APDHA Sevilla denuncia las fronteras de muerte y exige vías seguras

Sevilla, 24 de octubre de 2018-. Desde la Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunciamos la muerte de tres personas, el pasado domingo, en su intento de saltar la valla que separa Melilla de Marruecos. Dos en el lado de Marruecos y la otra en territorio español. 209 consiguieron entrar de un grupo de unos 500 que intentó atravesar el perímetro fronterizo, entre los que ha habido 26 heridos según confirma la delegada del gobierno en Melilla. Desde la APDHA Sevilla mostramos una vez más nuestra repulsa a las políticas migratorias que ejercen nuestros gobiernos y la UE en los últimos años, que en lugar de ofrecer vías seguras a los que necesitan ejercer su derecho a emigrar les imponen fronteras de muerte.

Desde APDHA Sevilla entendemos que una sociedad democrática no debe tolerar estas situaciones. Tras la tragedia siempre surgen lamentos hipócritas de los mismos dirigentes responsables, que inmediatamente buscan otros culpables, como las mafias que, efectivamente se aprovechan de la necesidad imperiosa de estas personas, pero olvidan que es precisamente el cierre de fronteras, impuesto por ellos, lo que provocan y producen estas muertes y sufrimientos. Estas muertes son las víctimas de una Europa-fortaleza, enrocada hasta la ceguera, en conseguir su seguridad.

Es cuestión de justicia y la violación de la justicia exige reconocimiento y reparación. Por eso, desde nuestra asociación queremos acompañar en el dolor a las familias y amistades de los que han fallecido y señalar una vez más que tenían derecho a emigrar. Las vallas continúan produciendo violación de derechos humanos.

Además, hemos conocido que ayer  55 emigrantes han sido expulsados a Marruecos a toda prisa, sin tener, a nuestro entender y dada la premura de la acción, las garantías que cualquier procedimiento de devolución exige:

  • La identificación de cada persona, estableciendo los mecanismos necesarios para detectar la presencia de menores entre las personas recién llegadas.
  • La verificación de sus circunstancias personales, como causas de vulnerabilidad, estado de salud, etc.
  • La información, en un idioma que sea entendido por las personas recién llegadas, tanto sobre la posibilidad y procedimiento para solicitar protección internacional, como sobre el eventual procedimiento de devolución y los recursos disponibles contra la misma.

Desde la APDHA estamos seguros de que la rapidez no es siempre síntoma de eficacia cuando lo que está en juego son las vidas y el futuro de personas sujetos de derechos. “Se ha identificado a personas que apenas habían tenido asistencia médica” y “estaban con el shock y el nerviosismo del salto” según denuncia uno de los especialistas en extranjería que atendió de guardia a los emigrantes. Añade además que “cuando llegamos ya estaba preparada la propuesta de devolución y firmada la resolución de expulsión por la delegada del Gobierno”. Por los datos con que contamos, podemos afirmar que la devolución no se ha hecho de acuerdo a la ley.

Es por ello que denunciamos la clara violación de derechos de estas 55 personas y exigimos recursos suficientes de asistencia letrada (con tiempo para atender y entender la situación de cada una de las personas), intérpretes y vías efectivas de recurso contra la decisión de devolverlas.

Además, desde APDHA Sevilla afirmamos que la ley no puede ser contraria al derecho a la vida y si lo fuera, está justificada la desobediencia. Las personas que saltaron o intentaron a saltar la triple valla de 6 metros, fueron obligadas a salir de sus casas y su familia buscando salvar su vida. No salieron buscando una vida mejor sino que fueron obligados a emigrar. El África colonizada y esquilmada por los europeos, seguirá buscando las puertas por donde atravesar esas barreras de cuchillas, radares, inventos tecnológicos y fuerzas policiales que se lo impiden. Negarles la vida, además de ser ilegal, es delictivo. Es cuestión de justicia.

Para nuestra asociación es imprescindible un cambio de rumbo en las políticas migratorias de este gobierno y que se guíen por el respeto a los derechos humanos y la solidaridad.

 

 

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