“Las administraciones deben estar a la altura de las necesidades reales de la población”
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) entendemos que el derecho al uso de una vivienda es un derecho humano fundamental, por lo que las Administraciones deben velar para su cumplimiento. Estamos viviendo una verdadera situación de Emergencia Habitacional en Andalucía: chabolismo (los tradicionales y los nuevos asentamientos), personas sin hogar, jóvenes que no pueden acceder a este bien básico, hacinamiento, infravivienda, desahucios continuados… En 2011, Andalucía fue la región donde se produjo el mayor número de ejecuciones hipotecarias, 16.313, y la segunda comunidad autónoma con mayor número de lanzamientos, un total de 9.864. En contraste con estos datos, en Andalucía se han estimado más de 500.000 viviendas vacías (informe de LDC 2011).
Ante esta situación insostenible entendemos que la Junta de Andalucía debe declarar el Estado de Emergencia habitacional y poder tomar medidas adecuadas y proporcionales al drama que estamos viviendo y que tantas personas están padeciendo de forma injusta.
La sociedad se está organizando de diferentes maneras para abordar esta situación de emergencia: presentando una ILP, parando desahucios, negociando colectivamente, realojándose en viviendas desocupadas, etc. El movimiento por el derecho a la vivienda, del que la APDHA forma parte, está haciendo un trabajo muy importante y necesario en la defensa efectiva del derecho a la vivienda.
La APDHA entiende que las personas no se pueden sentir en desamparo, en una lucha que entiende desigual, con unas leyes que defienden a una parte y dejan a su suerte a una mayoría de personas. La Declaración del Estado de Emergencia Habitacional es un paso necesario para la defensa activa del derecho a la vivienda y abrirá una posibilidad real de abordar una situación que es insostenible.
Estamos ante una situación de emergencia habitacional y por tanto las respuestas deben estar de acorde con esta situación:
1- Paralización de todos los desahucios y desalojos1 de primeras viviendas, acordando la permanencia en los domicilios en espera de una situación válida que garantice el derecho a la vivienda.
2- Erradicación de la infravivienda, satisfaciendo la necesidad de una vivienda digna.
3- Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado de las viviendas de propiedad privada que permanezcan desocupadas de manera habitual, para cederlas en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas de las entidades bancarias, así como expropiación de las viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de uso social.
4- Despenalización de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.
Y las respuestas deben darse hoy, poniendo al servicio de las personas las casas que están deshabitadas. Cada día que pasa es un día perdido para solucionar lo que aún es posible y que no se solventará mirando para otro lado o desalojando y desahuciando de espaldas a la sociedad.
Andalucía, 14 de marzo de 2013
