La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ve con preocupación los ataques que en los últimos meses están sufriendo los órganos e instituciones de control de las administraciones públicas, en lo que parece una campaña bien orquestada para restarles credibilidad y finalmente eliminarlas o vaciarlas de contenido donde no es posible su supresión.
Los partidos políticos padecen en la actualidad un descrédito absoluto por parte de los ciudadanos, por gobernar en base a los dictados de los mercados y no bajo el mandato otorgado por el pueblo en las urnas.
En estos tiempos donde cada vez hay más población empobrecida y excluida en España, el que existan instituciones que defiendan los Derechos Humanos y especialmente la de los colectivos más vulnerables, molesta a muchos políticos y se convierte en un estorbo a la política de recortes de derechos sociales, laborales y civiles llevada a cabo por los gobiernos actuales.
Instituciones como la del Defensor del Pueblo Andaluz son importantes para preservar el funcionamiento de la democracia, aunque creemos importante ampliar sus funciones y autoridad, de manera que sea capaz de corregir o influir en la mala actuación de las administraciones cuando vulneran los derechos de los ciudadanos, los Derechos Humanos y los derechos sociales.
Para la APDHA, no es desvirtuar ni eliminar esta institución lo que necesitan los ciudadanos. Necesitamos órganos de control que puedan ser libres e independientes de la clase política y que no se muevan por consignas que nada tienen que ver con la defensa de los Derechos Humanos y derechos sociales vulnerados por los gobiernos.
Esta campaña, orquestada principalmente por el PP, pero facilitada por el silencio del PSOE, tiene por objetivo desacreditar la labor de jos1é Chamizo, y por ende de la institución que representa, en defensa de los más desfavorecidos en Andalucía, por motivos que nada tienen que ver con su capacidad, eficiencia o trabajo, sino por intereses políticos. Es una campaña para restar credibilidad e independencia a quien se atreve públicamente a cuestionar y denunciar la falta de diligencia, la ineficacia o la corrupción de la clase política. Y es, cuanto menos, digno de preocupación, por constituir un nuevo ataque a la democracia en nuestra comunidad autónoma.
Andalucía, 27 de septiembre de 2012
