluza por mar. Durante el encierro, el día 28 de diciembre de 2017, murió dentro de la cárcel Mohamed Bouderbala, un argelino de 36 años de edad, cuya muerte está siendo investigada por orden de la Audiencia Provincial de Málaga.

 

Comments are closed