La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA considera que la exclusión de las personas en situación irregular de la atención sanitaria es moralmente intolerable, y condiciona la calidad democrática y los valores humanitarios de nuestra sociedad. Además, estima que esta reforma no va a tener un impacto significativo en la reducción del gasto, ya que las personas inmigrantes no son las responsables del déficit sanitario.
El próximo día 1 de septiembre entra en vigor el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril en el que, junto a otras medidas, se retira el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes que residan en España de manera irregular.
El conjunto de medidas que está tomando el gobierno, prácticamente desde su misma toma de posesión, supone un ataque en toda regla al conjunto de derechos sociales en este país y está teniendo ya un impacto terrible en los sectores más desfavorecidos y vulnerables de nuestra sociedad. Es indigno que estas medidas se estén tomando para salvar a la banca y garantizar los beneficios de todos los especuladores que se han enriquecido indecentemente y se siguen enriqueciendo a costa de la mayoría de la población.
Entre esos sectores más desprotegidos y vulnerables se encuentran precisamente las personas residentes en nuestro país que no tienen la documentación regularizada, que a partir de ahora se van ver excluidos de forma inhumana del derecho a la salud, violentando cualquier ética o solidaridad que debieran formar parte de sociedades llamadas democráticas.
Se trata de una medida que tiene un claro sesgo ideológico, cuando se han atrevido a decir que son las personas inmigrantes los responsables del déficit sanitario, cuando realmente todos los estudios y las estadísticas de las propias Comunidades Autónomas indican que los inmigrantes en general y en particular los indocumentados, hacen un uso de los servicios públicos sanitarios en un porcentaje muy inferior que los nacionales. Por ello no es un despropósito afirmar que se trata de una disposición que tiene un marcado carácter discriminatorio y segregacionista.
De hecho, esta exclusión totalmente inadmisible, atenta contra el principio de no discriminación que hasta ahora ha venido inspirando las políticas sanitarios, vulnerando el Derecho Humano a la Salud, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en nuestra Constitución y en los numerosos tratados internacionales firmados por España. De forma más específica el Art. 3 de la Ley 16/2003 de 28 de Mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, reconocía con claridad que el derecho a la salud es un Derecho Fundamental del que no se podía privar a ningún colectivo por “razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales.”
Esta filosofía discriminatoria no es sino reflejo del cambio de modelo del sistema de sanidad pública que quiere instaurar el Gobierno del PP, cuyos primeros pasos se dan en este Real Decreto-ley 16/2012. Porque efectivamente el derecho a la salud pasa de tener un carácter universal a tener un carácter retributivo; esto es, se concibe la atención sanitaria como una contraprestación a la que sólo van a tener inicialmente acceso aquellos que han cotizado a la Seguridad Social.
Pero ello es una falsedad en toda regla como tantas otras con las que quieren confundirnos en relación a los derechos con los que quieren acabar. Y es que actualmente son los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, y no las cotizaciones a la Seguridad Social, la fuente de financiación del Sistema de Salud, representando éstos más del 90% de sus recursos y estando incluida en la financiación general de cada CC.AA. Por tanto también las personas inmigrantes (a través de impuestos directos o indirectos) contribuyen al mantenimiento de la Sanidad.
Esta reforma, además de injusta y arbitraria, no va a tener un impacto significativo en la reducción del gasto sanitario. Primero porque se trata de un colectivo porcentualmente reducido; se calcula en unas 150.000 personas en toda España y entre 25 y 30.000 personas en Andalucía. Y, segundo, por la ya señalada reducida utilización del sistema por parte de los inmigrantes.
En cambio sí puede tener graves repercusiones negativas para el sistema, como una mayor saturación de los servicios de urgencia, y sobre todo para la salud pública, porque este tipo de medidas segregacionistas puede provocar que determinadas enfermedades infecciosas se propaguen a toda la población, al no ser tratadas ni controladas. Pero sobre todo padecerán las propias personas inmigrantes que sufrirán un agravamiento en su estado de salud por enfermedades fácilmente curables en su estadio inicial, o simplemente verán comprometida su supervivencia cuando estén afectados de enfermedades graves, crónicas o que requieran un tratamiento prolongado en el tiempo (diálisis, insulinoterapia, tratamientos oncológicos, retrovirales en caso de VIH…).
En la comunidad andaluza, tanto el Vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, como la Consejera de Salud, María Jesús Montero, han indicado que Andalucía va a garantizar el acceso a la salud por parte de las personas inmigrantes sin documentación. Sin embargo, a dos días de que entre en vigor el Decreto Ley, no se han dado instrucciones claras de cómo esto se va a llevar a cabo de forma efectiva. Muchos centros de salud han tenido que ponerse en contacto con sus Distritos Sanitarios, sin que éstos estén dando instrucciones precisas sobre cómo proceder. Ante esta situación, la APDHA aboga por que todos los usuarios puedan obtener la tarjeta sanitaria como hasta ahora, para que la atención que reciban no quede a merced de la persona que los atienda en el centro de salud.
Andalucía, 30 de agosto de 2012
